El anuncio de José Luis Rodríguez Zapatero el pasado viernes en Bruselas sobre la determinación de su Gobierno de elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años supone, de hecho, la ruptura del Pacto de Toledo; un acuerdo suscrito en 1995 para sacar del debate electoral las sucesivas reformas de las pensiones, que se han realizado desde entonces con un muy elevado grado de consenso político. Las negociaciones desarrolladas en los últimos meses entre sus miembros no han permitido en este caso, hasta el punto de que se ha constatado, y se va a poner por escrito, el desacuerdo con esa medida.

Sin embargo, uno de los puntos del documento que están aún redactando los integrantes del órgano parlamentario establece la existencia de un acuerdo general en torno a la necesidad de que los trabajadores se mantengan más tiempo en el mercado laboral, lo que en otras palabras es retrasar la edad de retiro. Pero solo existe consenso en hacerlo por dos vías: la mejora de los incentivos para seguir en el tajo de una manera voluntaria después de los 65 años, y la supresión de las facilidades que existen en la actualidad para abandonar el mercado laboral y cobrar una pensión pública antes de cumplir esa edad.

En este complejo debate se han manejado diversos criterios e ideas que han puesto sobre el tapete la complejidad ideológica del problema. Por ejemplo, se ha argumentado desde el PSOE que los incentivos para trabajar más allá de los 65 van a beneficiar sobre todo a las personas que tienen empleos más cómodos y mejor retribuidos, con lo que al final se estaría aportando dinero público a quien menos lo necesita. Establecer la obligatoriedad de los 67 años, con las excepciones y flexibilidad pertinentes, sería lo más equitativo, a juicio de los socialistas. Esa es la línea en la que se ha pronunciado el presidente del Gobierno.

El retraso de la edad de jubilación se ha convertido en la medida estrella de una reforma que contempla otras modificaciones legales; cambios que, en su conjunto, tendrán el efecto de reducir el gasto. En tan espinosa cuestión, reforma siempre ha sido sinónimo de recorte. Se trata de un proceso que iba con retraso sobre el calendario previsto y que el Ejecutivo ha acelerado ante las presiones de la Unión Europea y los mercados de capitales.

Necesidad de la reforma. Todos de acuerdo

Que la reforma de las pensiones es imprescindible es algo en lo que prácticamente todos los sectores sociales están de acuerdo. Los problemas vienen cuando se plantean las medidas concretas para garantizar su viabilidad a partir de la próxima década de los años 20. Hay razones demográficas que hacen indispensable abordar cambios en el sistema; dentro de pocos años comenzarán a jubilarse las generaciones del ‘baby boom’ de la postguerra, lo que supondrá que frente a los 8,7 millones de pensiones actuales se alcanzarán los 12,5 millones en 2030 y los 15,3 millones en 2040.

Otra razón es la esperanza de vida, que crece sin parar. Situada en la actualidad en casi 20 años para los que cumplen los 65, las estimaciones más conservadoras la llevan hasta los 22,4 años en 2040. Eso quiere decir más tiempo cobrando la pensión y más gasto para los mismos años cotizados si esta variable no se modifica.

Y determinante en las razones de algunos contenidos de esta reforma y de que el Gobierno presente el retiro a los 67 años como algo irrenunciable es la presión de los mercados, que para seguir prestando dinero al Reino de España -este año se ha emitido deuda por más de 200.000 millones de euros- exigen reformas de semejante calado. En estos momentos, la alternativa a no hacerlo es pagar más caras las nuevas emisiones, hasta casi dos puntos por encima de lo que se ha hecho en los últimos años; y eso, a medio plazo, tendría un coste económico muy elevado.

Los 67 años. Una cifra mitificada

Alargar la edad de jubilación a los 67 años se ha convertido en el paradigma del ajuste en materia de pensiones. Hay países que ya han adoptado esa decisión -Alemania, Reino Unido, Suecia o Dinamarca- y todo indica que es la cifra que exigen a Zapatero las instituciones internacionales. Sin embargo, pese a que parece ser un guarismo mágico si se quiere aliviar presiones, existen otras fórmulas para elevar la edad de retiro. Por ejemplo, se ha barajado exigir más años cotizados, lo que inevitablemente llevará a la larga a retirarse más tarde. También pueden adoptarse otras medidas para alargar la permanencia en el mercado laboral de forma voluntaria, o alternativas de ahorro para evitar tener que recurrir a esa medida. Incluso, iniciativas para elevar los ingresos del sistema.

