Nunca el Gobierno había dicho algo tan satisfactorio para las ambiciones de Marruecos sobre el Sáhara como hoy. El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha asegurado en el Congreso que al Ejecutivo ha sido siempre defensor de la transparencia informativa pero ha alegado que nada puede hacer contra la restricción de entrada que han impuesto las autoridades del país vecino sobre El Aaiún. «No podemos negar que la admisión en territorio forma parte del núcleo duro de la soberanía de un país».

España no ha reconocido nunca la soberanía de Marruecos sobre su antigua colonia. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya dio un paso al frente cuando, en su intento de resolver el conflicto generado por la expulsión de la activista saharaui Aminatu Haidar a Canarias sin enfadar a Mohamed VI, accedió a poner por escrito que es la ley marroquí la que se aplica en el Sáhara Occidental. Pero nada más (y nada menos).

Las resoluciones de la ONU siempre ha considerado que el Sáhara es un territorio ocupado y el Tribunal de La Haya dictaminó en su día que ni Marruecos tiene autoridad sobre la zona ni el Acuerdo de Madrid de 1975 se la transfirió ni tampoco España podía habersela transferido de modo unilateral cuandio optó por marcharse dejando a medias el proceso de descolonización.

La matización de Jáuregui

El ministro de la Presidencia también ha evitado condenar el desmantelamiento del inmenso campamento que se había instalado a las afueras de la ciudad saharaui con el argumento de que «la información es todavía demasiado confusa». La condena ha sido solicitada tanto por la portavoz de ICV, Nuria Buenaventura, como por el respresentate del PNV, Aitor Esteban, durante la sesión de control al Gobierno. Pero Jaúregui ha alegado que el Ejecutivo «ni puede ni deber» dar un paso semejante. «No se trata de hacer una carrera por quién es más rapido en condenar o cuál la indignación más elevada», se ha excusado. Sí ha asegurado, en todo caso, que el gabinete de Zapatero no tuvo concimiento previo de que Marruecos planeaba levantar el campamento por la fuerza.

Consciente de lo delicado del asunto, Jáuregui ha querido matizar después en declaraciones a los medios que su intención no ha sido caer en un «reconocimiento de soberanía». «Este -ha dicho- es un contencioso pendiente de una solución política bajo los auspicios de la ONU desde hace 35 años». El ministro ha insistido, aún así, en que España no puede hacer nada para forzar la entrada de periodistas, diputados u observadores en suelo saharaui porque «es Marruecos quien determina, por su capacidad de administrar ese terrirotirio, quién entra y quién no entra». Cabe recordar, en todo caso, que el país vecino no está incluido en la lista de la ONU de potencias administradoras y que, según los servicios jurídicos del organismo internacional, no puede reconcérsele ese estatus jurídico sobre la ex colonia española.

A la matización de Jáuregui le ha seguido la matización de la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, que ha asegurado que España no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, aunque ha dicho «constatar, como el resto de países», que sí controla ese territorio. Jiménez, en declaraciones a los periodistas en Quito, ha tratado de aclarar la postura de España sobre la que fuera su colonia hasta 1975: «Jaúregui no ha hecho ningún reconocimiento en relación con el territorio de El Aaiún. De hecho, España no tiene allí un consulado porque, aunque constatamos como el resto de países la situación que se da de control por parte de Marruecos de ese territorio, no reconocemos internacionalmente el que esta situación esté legalmente actualizada», explicaba.