El primer ministro belga, Charles Michel

ES.- El índice de democracia, elaborado por el semanario «The Economist» mide cierto número de características de la vida política e institucional de todos los países reconocidos en el mundo y establece una clasificación para determinar cuáles son aquellos donde se ha logrado avanzar más en general en los aspectos de desarrollo de la libertad, la representatividad y el respeto a los derechos individuales y colectivos. A pesar de los devastadores efectos de la crisis financiera, España aparece en el puesto 17 (de 166) justo después del Reino Unido y tres puestos por encima de Estados Unidos. Bélgica, sin embargo, está en el puesto 35, por debajo de la India. Se diría que hay razones para preguntarse por qué hay todavía elementos de la clase política belga que se permiten poner en duda la calidad de la democracia española en el debate sobre la situación procesal del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ha buscado protección en este país para tratar de eludir a la justicia española. Muchos de los comentarios publicados estos días en la prensa belga muestran una tendenciosidad irritante cuando hablan de la cuestión catalana, a pesar de que la propia situación de Bélgica no permite las comparaciones.

Pierre-Yves Monette, un abogado que fue consejero de los reyes Balduino y Alberto II y que ha sido «mediador federal» (una especie de defensor del pueblo) escribió un libro titulado «¿Dónde vas, Bélgica?» en el que diseccionaba hace ya una década los males de su país refiriéndose a los recurrentes escándalos de corrupción en la política belga. «La ética política es un elemento principal de la gobernanza pública. Sin embargo, los “affaires” en Amberes, en Charleroi o en Namur muestran que en Bélgica estamos muy lejos de las reglas más elementales de la probidad y de la transparencia». Más aún: «la codicia no es en absoluto el único elemento a señalar entre las derivas de la gestión pública en nuestro país. Numerosas prácticas colocan también a Bélgica en el pelotón de cola de los países europeos en términos de ética pública. Y estoy pensando en la acumulación de cargos políticos, el clientelismo, a los acuerdos preelectorales secretos, a los tránsfugas y a las expresiones de desprecio” que “contaminan el debate político».

¿Cuál es el secreto para que Bélgica sea percibida como un país mucho mejor de lo que es en términos de calidad democrática? Probablemente el hecho de que carecen de la tendencia a la autoflagelación que envenena a los españoles. El hecho de que los escándalos acaben siendo olvidados o que ni siquiera pasen a manos de los jueces ayuda a probablemente a consolar las conciencias. Otras veces se producen reacciones tratando de vivificar el debate, pero no siempre sirven más que para banalizar los hechos. En los últimos meses la prensa ha empezado a revivir lo que se llamó “las matanzas de Brabante” que fueron una serie de atracos extremadamente violentos cometidos en el centro del país entre 1982 y 1985 y que causaron cerca de 30 muertos sin que jamás se haya logrado averiguar el menor indicio sobre la identidad de sus autores. El caso Dutroux, un célebre asesino y violador perverso de menores, fue uno de esos casos que sacudió la conciencia social de los belgas, cuando supieron que había sido puesto en libertad varias veces por nengligencia y que una vez incluso la policía acudió a su misma casa pero no le dio importancia a los gritos de las niñas que tenía encadenadas en una especie de zulo en su sótano.

A pesar de que la tienen y con más razones que la que se atribuye generalmente a España, los belgas hacen lo posible por minimizar su propia leyenda negra, poniendo todas las atrocidades sin fin que se cometieron en el Congo, en la cuenta del rey Leopoldo II, que fue el que les regaló su colonia, ya que era una propiedad personal. Aún después de aprobada la «Declaración Universal de los Derechos Humanos» en 1948, en la Exposición Universal de 1958 aún se exhibían en Bruselas medio centenar de familias africanas en pequeñas jaulas de bambú tratados como atracciones de feria.

Es curioso que el líder del independentismo flamenco, el actual alcalde de Amberes, Bart de Weber, líder de la Nueva Alianza Flamenca (N-VA) que tuvo bloqueada durante meses la vida política del país, haya comentado su apoyo a Puigdemont evocando el episodio de la «Furia Española» como se conoce al saqueo de Amberes en 1576 por parte de soldados españoles, pero no se preocupa tanto de la actitud de sus propios correligionarios, como el ministro del Interior, Jan Jambon, o el secretario de Estado para los refugiados Theo Francken, que son abiertamente nostálgicos de la época nazi.

En todo caso, la fórmula federal que algunos promueven para resolver los problemas territoriales en España no parece que haya funcionado nada bien en Bélgica, a pesar de que hace casi tres décadas que se implantó. Las principales consecuencias de esa transformación han sido una sofisticación insufrible de las estructuras administrativas y un aumento de la burocracia. Pero lo que no ha logrado resolver ha sido la deslealtad de los nacionalistas flamencos hacia el proyecto común de país. Todas las reformas del estado, nueve en los últimos años, no han sido más que aumentos sucesivos de las competencias de las dos regiones principales del país, pero nada de eso ha logrado saciar a los separatistas. La monarquía es la única institución que mantiene unido al país.

Y esa continua debilitación del poder federal está carcomiendo al país hasta en aspectos claramente humillantes. El verano pasado cuando Holanda se negó a entregar a un narcotraficante belga que reclamaba Bruselas (con una orden de detención similar a la que se ha emitido contra Puigdemon) orque los jueces holandeses consideraron que las cárceles belgas son tan malas que rozan la consideración de inhumanas.