Hermann Tertsch.- Estén atentos los españoles, porque si este Gobierno no cae pronto, sea por inepto, por tramposo, por mentiroso, por plagiario, por traidor, por cómplice de mafias, por colaborador de golpistas y enemigos de España, puede que se quede. Puede que transforme tanto los métodos de trabajo en nuestro sistema que no podamos, no nos dejen hablar sobre su relevo hasta que las condiciones de miseria, violencia y caos ocupen organismos internacionales. En España asistimos ya a muchos pasos consecuentes que dicta el guión de una toma de las riendas del poder, no solo del Gobierno, sino del sistema, para poder casi excluir la alternancia. De ahí que sean tan alarmantes las palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo que anuncian la intención del Gobierno de imponer límites a la libertad de expresión e información. Siempre en defensa de la verdad, faltaría más.

Tras los baratos eufemismos de Calvo, queda claro que el Gobierno considera que jueces y tribunales no son suficientes como hasta ahora para perseguir los delitos en opinión e información. Porque hay informaciones u opiniones que este Gobierno quiere perseguir y que aún no puede. «Necesitamos seguridad». Se regulará -dice que con otros países- lo no regulado hasta ahora en el ámbito de la libertad de expresión y del derecho a la información. Las amenazas a los medios de este Gobierno no tienen precedentes en España desde 1978. No quieren que se hable mal de ellos. Y decretan que todo lo malo sobre ellos es mentira. Ya lo advirtió Pedro Sánchez, menos solemne que macarra, que quien le critique a él o al Gobierno critica al Estado. Al principio nos hizo gracia. ¿Qué rayos se habría creído ese galán de grandes superficies? La risita se nos ha borrado. Con su carácter práctico, no serán ni el principio de contradicción, ni la honradez, ni la vergüenza ni el sentido del honor lo que frene la incontrolada ambición de Pedro Sánchez. No tiene dudas ni muestra escrúpulos. No hay elecciones. Los golpistas son buenos. Los constitucionalistas, malos. Monto cuando quiero en avión. Mi mujer trabaja donde me dé la gana. Quien me ataca ataca a España. Punto.

Atentos españoles, el Gobierno quiere armas para combatir «la mentira» de los periodistas. Eso que les gusta llamar «fake news» porque hacen mucho daño, «a veces», dramatizaba ayer Calvo, «daños irreparables». En un ambiente tan comprensivo de la leal soldadesca izquierdista del periodismo patrio nadie le haría reparar ayer que los daños que sufre actualmente el Gobierno no los generan unas mentiras sino unas verdades. Estas nuevas medidas para limitar la libertad de expresión y de información encajan con las disposiciones de la nueva ley de memoria histórica que tiene en la recámara el PSOE y que impone penas de prisión, graves multas e inhabilitación a quienes cuestionen la interpretación de la guerra civil española y del franquismo que hacen quienes se consideran herederos de los perdedores. Dará con sus huesos en la cárcel quien crea como yo que la tragedia española no comenzó el 18 de julio de 1936, sino con la criminal quema de iglesias y conventos de 11 de mayo de 1931 y que, por supuesto, fue una inmensa suerte para España que la guerra la ganara Franco y no Stalin.

Ahí tienen a la UE muy preocupada por Hungría y Polonia, porque cumplen su programa unos gobiernos avalados por amplias mayorías salidas de elecciones impecables. Pero de España no dice nada la UE. Pues debiera. Un gobierno de 84 escaños apoyado por grupos totalitarios -unos pisotean los derechos de los españoles no separatistas, otros son títeres y franquicias de regímenes asesinos-, prepara un arsenal de medidas para perseguir a quien discrepe. A quien se atreva a decir la verdad sobre el Gobierno y sobre la historia o a escribir una columna como esta.