A pocos debería sorprender que fueran los Tribunales los que, aplicando la lógica elemental, trataran de poner orden en el desquiciamiento autonómico y en las ambiciones taifales de los reyezuelos territoriales (en la prosa oficial los pomposos barones autonómicos del PP y del PSOE).

Desde hace tiempo tienen todos ellos una sonora trifulca organizada, cual si fueran remedo de los enfrentamientos de las viejas películas del oeste americano, por el tema del agua y el control de los ríos. Los ilectos e ignorantes caciques autonómicos han pretendido, movidos por su ambición y por la necesidad de crear falsos elementos identitarios autonómicos, borrar del mapa la distribución de la gestión del agua a través de las Cuencas afectados por una grave miopía aldeana.

Convertir el río en propiedad de la Autonomía, como signo de su identidad y de su poder, de afirmación frente al otro, de creación del enemigo que pretende robar el agua, lo único que revela es la acusada enfermedad psicopatológica que aqueja a la mayor parte de los barones autonómicos. Todos ellos han creído encontrar en la redacción de los nuevos estatutos de autonomía la vía perfecta para satisfacer sus ambiciones, aunque para ello hayan tenido que ir contra la lógica de la naturaleza y contra la racionalidad económica. Ahora los Tribunales sentencian que una Comunidad no tiene capacidad para legislar sobre un río, que una Comunidad no puede convertirse en dueña y señora de una Cuenca Hidrográfica. Entre otras razones porque ocupa varias Comunidades y hasta países.

Ahora lo que toca es asumir el dictamen de los Tribunales y refirmar, frente a las ambiciones aldeanas de los reyezuelos, la validez del sistema de Cuencas y la adscripción de las competencias en materia de aguas referente a ello al Estado en exclusividad, cerrando la puerta a cualquier juego de tahúres, a cualquier trampa en el solitario, tan habitual en el lenguaje político de unos y de otros, realizada recurriendo a las socorridas competencias compartidas o gestiones cedidas. Es necesaria, si se quiere ser eficaz, una gestión integrada y global frente al modelo desintegrador y fraccionado que proponen Autonomías como Castilla-La Mancha, Andalucía o, incluso, de un modo u otro, Aragón.

No es sólo una cuestión de mejor gestión de los recursos, es un elemento más de la necesaria cohesión nacional que las Autonomías, de unos y de otros, por su propia definición contribuyen a disolver o a volatilizar. Menos mal que una sentencia ha venido a confirmar algo que todos sabíamos: que los ríos no son de las Autonomías.

*Francisco Torres es catedrático y portavoz de Alternativa Española (AES).