El alcalde de Granada, Francisco Cuenca Rodríguez (PSOE).

El juzgado de instrucción 6 de Sevilla ha citado como investigados, en una causa abierta por adjudicar contratos a particulares, a 10 exdelegados de la Consejería de Economía e Innovación de la Junta de Andalucía en 2010 y 2011, entre ellos el alcalde de Granada, Francisco Cuenca Rodríguez (PSOE).

En esta causa, José Ignacio Vilaplana, juez de refuerzo del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla donde se instruye el caso de los Ere irregulares y varias macrocausas, investiga desde 2013, tras una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios, los contratos privados a particulares para inspeccionar cursos de formación en Economía Social.

Esta práctica podría suponer la usurpación de las funciones públicas a los funcionarios que por ley tienen atribuidas estas labores, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En estos hechos, se investigan a los que ocupaban en 2010 y 2011 el cargo de delegado provincial de la Consejería de Economía e Innovación en Jaén, Almería, Málaga, Cádiz y Granada, y a los jefes de servicio de Huelva y Córdoba.

En un auto dado a conocer hoy, el juez amplía el número de investigados a los delegados de la consejería en varias provincias andaluzas en 2010 y 2011, y los cita a declarar entre noviembre y diciembre.

El alcalde de Granada está citado para el 12 de diciembre, el mismo día que el juez ha llamado a Ana María Barbeito Carrasco, ex directora general de Economía Social y Emprendedores de la Consejería de Economía, que ya ha declarado como investigada.

La causa se inició a raíz de una denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios en la que pedían investigar unos hechos que podrían suponer los delitos de usurpación de funciones publicas, prevaricación y malversación.

En esta investigación, el juez analiza las contrataciones a particulares que se hicieron desde la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía para trabajos que incluyen funciones y potestades que solo pueden realizar funcionarios públicos, según el TSJA.

Además, se están estudiando las razones que han llevado a acudir a procedimientos de contratación excepcionales, como es el contrato menor, que puede ser de adjudicación directa y alterar el procedimiento ordinario de publicidad y libre concurrencia.

En su nuevo auto, el juez archiva provisionalmente la investigación que afecta a un contratista y una funcionaria.

Además, el instructor señala que «la atribución ilegítima de funciones públicas habría venido acompañada de la entrega de documentación administrativa consistente en modelos de Actas e Informes, posteriormente utilizados por cada contratista en el ejercicio de las funciones encomendadas y potestades atribuidas».

Esos documentos «cuentan con membrete o encabezamiento oficial de la “Junta de Andalucía” y del “Fondo Social Europeo”», según precisa el juez antes de indicar que también “aparecen firmados por los propios contratistas bajo la rúbrica «Por la Administración (El Inspector)».

De esta forma, en el expediente administrativo queda “materializado, por los contratistas, el ejercicio de las potestades inspectoras atribuidas sin tener la condición de funcionarios y, por tanto, no ser Inspectores oficiales de la Administración Autonómica”, concluye el instructor.