Enric Millo

Pese al intento de desmarcarse de la acusación de financiación ilegal en 2013, los portavoces de Unió Democràtica de Catalunya no pudieron esconder que el partido asumiera parte de los 388.484 euros a devolver a la Generalidad, como parte beneficiada de la trama de corrupción, confesa y condenada. La sentencia de conformidad -firmada por Unió- fijó que los cuatro acusados desviaron 595.972,61 euros destinados a los cursos de formación. Sin embargo, la fiscalía, la Administración autonómica y la Abogacía del Estado se conformó con el pago (más las multas a los cuatro implicados) de la parte asumida. Hy que recordar que el hoy presidente provincial del PP en Gerona, Enric Millo, era en aquella uno de los hombres de confianza de Josep Antoni Duran i Lleida y uno de los hombres fuertes de Unió.

“UDC no ha sido condenada” y “no hay financiación irregular de UDC”. La portavoz de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Marta Llorens, se aferró con estas frases a la diferencia entre ser culpable penalmente -que afecta a los cuatro condenados- y ser culpable como responsable civil en calidad de partícipe a título lucrativo en el caso Pallerols -que afecta a UDC-. La primera de las premisas de Llorens no es cierta; la segunda, tampoco.

En la sentencia de conformidad, que aceptó el partido liderado entonces por Josep Antoni Duran i Lleida, así como los otros cuatro condenados (Fidel Pallerols, Vicenç Gavaldà, Lluís Gavaldà y Santiago Vallvé), firmada con el Ministerio Fiscal, la Generalidad y la Abogacía del Estado, quedó desglosado el dinero desviado que fue a parar a Unió.

Para llegar a un acuerdo entre las partes y evitar un juicio que hubiera sentado en el banquillo de los testigos a Duran i Lleida y Enric Millo, actual portavoz del PP en el Parlamento autonómico, entre otros, los acusados (tanto las cuatro personas implicadas como UDC) reconocieron algunos de los hechos que la fiscalía les imputaba originariamente.

Así, tal y como figuró en el texto de la sentencia de conformidad, publicado por La Voz de Barcelona, “se pactó entre todos los acusados el desvío de las siguientes cantidades procedentes de las subvenciones”  que tramitaba la Consejería de Trabajo y entregaba a las tres empresas de Pallerols: año 1994, 4.986.663 pesetas; año 1995, 11.869.155 pesetas; año 1996, 20.555.780 pesetas; año 1997, 32.585.950 pesetas; año 1998, 26.333.950 pesetas; y año 1999, 2.830.000 pesetas. En total: 99.161.498 pesetas, o lo que es lo mismo: 595.972,61 euros.

Por lo tanto, los 595.972,61 euros es la cantidad que reconocoeron los implicados en el caso Pallerols que fue desviada desde las academias de formación (cursos para parados y trabajadores) en esos años a fines que ni se justificaron ni correspondían con lo solicitado en las subvenciones. Fue, además, la misma cifra que la fiscalía fijó tras la instrucción y mantuvo hasta el inicio de las negociaciones.

Sin embargo, para llegar a un acuerdo, el Ministerio Fiscal -con el beneplácito de los abogados de la Generalidad y el Gobierno- rebajó la cifra a los 388.484 euros, que finalmente asumieron los condenados (los cuatro implicados y Unió), con la fuerza argumentativa de que es la cantidad ‘que se ha podido constatar como efectivamente desviada’.

¿Cuál fue el destino del dinero desviado?

Curiosamente, la sentencia de conformidad desglosó detalladamente el dinero que benefició directamente a Unió Democràtica de Catalunya pero no el dinero de los otros cuatro acusados, imposible de averiguar. Sobre todo, las cantidades que afectan directamente a UDC se invirtieron en ‘la compra a cargo de las empresas subvencionadas de mobiliario y material informático o de oficina para las sedes del partido, o el pago por las empresas de las nóminas de trabajadores, militantes de UDC, que, sin embargo, prestaban sus servicios laborales no para las empresas sino para el propio partido’.

