El gozo de Pedro Sánchez, en un pozo. Franco vuelve a ganarles… esta vez después de muerto. La exhumación de Franco pretendida por Pedro Sánchez era una vuelta a la profanación de cadáveres que ejecutaron los milicianos de la Segunda República, especialmente con los cadáveres de religiosos. Era también una venganza contra el victorioso militar que ganó la Guerra Civil a un conglomerado de partidos de izquierda muy semejante al actual Gobierno de España.

La fracasada exhumación era una consecuencia de la totalitaria Ley de Memoria Histórica, que elimina el derecho a la libertad de expresión, investigación y cátedra, en su pretensión de borrar cualquier vestigio del sistema político instaurado por Franco, bajo cuyo gobierno España disfrutó de 40 años de orden, paz, unidad nacional y progreso material, castigando con multa y cárcel a quienes defiendan la verdad del franquismo.

La censura a toda manifestación de franquismo es la estrategia de que se quiere valer este nuevo Frente Popular para realizar una Segunda Transición que convierta España en una República Confederal, donde las actuales autonomías serán Estados independientes en la práctica. Para ello, quieren demostrar que la Primera Transición se efectuó dentro del franquismo, por lo cual, si la quieren deslegitimar, deben borrar todo rastro del Caudillo, incluso sus restos materiales.

La exhumación era el primer paso para la deconstrucción de un monumento católico, ya que su verdadero objetivo –reconocido por el Gobierno– es eliminar la Cruz, desacralizar el valle, y convertirlo en un Centro de Propaganda de las mentiras de la memoria histórica y el marxismo cultural.

Este ataque al catolicismo es un fiel heredero del holocausto anticatólico que perpetró la Segunda República, uno de los mayores de la historia, que produjo más de 10.000 víctimas de personas consagradas, y la destrucción de incontables edificios religiosos.

Con la exhumación querían poner también una cortina de humo que enmascarase las vergonzosas concesiones al independentismo, y las continuas traiciones a nuestra Patria, que quieren destruir para entregarla en bandeja al Nuevo Orden Mundial.

Enhorabuena a los que durante estos últimos meses se han movilizado contra la exhumación del hombre que acaso por segunda vez ha salvado a España de la izquierda revanchista y antiespañola.

La Justicia acaba de suspender la exhumación de Francisco Franco porque el proyecto urbanístico elaborado por el Gobierno para levantar la lápida de la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos donde se encuentra enterrado el dictador no reúne las condiciones de seguridad mínimas exigibles.

Así lo ha dictado, en un auto El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid, que ha atendido un recurso de un particular contra el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial -municipio donde se encuentra el Valle de los Caídos- que pedía la suspensión cautelar de la exhumación.

Este nuevo escollo con el que se encuentra el Gobierno en su afán por exhumar al dictador responde únicamente a criterios técnicos. Según estipula la legislación, el Ministerio de Justicia debía enviar un proyecto con los detalles de la exhumación al Ayuntamiento de San Lorenzo que debía recibir el visto bueno del municipio.

Pese a que dicho ayuntamiento madrileño dio luz verde a este informe, que hace las veces de licencia, ahora la Justicia ha decidido suspenderlo al no considerar «admisibles» las actuaciones remitidas en el plan redactado por el Ministerio. «No hace falta ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello -por el hecho de remover la losa de 2.000 kilos de la lápida de Franco- es de por sí algo complicado, difícil de manejar y por tanto peligroso por el riesgo evidente, que no hace falta explicar, de caída, rotura o cualquier otro accidente que pueda ocurrir y que, a su vez pueda causar daños a las personas», cuestiona el auto firmado por el juez José Bastarreche.

Precipitado

A partir de ahora, el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial tiene tres días para formular las alegaciones que considere pertinentes contra la resolución de este auto, en el que el magistrado Bastarreche tiene muy en cuenta los informes periciales elaborados para la ocasión por dos especialistas en la materia.«En opinión de los dos arquitectos referidos no se ha hecho un estudio serio y riguroso de la seguridad de toda la operación», considera el juez en su auto, donde también deja constancia de que «no se aprecia especial urgencia» en el caso de la exhumación de Franco, ya que lleva enterrado en el Valle de los Caídos más de 44 años.