Baleares: Socialistas, nacionalistas y Podemos obligan a las empresas contratistas a entregar todos los trabajos en catalán
El alcalde Palma, José Hila.
La Fundación Nacional Círculo Balear (FNCB) ha instado a la Abogacía del Estado, a través de la Delegación del Gobierno en Baleares, a presentar un recurso contra la Instrucción que impone el catalán como requisito para los proveedores de servicios que quieran contratar con el Ayuntamiento de Palma.
La instrucción aprobada por la coalición de gobierno de socialistas, nacionalistas y Podemos obliga a las empresas contratistas a entregar toda la documentación técnica y los trabajos en catalán, destacó la FNCB en un comunicado.
La norma incluye a las compañías subcontratadas, que deberán utilizar el catalán en rótulos, publicaciones, avisos y comunicaciones que se deriven de la ejecución de prestar el servicio contratado, al igual que en comunicaciones por megafonía, manuales de uso, etiquetaje o embalaje, facturas y notificaciones. Además el gobierno municipal exigirá que la empresa contratada tenga personal de atención al público con conocimientos de catalán.
Para la FNCB esta norma es contraria a la Constitución por discriminatoria y a la Ley de Contratos del Sector Público al establecer requisitos adicionales de carácter idiomático. La entidad ha instado a la Abogacía del Estado a presentar un recurso y ha recordado que la Delegación del Gobierno en Vascongadas hace tres años recurrió, a través de la Abogacía, los acuerdos y normas similares aprobadas por los ayuntamientos vascos de Bildu.
La entidad indicó que existen dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de San Sebastián que anularon las normativas que imponían exigencias lingüísticas por «limitar objetivamente la concurrencia en el proceso de licitación vulnerando el principio de libre concurrencia e igualdad de trato». Dichas regulaciones no se ajustan a derecho conforme a las causas de exclusión contempladas en la Ley de Contratos del Sector Público, así como en la normativa europea (Directivas 2004/18/CE y 2014/24/UE), que no contemplan las cuestiones lingüísticas como causa de exclusión de un posible licitador.
La sentencia de 27 de julio de 2015 afirma además que las comunidades y los entes locales «carecen de competencia para poder establecer excepciones», informa Efe.
