Una década como fiscal sustituto, es decir sin oposición, pero nombrado a través de un concurso público con todas las de la ley, creo me autorizan a opinar, siquiera brevemente, sobre el misterio fiscal (no es un error), es decir sobre esa Institución constitucional tan extremadamente opaca, por no decir casi secreta.

Estamos asistiendo estos días a una guerra de fiscales en el seno de una fiscalía especial, pero que amenaza con trasladarse a la totalidad del cuerpo.

Por no hablar de la apertura de un expediente disciplinario al fiscal jefe de Madrid, lo que es francamente sorprendente, sobre todo porque son ellos, los fiscales jefes, los que se dedican a expedientar a sus “discrepantes”, o a aquellos fiscales que creen que por haber aprobado en su día la oposición ya pueden dedicarse a vivir toda su vida laboral en un régimen de “servicios mínimos”.

De cualquier forma, estamos en España, y aquí no se expedienta a nadie por no hacer nada, o lo menos posible, entre otras razones porque quien no trabaja, o lo hace muy poco, escasamente se equivoca, ya que sus posibilidades de errar son mínimas, mientras que el que trabaja como una mula de carga, o un burro, en la mejor tradición española, tiene muchas posibilidades de equivocarse, de meter la pata (pero no la mano), de enfrentarse con jueces y sobre todo con juezas, etc.

En otras palabras, que quien mejor trabaja, tiene también más posibilidades de ir de encontronazo en encontronazo, mientras que el que pasa de todo, suele estar bien visto, pues no molesta ni estorba, y su actividad se reduce a pasar el mes esperando la llegada de la próxima nómina. Muchos de ellos, además, acaban condecorados, pues en España también es tradicional dar medallas al que menos mal da.

Tras este exordio, voy a comentar algunas cuestiones, a vuelapluma:

-En la fiscalía española se trabaja bien y mucho, por parte de los fiscales de a pie, es decir, los que no son jefes.

Desgraciadamente en los últimos años, con la llegada de Conde Pumpido se adoptó una estructura similar a la judicial, con sus fiscales superiores, fiscales jefes, decanos, coordinadores, etc., que creo pretendía tapar el complejo de inferioridad que arrastran muchos fiscales por no ser jueces…, cuando su trabajo es mucho más cómodo, dicho sea de paso, y ahora que nadie nos lee.

La fiscalía está organizada jerárquicamente, y tal y como prevé el art. 124 de la Constitución, en su núm. 2, actúa “conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad”.

Pero la fiscalía no tiene el monopolio de la acción penal, como ellos quieren.

Está la acusación particular, en determinados supuestos la acusación privada, y la acusación popular, que es la que más ha trabajado en los últimos tiempos, ante el desinterés de la fiscalía en denuncias de gran trascendencia e interés público.

MANOS LIMPIAS, por ejemplo, ha ejercido la acusación popular en centenares de asuntos, por los que el Ministerio Fiscal no se ha “interesado”, o ha pasado olímpicamente de los mismos, cuando no ha ejercido de “abogado defensor” de los acusados, como sucedió en el caso de la todavía Infanta de España, doña Cristina de Borbón y Grecia, hija y hermana de Reyes.

El art. 125 de la Constitución dice claramente que: “Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular…”, pero lo cierto es que la Fiscalía es la que primero se opone a esa “competencia”, pidiendo la imposición de fianzas excesivas y desproporcionadas en procesos penales de interés general, para evitar la competencia, y tener solo ellos la sartén por el mando…
Esa situación es totalmente abusiva y supone una burla y un atentado a nuestro supuesto “Estado de Derecho”.

Acabando con la acusación popular, mediante una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que ya se anuncia, y residenciando la instrucción de los procesos penales en manos de la Fiscalía, previamente domesticada mediante el palo (los expedientes disciplinarios) y la zanahoria (los ascensos por cooptación, las condecoraciones que tanto satisfacen la vanidad etc.), puede conseguirse el fin que seguramente se pretende: ocultar la corrupción, de forma que aflore socialmente lo menos posible.

Como dice el refrán, muerto el perro, se acabó la rabia.

Y en esas estamos…

¿Será capaz la ciudadanía española de reaccionar contra este golpe dictatorial a la justicia española? Lo dudo mucho, la verdad.

Entre el fútbol, los puentes, las próximas vacaciones estivales, etc., la gente está tan preocupada por los árboles, que no pueden ver el bosque. Y mientras tanto van segando la hierba de la democracia de nuestros pies, sin que la mayoría se den cuenta de ello.

*Abogado y escritor. Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.