Los problemas. El peor momento para trabajar

Aunque el proyecto del Gobierno, según lo desvelado el viernes por Zapatero, apunta a que en las ocupaciones más penosas no se tenga que llegar a los 67 años en el mercado laboral, la decisión tendrá indefectiblemente consecuencias sobre la cuantía de las prestaciones. Es un hecho que en la recta final de la vida laboral las carreras de cotización son menos regulares. A los parados que a esa edad perciben el subsidio por desempleo -que son legión- solo se les considera lo cotizado por la base mínima; en otras casos, los empleos para las personas con poca estabilidad laboral tienen niveles salariales muy bajos. Ello supondrá, según algunos estudios, un tijeretazo del 20% o el 30% en muchas pensiones.

Por otro lado, alargar la vida laboral cuando existe un nivel de paro elevado y cuando los jóvenes no tienen ocupación es desviar el empleo de una generación a otra, con consecuencias nefastas para la productividad. Además, la salud a edades avanzadas es más delicada, lo que se traducirá en más bajas laborales por enfermedad y en importantes aumentos de los casos de invalidez.

Jubilación anticipada. Se acabó lo que se daba

Todo parece indicar que los casos de jubilación anticipada a cargo de la Seguridad Social tienen muy poco futuro. Y en ello están de acuerdo todos los grupos políticos presentes en la fracasada comisión del Pacto de Toledo. Las dos principales vías para retirarse antes de los 65 son la jubilación parcial por contrato de relevo y la jubilación anticipada para los mayores de 61 años en paro. También está aún en vigor, pero cada vez con menos casos, el retiro anticipado a partir de los 60 para los que cotizaron a las mutualidades antes de 1967. Todos estas vías, junto con la de los colectivos de trabajos especialmente penosos y peligrosos que pueden retirarse con antelación, suman al año en torno a cien mil personas, más de un tercio de todas las jubilaciones. Ello ha llevado a que la edad media de salida del mercado laboral sea de 62,6 años -medida con criterios europeos- según aseguró Zapatero, aunque la cifra manejada por el Ministerio de

Trabajo es de 63,74 años

Pese a que el retiro anticipado habitual no tiene coste para la Seguridad Social debido a las penalizaciones fortísimas que se aplican -entre el 6% y el 8% de la prestación por año que falte para los 65, en función del tiempo cotizado-, el que se produce por medio de un contrato de relevo, que permite conservar íntegra al pensión al cumplir los 65 años, cuesta en torno a 120.000 euros por persona a la Seguridad Social. Cada año han sido decenas de miles de trabajadores los que han dejado la vida activa por esta vía, que se ha endurecido en la última reforma laboral.

Profesiones penosas y de riesgo. Mineros, toreros, ferroviarios…

Tradicionalmente han sido los mineros del carbón los que han tenido mayor facilidad para jubilarse anticipadamente con todos sus derechos íntegros: en el caso de los picadores, se les llega a rebajar hasta medio año de la edad de 65 por cada ejercicio completo que hayan cotizado. Esto ha supuesto que en algunos casos hayan podido abandonar el mercado laboral antes de los 50 años.

Además, hay otras ocupaciones que tienen reconocidos diferentes coeficientes que rebajan la edad de retiro, como las de personal de vuelo, ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos o miembros de la policía -en este caso no se trata de un privilegio, dado que de esa ventaja disfrutan también los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que no están adscritos a la Seguridad Social.

El Gobierno, en su propuesta de reforma de enero pasado, planteó la conveniencia de fijar una edad mínima para poder acceder a esta modalidad de jubilación anticipada -a los 55 años-, con el añadido de que se incrementarían sus cotizaciones a la Seguridad Social a lo largo de toda la vida laboral.