Casi estoy seguro de que los proyectiles de la próxima y célebre tomatina de Buñol serán de origen marroquí. Teniendo en cuenta la inoperancia del Parlamento Europeo y la inexistencia de acuerdos entre los eurodiputados de un mismo país a la hora de defender los intereses nacionales (algo que le suele interesar muy poco), parece evidente que el nuevo acuerdo comercial UE-Marruecos saldrá adelante.

No hace falta ser ningún gurú para predecir que este acuerdo lesivo para España será presentado como un gran éxito en pos de la liberalización comercial entre Marruecos y Europa. Un acuerdo que permitirá la entrada de productos de la UE en un país con millones de consumidores preparados para recibir la avalancha de productos agrarios y transformados del continente. Eso sí con un plazo para alcanzar la liberalización comercial en un 70% de diez años y obviando que los precios europeos, por razones de costes, no serán competencia para la producción marroquí. Europa logra mercados para determinados productos, obtiene precios más bajos en las centrales de distribución, pero hunde la producción agraria mediterránea española.

Marruecos ha conseguido con este acuerdo el que era su objetivo económico fundamental: ampliar sensiblemente el cupo de exportaciones agrarias a la UE. Algo absolutamente necesario para mantener el crecimiento agrícola del país del otro lado del Estrecho. La liberalización que el acuerdo conlleva, pese a los aranceles reducidos, supondrá la llegada masiva de determinados productos que entrarán en competencia directa con la agricultura española mediterránea; siendo especialmente grave en el caso de la producción de tomates (exportará 80.000 toneladas más en cinco campañas), pero también para determinadas frutas y verduras.

Los exportadores marroquíes llevan años burlando los cupos en los centros de distribución franceses y nada hace predecir que esta situación no empeore con el nuevo acuerdo. Ni que decir tiene que las condiciones laborales marroquíes nada tienen que ver con las europeas, siendo por tanto sus costes de producción muy bajos al igual que los precios finales. Así la competencia es imposible y el hundimiento de nuestra producción está asegurado.

Atendiendo a los intereses de España y no a los de determinadas producciones de alimentos transformados, es incuestionable la falta de interés que el gobierno español ha tenido en esta negociación. Fruto, sin duda, de la decisión del presidente del gobierno de ser el ayuda de cámara del dictador de Marruecos ante la UE; producto de una política de relaciones con el país vecina caracterizada por la cesión y la debilidad.

Lo indignante es que todo esto sucede a pesar de las intensas movilizaciones de los agricultores en defensa de sus puestos de trabajo y de una agricultura de calidad; a pesar de los negros avisos sobre el futuro del castigado campo español y de la posibilidad de crisis de producción alimentaria que podrían darse en el futuro. Sorprende que ello no haya tenido como consecuencia una sensibilización rotunda entre los partidos políticos. Al contrario, prefieren callar, tragar y mirar para otro lado aunque en el camino se queden miles de puestos de trabajo. Y entre los que miran para otro lado figuran las varias decenas de flamantes eurodiputados, del PP y del PSOE, que España tiene.