Han sido 61 los empresarios, algunos muy importantes en la economía española y no pocos afines al PSOE, los que remitieron al Rey un informe vía Fundación Everis. César Alierta (Telefónica), Antonio Brufau (Repsol), Juan María Nin (La Caixa), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Juan Roig (Mercadona), Antonio Vázquez (Iberia), Ángel Cano (BBVA), Alfredo Sáenz (Banco Santander), Baldomero Falcones (FCC), Pablo Isla (Inditex), Borja Prado (Endesa), Francisco Román (Vodafone), Juan Abelló (Torreal), Felipe Benjumea (Abengoa), José Manuel Entrecanales (Acciona), Luis Atienza (Red Eléctrica), Antonio Catalán (AC-Hoteles), Antonio Zabalza (Ercross) y Teófilo Serrano (Renfe), Ignacio Polanco (Grupo Prisa), Diego del Alcázar (Vocento), Carmen Iglesias (UNEDISA) y José Manuel Lara (Grupo Planeta y Antena 3). El documento está respaldado por Manuel Conthe, Claudio Boada, José María Fidalgo(ex secretario general de CC.OO.), Juan Iranzo, Emilio Ontiveros, Jaime Montalvo, Juan Antonio Sagardoy, José Ángel Sánchez Asiain, José Ignacio Goirigolzarri y Pedro Luis Iriarte. Lo cuenta El Confidencial.

El documento se titula “Transforma España”, empezó a ser elaborado en el mes de marzo, en el seno de la Fundación Everis, sobre todo a partir de los encuentros de su presidente, Eduardo Serra, con los cien líderes económicos que la integran. Eduardo Serra ha sido ministro de Defensa con el PSOE y con el PP, ha tenido muy buenas relaciones con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y en los últimos años ha representado intereses de industrias de armamento. Mantiene una buena relación con don Juan Carlos.

Según fuentes de Everis, la dimensión y gravedad del análisis que se iba construyendo a lo largo de estos meses era tal, lo mismo que el nivel de las personalidades que lo avalaban, que se tomó la decisión de elevar ese informe al rey pero el  documento no se envió al Palacio de La Moncloa.La audiencia con don Juan Carlos se celebró el 15 de noviembre. La delegación estuvo formada por Eduardo Serra, José María Fidalgo y Eduardo Punset. La impresión que recibieron fue que el rey ya conocía el contenido del dictamen previamente enviado, y que su opinión era que lo que contenía “era necesario”.

Estas son algunas de las conclusiones que se reflejan:

-En España no existe separación de poderes, los políticos controlan el poder judicial. No hay una verdadera democracia. Los políticos no dan la talla

-Cuanto más complicados son los problemas que ha de afrontar el país, menor es la capacitación de quienes tienen el poder. Aplicable al presidente del Gobierno, pero también a la oposición. Líderes mediocres.

-El sistema educativo es tercermundista.

-La sociedad española tiende a la sumisión, se somete a cualquier demogogo indocumentado.

-El indicador “valor-país” (competitividad, sostenibilidad, influencia, bienestar, calidad de gobierno y economía) creció entre 1997 y 2007. A partir de 2007 se ha producido una fuerte caída, y en 2009 bajó a niveles de 1997: diez años perdidos en sólo dos. Para 2020 esa magnitud será la mitad que en 2009.

-Si las cosas se hubieran hecho correctamente, el valor-país sería seis veces mayor. Se ha llegado a una España poco atractiva, que ha perdido posiciones en todos los indicadores.

-Necesidad de un cambio de sistema electoral, para evitar la dictadura de la partitocracia que suponen las listas cerradas y bloqueadas. Ir a un sistema de elección más directa. Un sistema proporcional que corrija el excesivo poder que tiene las minorías nacionalistas.

-Clarificar el modelo autonómico, acabar con la duplicidad de administraciones. Inmanejable un Estado con diecisiete comunidades, más de 8.000 ayuntamientos (en su inmensa mayoría, menores de 50.000 habitantes), diputaciones, cabildos… Y 4.000 empresas públicas donde domina el oscurantismo en sus cuentas.

-El Estado carece de instrumentos de control y corrección, no sabe lo que gastan las autonomías ni cómo.

-Hace falta consenso entre los partidos en: educación, ciencia y energía. Que sean pactos estables y de largo plazo. Pero la evolución en España tiende a lo contrario.

-Pérdida de confianza en el Tribunal Constitucional y en el funcionamiento de la justicia.

