El interventor del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Castro, ha declarado hoy en el juicio por el ‘caso Malaya’ que siempre puso reparos a que la tasación de los terrenos y la determinación de los aprovechamientos que correspondían al municipio en los convenios suscritos con particulares fueran realizadas por técnicos privados. En el convenio de ‘Crucero Banús’ al igual que en otros desde el año 2000 al 2003, el funcionario ha dicho que “requirí a los servicios técnicos municipales para que informaran sobre estos aspectos, que siempre venían realizados por técnicos privados, nunca por funcionarios municipales, pero estos reparos no fueron atendidos”.

“No es que esto fuera materia reservada al funcionario municipal, porque los privados lo podían realizar, pero aquí no se trataba de la simple valoración de un bien, sino algo más complicado y amplio, que afectaba al Ayuntamiento, que tenía que ver con los derechos urbanísticos que podían surgir”.

No tenía validez

Castro ha asegurado que estos requerimientos de informes realizados por funcionarios municipales nunca fueron cumplidos, por lo que entiende que los reparos no fueron subsanados. Así, ha manifestado que en el caso del convenio ‘Crucero Banús’ el acuerdo de la comisión de gobierno quedó “en suspenso” porque estaba condicionado a la emisión del informe de los técnicos municipales que el mismo requirió y que no se llegó a realizar, por lo tanto “carecía de ejecutividad”, es decir, no tenía validez.

A preguntas de la abogada de Juan Antonio Roca, el interventor municipal ha declarado que la única persona en el Ayuntamiento que tenía disposición de los caudales públicos era el alcalde (Jesús Gil) y que, en su opinión, el Consistorio marbellí “no ha resultado perjudicado” por el convenio urbanístico de ‘Crucero Banús’, cuya licencia de obras fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, porque “no existe edificación de ninguna clase”.