EM.- Un informe entregado por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona indica que la Generalitat encargó hace un año a la empresa DXC la elaboración de la web Conéctate al Voluntariado para que las personas se pudieran inscribir a colaborar en diversos proyectos. Los agentes concluyen que “los campos que contenía el formulario piloto, utilizado para la realización de todas las llamadas del voluntariado, siempre estuvo orientado a elegir a los voluntarios que iban a participar en los cometidos que se dispusieran el 1 de octubre, dígase presidente y vocales de las mesas electorales y otros”.

“El coste de la aplicación Conéctate al Voluntariado utilizada para el plebiscito soberanista ascendió a 161.315 euros”, según el informe que detalla también que la Generalitat presuntamente ocultó información a la empresa encargada de hacer la web para pedir “el diseño de una herramienta” que permitiese “reclutar voluntarios para el referéndum ilegal del 1 de octubre”.

Los agentes indican que los representantes del Govern únicamente mostraron interés por uno de los apartados de la aplicación denominado Crida Extra que “con posterioridad se transformó en la llamada colaboradores Referéndum 2017”. “La Crida Extra se mantuvo oculta tanto en producción como en preproducción hasta el 7 de septiembre de 2017, día siguiente al de la aprobación por el Parlamento de Cataluña de la Ley del Referéndum” señala el informe.

También indica que los días previos la administración catalana hizo “siete llamadas de voluntariado, siendo su objetivo realizar pruebas con el formulario piloto de cara a la llamada que siempre tuvo prioridad para la Generalitat: colaboradores Referéndum 2017”.

Los investigadores enumeran a seis empleados de la Generalitat, entre responsables políticos y técnicos, encargados de encargar, poner en marcha y gestionar la aplicación del voluntariado. Entre ellos está el secretario general del Departament de Treball Josep Ginesta que debe declarar como imputado a finales de junio junto con trabajadores del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) y otros ex cargos del Govern.

A partir de la documentación requisada, la Guardia Civil considera que hace un año, la Generalitat trabajaba en un formulario piloto para “ser empleado en cualquier llamada del voluntario” que “iba encaminado a su posterior empleo en el referéndum de autodeterminación, así se extrae de la literal del apartado ‘experiencia previa’ que incluía entre sus opciones procesos electorales, participación ciudadana o consultas no refrendarias”.

“Si realmente se trataba de una aplicación web en la que los ciudadanos se pudieran inscribir como voluntarios para participar en cualquier campaña publicada por las distintas entidades de la Generalitat, la experiencia en procesos electorales, en participación ciudadana o en consultas no refrendarias, no parece ser requisito a tener en cuenta a la hora de inscribirse como voluntaria en una plataforma que, teóricamente, iba a ser empleada para fines sociales, culturales, etc”, señalan los investigadores.

En otro informe entregado al juez, la Guardia Civil también concluye que el registro de catalanes en el exterior sirvió para que la Generalitat enviase documentación sobre el referéndum a todas las personas inscritas y que la administración catalana usó datos de los inscritos “vulnerando la legislación vigente”. Los agentes creen que este registro se creó “con una evidente finalidad política, es decir, la Generalitat a sabiendas de que no podía contar con el Censo de los Españoles Residentes Ausentes creo paralelamente y adhoc el Registro de Catalanes en el Exterior” para que pudieran participar en el 9-N. Sin embargo remarcan que de cara al 1-O la administración catalana pidió varias modificaciones del registro para “hacer más ágil y sencilla la inscripción de los catalanes residentes en el extranjero”.