Dolores Vázquez ha iniciado una nueva batalla en su larga lucha por ser resarcida del error que le llevó a la cárcel por el crimen de Rocío Wanninkhof, ocurrido en octubre de 1999 en Mijas. Vázquez ha presentado en la Audiencia Nacional una demanda contra el Estado por negarle la indemnización de cuatro millones de euros que solicitó hace cinco años.

Inicialmente, el Ministerio de Justicia propuso indemnizarla con 120.000 euros por el daño ocasionado tras sufrir 17 meses en prisión, pero después los informes emitidos por el Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio del Interior, contrarios ambos a reconocer al error cometido con ella, han dado un giro de 180 grados al asunto que ha concluido con un rechazo de la solicitud. Paradójicamente, será ahora un tribunal de justicia -la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional- el que decida si el Estado debe de indemnizar a Dolores Vázquez por culparla de un crimen que no cometió.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces que estudió la reclamación, acordó por unanimidad en 2007 que no se produjo un anormal funcionamiento de la justicia. El CGPJ echó la pelota al Ministerio del Interior y se apoyó, precisamente, en una afirmación que se recoge en la propia reclamación de Vázquez, en el sentido de que con la existencia de una base de datos común para todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad habría sido posible identificar al autor del crimen de Mijas (Tony King).

Partiendo de esta última afirmación de la reclamante, el CGPJ entendió que ello no podía ser imputado a la Administración de Justicia ya que las bases de datos, su carácter, naturaleza, regulación y articulación pertenecen al Ministerio del Interior.

Posteriormente, se pronunció el Ministerio del Interior que tampoco reconoció error. Es más argumentó que la detención de Dolores Vázquez estaba justificada en base a las sospechas que, en opinión de los investigadores, apuntaban en aquel momento a ella como la autora del homicidio.

Sus abogados argumentaron la elevada indemnización reclamada por el «enorme» perjuicio moral y los daños psicológicos ocasionados a Vázquez por su incriminación en el ‘caso Wannikhof’.