El tribunal que enjuicia el “caso Malaya” contra la corrupción en Marbella ha desestimado todas las cuestiones previas propuestas por las defensas en este sumario, entre ellas la nulidad de las escuchas telefónicas, registros y detenciones, así como la ruptura de la cadena de custodia de pruebas. En el auto, al que ha tenido acceso Efe, la Sala expresa su competencia para enjuiciar el proceso, aunque deja la puerta abierta a la interposición de un recurso de queja ante el Tribunal Supremo respecto a la denegación de competencia de la Audiencia Nacional y el Tribunal de Jurado sobre esta causa.

Para rechazar las cuestiones previas, el tribunal se reafirma en el criterio reflejado en las resoluciones de los recursos de apelación interpuestos contra los autos de procesamiento.

Así, mantiene que es consciente de un lado de la gravedad de los delitos imputados y la trascendencia económica que, de acreditarse, hubieran ocasionado en la sociedad de Marbella, y de otro lado, del perjuicio que estos procesos producen en la fama, profesión y patrimonio de los imputados, por lo que comparte con las defensas la necesidad de evitar la “pena de banquillo”.

No obstante, alude a la complejidad de la causa, el entramado societario y las relaciones profesionales, económicas, jerárquicas y familiares para justificar la imposibilidad de pronunciarse sobre estas cuestiones con “suficiente conocimiento de causa”.

Por ello, reitera la necesidad de que se celebre el plenario para poder emitir un juicio sobre la supuesta participación de los procesados en los hechos y sobre su hipotética responsabilidad penal.

Aunque el tribunal desestima todas las cuestiones previas formuladas por los letrados, especifica que considera “razonable” la solicitud planteada por la defensa de Montserrat Corulla -presunta testaferro de Juan Antonio Roca- de que se excluyan de la causa unos folios que recogen conversaciones privadas y que no tienen utilidad alguna para los hechos investigados.

Argumenta la Sala que “tras un detenido examen” de los folios relacionados, acuerda excluir los que contienen conversaciones exclusivamente privadas, y se mantienen “otros que comparten cuestiones privadas con otras profesionales de mayor relevancia”.

En cuanto al acrónimo “JAG”, que supuestamente corresponde a las iniciales de una persona que habría recibido distintas cantidades de dinero de Roca, la Sala señala que no puede considerarse como cuestión previa y que “no tiene formada opinión” sobre este asunto y “entiende, prudentemente, que tiene que esperar a ver la evolución del juicio oral”, antes de pronunciarse sobre la misma.

El juicio del “caso Malaya” se reanudará el próximo lunes en la Ciudad de la Justicia de Málaga con el bloque de blanqueo de capitales, en el que está prevista la declaración del presunto cerebro de la trama, el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca.

En este procedimiento, que supuso en 2006 la disolución del Consistorio marbellí, hay imputados ex alcaldes y concejales, abogados y empresarios que han estado vinculados a los sectores de la construcción, los toros o el fútbol.