Dos de las principales formaciones políticas marroquíes han instado al Gobierno de su país a que envíe el expediente de las ciudades autónomas españolas de Ceuta y Melilla a la Cuarta Comisión de la ONU, encargada de los procesos de descolonización en el mundo.

En una resolución adoptada por la Cámara de Consejeros (Cámara Alta), las fuerzas parlamentarias en su conjunto han pedido al pueblo marroquí que «movilice a sus fuerzas para la defensa de las causas sagradas de la naciones, especialmente la unidad territorial».

Según la agencia oficial MAP, el representante del grupo parlamentario de la Agrupación Constitucional Unificada (mayoritario en el Parlamento), Driss Radi, ha solicitado al Ejecutivo «enviar el dossier de Ceuta, Melilla y los otros presidios ocupados a la Cuarta Comisión de la ONU».

Asimismo, ha reclamado que se organicen «comisiones de audición para las víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos por el Estado español en su guerra colonial contra el pueblo marroquí, tanto en el norte como en el sur del reino». Radi también ha pedido a Rabat que comience a imponer el visado obligatorio a los ciudadanos españoles para entrar en Marruecos, en virtud del principio de reciprocidad.

A la petición de llevar Ceuta y Melilla ante la Cuarta Comisión -que ahora mismo es competente, por ejemplo, sobre el caso del Sahara Occidental- se ha sumado también, según la MAP, el Partido Autenticidad y Modernidad, considerado próximo al Palacio Real. El presidente del grupo del PAM, Abdelhakim Benchemach, ha reclamado en este sentido una investigación internacional sobre los «crímenes contra la Humanidad» supuestamente cometidos por el Estado español durante el período del protectorado en el norte del país.

Intereses supremos

En su resolución, la Cámara de Consejeros reclama al pueblo marroquí que se movilice detrás del rey Mohamed VI para defender los intereses supremos y las causas sagradas del país, particularmente la integridad territorial de la nación. Asimismo, los legisladores exhortan al Ejecutivo a «revisar y tomar todas las medidas y medios susceptibles de defender los intereses y la integridad territorial del país» con el objeto de defender «la edificación de una sociedad democrática moderna en tanto que factor de seguridad estabilidad en el sur del Mediterráneo».

Este texto se suma al que ayer aprobó la Cámara de Representantes (Cámara Baja) en el que se pedía al Gobierno a «revisar el conjunto de las relaciones de Marruecos con España», así como a reabrir el expediente de Ceuta y Melilla. Ambos textos responden a la moción aprobada el viernes en el Parlamento español en la que se condenaba la violencia en el desmantelamiento del campamento saharaui de Gdaim Izik, sin mencionar a Marruecos.