Varias sentencias dictadas en los últimos meses ponen al descubierto la pestilente trama que ha existido en el ámbito de las telecomunicaciones. En primer lugar, parece una obviedad insistir aquí y ahora que las adjudicaciones de las licencias de televisión digital terrestre (TDT) por parte de algunos gobiernos autonómicos no se ajustan al interés general y sí al de los principales partidos.

De una irregularidad a otra. Si las administraciones autonómicas no han observado el rigor y la transparencia adecuadas en las concesiones, incumpliendo una vez más el principio constitucional de ‘todos iguales ante la ley’, sería de una extrema candidez pretender que las empresas beneficiadas no hayan tenido que actuar extramuros de la legalidad para adecuarse a la norma, al no contar en muchos casos con los medios ni las condiciones económicas exigidas.

En ese sentido, se han producido ofertas ilegales de ventas o arrendamientos de licencias, por cantidades que han alcanzado los 100.000 euros, de personas que afirmaban actuar en nombre de beneficiarios de esas concesiones y que luego demostraron no tener capacidad financiera para acometer los proyectos concedidos. Cada uno de ellos pagó 45.000 euros por la concesión en concepto de aval.

Los adjudicatarios reales se reservarían, además, entre un 5 y un 10 por ciento de la facturación publicitaria de la emisora y todos los derechos de propiedad intelectual de las imágenes e informaciones emitidas, con el objetivo de realizar un informativo autonómico. A los posibles compradores se les habría exigido la máxima confidencialidad, para lo que se fijó una indemnización de entre 50.000 y 60.000 euros si, por casualidad, el asunto terminaba siendo conocido y divulgado ante la administración o los medios de comunicación.

Conocidas estas irregularidades, que en Andalucía por ejemplo han sido trasladadas en sede parlamentaria, se apelará a los órganos judiciales para poner coto y depurar responsabilidades ante hechos que podrían ser observados como presuntos casos de prevaricación. Así, un grupo de empresarios excluidos de las concesiones y con muchos años de antigüedad en el campo audiovisual ha decidido contratar los servicios de un prestigioso equipo de abogados especializado en casos contra la administración para interponer una querella por presunta prevarización contra la ex directora general socialista de Comunicación Social de la Junta de Andalucía, Matilde Santiago Cossi. Los denunciantes señalan que los detalles de la querella serán dados a conocer en una rueda de prensa prevista el mismo día de su presentación ante el Tribunal Superior de Justicia en Andalucía. “Creemos que hay sustancia suficiente para que esta señorita del Puerto de Santa María tenga motivos de qué preocuparse en los próximos meses”, señaló a nuestra redacción uno de los empresarios afectados.

Nuestra fuente dice no tener dudas de que Matilde Santiago ha sido “el brazo ejecutor” puesto por el ex consejero de Vicepresidencia, Gaspar Zarrías, para proceder al reparto de canales a grupos informativos afines al PSOE. “Gaspar Zarrías eligió a una periodista mediocre y de perfil bajo, la nombró directora general con el único propósito de que le hiciera el trabajo sucio y pusiera rostro a una de las mayores cacicadas que se recuerdan en Andalucía. Una vez que se ha consumado la farsa, Matilde Santiago ha dejado de ser útil y ha sido sustituida por otro periodista afin al PSOE”, señaló.

Los méritos curriculares de la Matilda

En efecto, el raquitismo curricular de Matilde Santiago es inversamente proporcional a la importancia de un cargo como directora general de un gobierno autonómico. Y es que en Andalucía, los criterios de selección de altos cargos siguen más la estela de países como Guatemala que de sociedades que quieren ser competivas y se atienen a las reglas del meridaje y no del enchufismo político.

Antes de ponerse a ejecutar los designios de Gaspar Zarrías, cerrando empresas y dejando en la calle a cientos de trabajadores, Matilde Santiago había sido gacetillera del Diario de Cádiz (sic), que vendría a ser al New York Times lo que Belén Esteban a Marie Curie, para luego pasar a desempeñar el puesto de jefa de prensa del delegado de Urbanismo de la Junta en Cádiz. Con semejante curriculum, en Andalucía pueden preniarte con una Dirección General, a cambio eso sí de que sirvas al amo de la finca con el mismo fervor del converso a la socaliña y la mamandurria. Que alguien tan mediocre como Matilde Santiago haya tenido en sus manos el porvenir de decenas de empresas ya nos dice bastante del grado de putrefacción política que se vive en los predios controlados por Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y José Antonio Griñán.

El PP en Andalucía ha abundado en esta cuestión y explica, por ejemplo, el caso de Prisa. Este grupo, que fue concesionario de una licencia de TDT regional y de varias locales, terminó desestimando su proyecto inicial. El pasado septiembre de 2009, la Junta de Andalucía aceptó la solicitud de Prisa y rescindió de mutuo acuerdo la concesión del canal autonómico de TDT que le otorgó en marzo de 2007. Al ser de mutuo acuerdo, qué suerte, la empresa recuperó el aval que había depositado. Lo mismo se ha estado gestionando para el grupo de licencias de TDT privadas de ámbito local que obtuvo en el concurso de la Junta en 2008. Eso sí, tras haber conseguido que tales licencias no fueran destinadas a personas o grupos afines al PP, a IU o al PA.

En Andalucía se da además el caso paradójico de que algunas de las empresas audiovisuales más solventes y con un mayor número de trabajadores en nómina han sido excluidas del reparto al no existir vinculación política entre esas empresas y el partido que mal gobierna a los andaluces.

Todo este execrable asunto de las concesiones de licencias televisivas demuestra que a los partidos tradicionales les trae al pairo el interés de los ciudadanos y que sólo buscan su perpetuación al frente de las instituciones con la mascarada de la libertad informativa, que no es otra cosa que la libertad de unos cuantos para que la información esté al servicio de los enjuagues electorales y de los espurios intereses económicos de quienes dicen representarnos.