Según la agencia EFE, cuatro ex directivos de El Monte (ahora Cajasol) han sido imputados en una pieza separada del “caso Malaya” contra la corrupción urbanística que sigue abierta en los Juzgados de Marbella (Málaga), por la concesión de un préstamo de 7,8 millones de euros a una empresa inmobiliaria.

Los imputados son el ex gerente de El Monte Fernando Faces García, el ex director general Juan Pedro Alvarez Jiménez, el ex director general adjunto Alberto Alonso Lobo y el ex secretario de la caja sevillana José Manuel S.(que debe ser José Manuel Giménez Fernández), que concedieron un préstamo a una de las empresas inmobiliarias investigadas en la trama conociendo, presuntamente, su destino ilícito para blanquear dinero.

Estos directivos están citados como imputados el próximo 13 de diciembre ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, Ricardo Puyol, que instruye esta rama desgajada de la causa principal por presunta corrupción urbanística. La operación se firmó en 1999 y se devolvió en su integridad, por lo que la defensa de los directivos sostiene que no causó ningún perjuicio a la entidad bancaria y, además, el presunto delito está prescrito por haberse cometido hace once años.

Pero lo sorprendente de algunas coincidencias es que Cajasol, presidida por el socialista Antonio Pulido, paga una renta vitalicia a cuatro ex directivos de El Monte que son, precisamente, Juan Pedro Álvarez Giménez (director general) Fernando Faces García (director general gerente, ya jubilado), Alberto Alonso Lobo (director general adjunto) y José Manuel Giménez Fernández (secretario general), disfrutan de esa renta vitalicia pese a no prestar servicios a la caja. El contrato, además, les permitía capitalizar la citada renta a voluntad, así como que la entidad de ahorro debería constituir una póliza de seguro colectivo de prestación a favor de esos cuatro directivos para asegurar la percepción y sin imputación fiscal para los beneficiarios, póliza que además recogería que en caso de fallecimiento del empleado en activo, sus beneficiarios recibirían las prestaciones previstas. Estos hechos fueron denunciados por El País.

Estas asignaciones asombrosas están incluidas en la adenda incluida en el Acuerdo de Previsión Social Complementaria de diciembre de 2000 y avalada por el comité de empresa representado por Comisiones Obreras. En el escrto se le llama “la percepción, con carácter vitalicio, de una renta anual revisable, cuyo importe coincidirá con el último salario anual como activo más las revisiones anuales correspondientes”.

El País tiene gran interés en destacar que quien presidía la Caja en el momento de los hechos era Isidiro Beneroso, uno de los presidentes perseguidos por Manuel Chaves en el caso de la Caja Única que, como todos saben, ha terminado con las cajas andaluzas bien hundidas, bien dispersas. Pero no tiene mucho interés en conocer por qué Antonio Pulido, actual presidente de Cajasol, sigue abonando tales percepciones. Tampoco parece querer saber por qué Griñán, hasta 2009 consejero de Economía y Hacienda y responsable de las inspecciones de la Junta, guardó silencio sobre el particular.