La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 19 y ocho años de prisión, respectivamente, para dos ex mandos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado ( Udyco ) Costa del Sol de la Policía Nacional, Carlos F. y Alfredo M., por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de su trabajo. Además, pide cuatro años de suspensión para ambos.

Así, el fiscal, que advierte del límite legal de cumplimiento que establece el Código Penal en cuanto a las penas, ha solicitado la apertura de juicio oral para estos dos inspectores y para una tercera persona que presuntamente mantuvo una relación de informadora con los anteriores y para la que solicita cuatro años y siete meses de prisión.

El fiscal, en su escrito de acusación inicial, acusa al que fuera jefe del Grupo de Crimen Organizado de Marbella, Carlos F., como autor de delitos de malversación, falsedad, quebrantamiento de condena y detención ilegal. Para éste solicita 14 años de inhabilitación absoluta y 20 de especial.

Al otro agente, Alfredo M., inspector jefe de la sección de Crimen Organizado, se le acusa de los delitos de omisión del deber de perseguir delitos, de quebrantamiento de condena, de malversación, cohecho y tenencia ilícita de armas, pidiendo 14 años de inhabilitación. Al tercer acusado se le acusa por quebrantamiento de condena y por malversación como cooperador necesario.

Las investigaciones comenzaron en noviembre de 2006 por parte de una unidad de Asuntos Internos, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción número 5 marbellí y de la Fiscalía de Málaga , aunque, posteriormente, la Fiscalía Anticorrupción asumió el caso.

La acusación relata la actuación de los agentes en intervenciones policiales, como la llamada operación ‘Topo’, en la que funcionarios del grupo, al mando del inspector acusado Carlos F., desarticularon una organización de narcotraficantes que operaba en Marbella y se incautaron de más de tres toneladas de hachís, siendo, presuntamente, el cabecilla Sophian H., acusado en el caso ‘Ballena Blanca’, que fue detenido en ese momento tras ofrecer resistencia.

En ese operativo de mayo de 2004, resultó herido un agente que momentos antes había cogido un reloj de oro que había perdido el detenido en el forcejeo, según explica el ministerio fiscal, que indica que éste entregó el objeto a un compañero que lo depositó en la Comisaría “a disposición del inspector Carlos F., quien lo recibió en su condición de instructor del atestado sin emitir recibo”.

Según la Fiscalía, este acusado “advirtió de que se trataba de un valioso reloj de oro”, con un valor entonces de 20.000 euros, de forma que “cediendo ante un sentimiento de codicia decidió que intentaría adueñárselo en vez de remitirlo al juzgado junto a otros efectos”. Además, omitió “adrede” hacer referencia al mismo en los escritos.

El procesado confió, según señala el acusador, “en que nadie advertiría la desaparición del reloj o que en todo caso se daría por perdido dentro de la confusión”, pero no tuvo en cuenta al propio detenido que, a través de su abogado, lo reclamó, aunque el inspector “dio largas, negando la existencia del mismo”.

No obstante, ante la insistencia del letrado, optó por devolverlo y aportó un nuevo informe policial al juzgado “de contenido falaz” y “simulando” haber ordenado una búsqueda “concienzuda” en las dependencias, con lo que finalmente se había encontrado el reloj en el vehículo intervenido al detenido, según el fiscal. Meses después, fue depositado en el juzgado instructor.

Por otro lado, el ministerio público señala que a finales de 2004 y principios de 2005, el otro inspector acusado, Alfredo M., recibió quejas y peticiones de traslado de policías de la Udyco de Marbella que estaba “descontentos” con su nuevo jefe, denunciando “los comportamientos irregulares que venían observando en el inspector Carlos F.”.

Este mando tuvo entrevistas con varios agentes relacionados con el episodio del reloj “descubriendo que éste había falseado varios informes policiales, primero para sustraerlo y luego para hacerlo reaparecer”, dice el escrito. “Pese a conocer la verdad, debido a la amistad que mantenía con el otro, no quiso darse por enterado y nunca dio cuenta a superiores o adoptó iniciativa alguna”, se añade.

Confidente

El relato de hechos del fiscal también hace referencia al tercer acusado, que actuó de confidente y que fue detenido por una orden de busca y captura en 2005, momento en el que propuso a Carlos F. ser confidente, por lo que éste “paralizó los trámites, se aseguró de que no quedara rastro documental de la identificación y permitió que abandonara la Comisaría y recobrara la libertad”.

Esto se produjo, según el fiscal, “con el beneplácito” del otro inspector acusado, “siendo plenamente conscientes de que adoptaban una decisión arbitraria y carente de justificación”. El supuesto colaborador estuvo en rebeldía hasta noviembre de 2005 cuando fue detenido otra vez, aunque en esta ocasión Carlos F. “se desentendió de él”, señala la calificación.

Otro de los hechos por los que se acusa al inspector de Marbella es por “provocar una operación de venta de drogas” para dar “un brillante desenlace” a una investigación, utilizando al informador “a modo de agente encubierto”, quien supuestamente entabló relación con unos individuos investigados, aunque la acusación considera que ambos “no se limitaron a tender una trampa a los traficantes”.

En este punto, el fiscal apunta a que “concibieron un plan mucho más audaz que consistía en aportar en lugar de cocaína una sustancia inocua de aspecto similar y aprovechar la ocasión para adueñarse del dinero que entregarían quienes pretendieran adquirir la aparente droga”. La transacción se hizo el 21 de septiembre de 2005 un hotel de Marbella y se fijó el precio en 30.000 euros, según el escrito.

La calificación señala que tras desarrollarse el operativo, donde se detuvo a dos individuos, el informador salió del recinto con el dinero y el inspector se limitó a “escenificar una falsa persecución”, llegando a hacer “algunos disparos al aire”. A la hora de redactar las diligencias, señala la Fiscalía, construyó “una narración coherente a base de enlazar hechos verdaderos e informaciones falaces” de forma que ocultó la presencia del confidente.

Ciudadanos rusos

Respecto al otro inspector, la acusación señala que Alfredo M. tenía relación con un matrimonio ruso que le pidió consejo sobre investigadores para un amigo que pretendía vigilar a su mujer y éste les dijo, según el relato, que emplearan “a unos investigadores de su absoluta confianza que a mitad de precio podrían realizar el trabajo”.

“Esa empresa de detectives no existía y en realidad lo que pretendía era aprovechar esta ocasión para obtener un beneficio económico asumiendo y organizando él mismo una investigación de naturaleza privada, pero a costa de los recursos personales y materiales que tenía a su disposición como responsable de la Sección de Crimen Organizado de la Udyco “, apunta el ministerio público, quien añade que no está acreditado que, finalmente, cobrara el dinero pactado.

Asimismo, se relata la actuación en dos operaciones. En una de ellas se intervino un televisor sobre el que Alfredo M. “mostró interés en sacar de las dependencias policiales para llevárselo a su domicilio”, donde estuvo un mes y medio, a lo que accedió el otro inspector. Alfredo M. se le intervinieron varias armas que conservaba sin las guías y “sin razón que lo justificase”.

En la otra, conocida como ‘Arenal’, se registraron a la vez varias viviendas en Coín y Marbella, registros en los que, entre otros efectos, se intervinieron un maletín de marca y una bolsa riñonera con 1.000 euros, aunque al realizar el recuento Carlos F. “apartó y sustrajo tanto los 1.000 euros como el maletín”, objeto éste localizado en el registro de su casa.