-España pierde posiciones en todos los indicadores, la situación es peligrosa y preocupante para el futuro de los españoles y para la posición de España en el mundo.

La visión de Roberto Centeno

Sobre este asunto y dada su importancia, reproducimos el artículo firmado por Roberto Centeno en la web ‘Las clases medias’: “Resulta asombroso y profundamente deprimente que un manifiesto entregado el lunes al Rey, un auténtico S.O.S firmado por los 61 primeros empresarios y banqueros del país, representativos de más del 90% del Ibex en valor, y de los grandes que están fuera, Santander, BBVA, La Caixa, Telefónica, Repsol, Inditex, Cepsa, Endesa, Iberdrola, Mercadona, Vodafone, Iberia, RENFE, Ford, FCC, etc, y que constituye una enmienda a la totalidad del actual sistema político, donde se exigen cambios radicales de la ley electoral, del sistema educativo, del sistema judicial, del modelo de estado y varias cosas más, algo que jamás ha sucedido en el mundo democrático, haya tenido tan escaso eco mediático, y en la práctica pasado desapercibido.

Si a los españoles en general, y a los medios en particular, les importa un pimiento que los líderes empresariales y financieros del país expliquen que España no es una verdadera democracia, que no existe separación de poderes porque el político controla el judicial, que los políticos no dan la talla, y que cuanto más complejos y difíciles son los problemas a resolver, menor es la preparación y los conocimientos de quienes están llamados a resolverlos, que tenemos un modelo de estado insostenible, un sistema educativo tercermundista, y además esta denuncia de las personas mejor informadas del país no tiene prácticamente eco alguno, eso es porque, pura y simplemente, la sociedad española no tiene remedio por su inequívoca vocación de sumisión a cualquier demagogo indocumentado encaramado al poder. Es decir, tiene exactamente lo que se merece.

El estudio utiliza un concepto que denomina “valor-país” para reflejar de forma sencilla y agregada la evolución de la magnitud y fortaleza de España. Para ello se considera tanto la evolución del país respecto a sí mismo (valor-país absoluto) como respecto a una muestra de países (valor-país relativo), con una proporción 70/30 entre ambos. En la construcción de este indicador se agregan aspectos relativos a competitividad, bienestar, sostenibilidad, influencia, calidad de gobierno y economía. Esta magnitud agregada había crecido fuertemente entre 1997 y 2007, momento en el que se produce el punto de inflexión. A partir de ahí, experimenta una caída tan pronunciada “que en 2009 retorna a valores próximos a 1997”, diez años perdidos en poco más de dos.

Pero la situación sigue empeorando y para 2020 el estudio proyecta un valor-país que es casi la mitad que el de 2009, y lo que es peor, lo compara con lo que podría haber sido, lo que habría pasado si la cosas se hubieran hecho correctamente y la conclusión es pavorosa: el valor-país sería casi seis veces mayor. Este es lo que Zapatero ha hecho de España. Un hundimiento del valor-país de proporciones bíblicas.

“El resultado final es una España poco atractiva y en busca de su identidad. La tendencia de pérdida de posicionamiento absoluto y relativo en todos los indicadores relevantes del país es preocupante para el futuro de los españoles y su papel en el mundo”. Es sencillamente imposible una crítica tan demoledora y contundente a un gobierno y a unos gobernantes.
Sistema electoral

Dentro de las cuestiones más relevantes, la que presenta un mayor consenso entre los firmantes, 92%, se refiere a la necesidad de un sistema electoral ajustado a las nuevas necesidades del país y donde, basándose en el estudio del CIS “Calidad Democrática II” en el que se dice que el 91,7% de los encuestados cree que los gobernantes no tienen en cuenta sus opiniones, propone ir hacia “un modelo que permita recuperar la representatividad social de los políticos y el acercamiento a los votantes”, a la vez que denomina “democracia de incubadora” a la actual dictadura partitocrática.

El tema es de una trascendencia fundamental. La inmensa mayoría de los firmantes está exigiendo lo que cualquier persona medianamente informada piensa: el cambio de la dictadura partitocrática de listas cerradas y bloqueadas por un sistema de elección directa por parte de los ciudadanos, ni más ni menos que lo que ocurre en a las verdaderas democracias, y obviamente un sistema electoral proporcional y no un sistema como el actual, donde minorías separatistas y antisistema obtienen un nivel de representación completamente desproporcionado con su número de votantes.

Con un 78% de consenso denuncian el creciente “desajuste entre la magnitud, complejidad y visibilidad de las tareas que exige un Estado moderno y eficiente y el nivel de preparación y experiencia de los Administradores”, es decir, cuanto más complejos son los problemas, cuanto mayores son los desafíos, peor es la preparación y la experiencia de las personas llamadas a resolverlos. Esto es válido para todos los partidos políticos, desde un presidente de gobierno enloquecido y sin experiencia alguna, a un líder de la oposición que, en medio de la mayor crisis de nuestra historia, confiesa que dedica su tiempo a ver fútbol, y aparte de pedir una y otra vez elecciones anticipadas, es incapaz de poner orden en las CCAA y Ayuntamientos donde gobierna. De ahí para abajo, lo que ustedes quieran, ministros y ministras que son un insulto a la inteligencia, y que en cualquier otro país europeo no estarían ni de botones, con perdón para los botones.
El análisis pide que se recluten los mejores, pero eso es un imposible metafísico, como los líderes son, por decirlo suavemente, unos mediocres absolutos, no admiten a nadie calidad a su lado que pueda hacerles la sombra, y la dictadura partitocrática hace imposible reclutar a los mejores.

Eficiencia global y clarificación del modelo autonómico

Consideran imprescindible “clarificar el Modelo Autonómico de una manera global, estable y fiable”, frente a los enfoques “cortoplacistas y oportunistas actuales”. Es necesario acabar con las duplicidades, redundancias y excesos de un Estado con tres Administraciones. Un disparate de Estado con diecisiete comunidades y dos ciudades autónomas, con más de 8.000 ayuntamientos, más de 80% de los cuales tiene menos de 5.000 habitantes, Diputaciones, Consejos y Cabildos insulares. Y todo ello sin la menor coordinación efectiva por parte del Estado.

Según un reciente estudio de UPyD, “a pesar de que la CCAA forman parte del mismo Estado, su autonomía es mucho mayor que la que tiene España frente a la Unión Europea. El Estado carece de instrumentos de control y corrección ante los posibles desmanes organizativos”. El Estado no sabe lo que gastan, ni cómo lo gastan, ni lo que deben. ¿Cómo es posible entonces valorar el déficit y la deuda de la AAPP? Y si a ello añadimos las 4.000 empresas públicas, cuyo oscurantismo es total, y las deudas a proveedores ocultas en cajones, nadie puede saber a ciencia cierta si España está igual o peor que Grecia, Irlanda o Portugal. Por otro lado, CCAA y Ayuntamientos son “totalmente reacios al sistema objetivo de oposiciones, prefiriendo sustituirla por la contratación a dedo”. Y ocurre que las administraciones territoriales son responsables de casi los dos tercios del gasto de la Nación. En estas condiciones, ¿cómo se puede evitar la ruina de España?
Refuerzo de los Pactos de Estado y separación de poderes

El 88% de los firmantes cree imprescindible el consenso en temas como educación, ciencia y energía, “pactos estables y a largo plazo entre las principales fuerzas políticas y la Sociedad Civil”. Sin embargo, constatan que “la evolución de España tiende a ser la contraria, lo que ha conducido a una politización de temas que deberían estar alejados de la lucha política”. Finalmente se insiste el la imprescindible “separación de poderes”, algo directamente relacionado con la democratización necesaria vía cambios del sistema electoral. Solo el 13,1% de los ciudadanos, según el CIS, cree que el Tribunal Constitucional tiene poder para frenar los abusos de poder del gobierno, y solo un 0,9% considera que la Justicia funciona satisfactoriamente. Es evidente que España no puede calificarse hoy como un Estado de Derecho.
“Con una tendencia a la pérdida de posicionamiento absoluto y relativo en todos los indicadores relevantes del país, la situación actual es peligrosa y preocupante para el futuro de los españoles y su papel en el mundo”.

Ante un análisis tan devastador y contundente de la realidad política y económica por parte de los principales líderes empresariales y financieros del país, ¿cuál será la actitud de los destinatarios del documento? Me atrevo ha hacer una previsión: el Rey ni sabe ni contesta, Zapatero ni lo entiende ni le importa, aunque va a recibir a los 25 “primeros” empresarios, palmeros los más, para “acelerar la recuperación”, ¿qué recuperación?, y hacerse la foto que es lo suyo, y Rajoy está muy ocupado viendo partidos de fútbol. Y mientras tanto, España se dirige imparable hacia el desastre”.