Gracias a los 388.484 euros desviados (64.638.299 pesetas), que han quedado demostrados y reconocidos por los implicados, en 1994, se pagaron muebles de las sedes de UDC en Gerona y Villanueva y la Geltrú (Barcelona), y un ordenador. En 1995, se pagó material informático ‘para las sedes’ del partido democristiano, sin concretar más detalles. En 1996, las sedes de Villanueva y la Geltrú y Barcelona (calle Brasil, 1-3, entresuelo 1ª) tuvieron ‘material de oficina’ nuevo, la sede del barrio barcelonés de Sants pudo cambiar un ‘rótulo’ y se destinó parte del dinero a ‘fotocopiadora y fax’ para varias sedes. En 1998, se compró un ‘equipo de informática’ y ‘material informático y de impresión’ destinado a la sede barcelonesa de la calle Brasil.

Además del material de oficina, los condenados también sufragaron las nóminas legales de militantes de UDC. Todos con cargos intermedios en el partido. Susana Díaz Martínez, Albert Colomer Serrat, Josep Gascón Castillo y Emilia Titos Fernández recibieron entre 1996 y 1999 -en años diferentes cada uno de ellos- el sueldo a través de las empresas de Pallerols para que trabajaran en las sedes del partido liderado por Duran i Lleida.

En el caso de Titos Fernández se dio la circunstancia que el pago de la nómina era para que trabajara el marido de esta, Martí Forest Capdevila, que fue presidente de Unió en Sils (Gerona) de 1994 a 2000, presidente comarcal de La Selva (Gerona), entre 1999 y 2000 y consejero nacional de la formación democristiana.

Todo movimiento bajo control de Pallerols

En cuanto al dinero desviado que fue a parar a los bolsillos de los cuatro condenados, al margen de Unió, la sentencia estableció que Vicenç Gavaldà ‘dispuso dinero en efectivo’ de la trama y otros, como Santiago Vallvé, lo recibieron a través de facturas por ‘servicios en realidad inexistentes’ pero ‘desconociéndose el destino último dado a esas cantidades’.

En la misma línea, ‘hubo cantidades destinadas a sufragar determinados gastos en los que incurrían responsables del departamento [de Trabajo], como algunos realizados en favor del propio Lluís Gavaldà y destinados a distintos fines’. La sentencia, incluso, va más allá y reconoce que ‘algunas de las cantidades desviadas acabaron siendo gestionadas o aprovechadas por terceras personas no acusadas, bien del partido, bien del departamento [de Trabajo], sin que haya resultado acreditado que tuvieran cabal conocimiento de que la aportación que les hacía el acusado Pallerols procediera de las subvenciones públicas y fuera fruto de los acuerdos alcanzados entre los acusados’.

Eso sí, todas las cantidades desviadas eran objeto de ‘un detallado y meticuloso control’ por parte del empresario andorrano que da nombre al caso judicial, quien ‘anotaba en diversos soportes documentales las cantidades desviadas y su destino, lo que facilitaba, posteriormente, la rendición de cuentas que anualmente llevaba a cabo Vicenç Gavaldà’. Un seguimiento, por cierto, que dejaba pocas dudas. El nombre de la cuenta contable recibió el clarificador nombre de: “UDC. Comisiones GCDT”.

Hay más. La sentencia de conformidad también recogió “otras cantidades desviadas cuyo destino final ha resultado comprobado”. Se compró e instaló ‘un ordenador y equipo informático’ en el Centro Cultural Gitano de la Mina, gestionado directamente por Lluís Gavaldà, y, por ejemplo, entre otras cosas, se compró un móvil y se pagó el consumo del mismo de Dolors Llorens, imputada en el caso pero una de las exoneradas de cualquier culpa en el acuerdo alcanzado.

Unió sí es responsable directo de 197.284,81 euros desviados

Los hechos relatados constituyen los delitos continuados de malversación de caudales públicos (Lluís Gavaldà), fraude de subvenciones (Pallerols, Vicenç Gavaldà y Vallvé) y falsedad en documento mercantil (Pallerols, Vicenç Gavaldà y Vallvé). Unió ha respondido como responsable civil subsidiario respecto de las cantidades debidas por Vicenç Gavaldà ya que este actuó en nombre del partido, cuando era uno de los miembros más importantes del mismo, secretario de Organización.

Por lo tanto, el partido democristiano tuvo que responder en calidad de partícipe a título lucrativo por 197.284,81 euros (32.825.431 pesetas) que han acordado como derivado del total de ‘los pagos por compra de material de oficina e informática para sedes de UDC’ y lo derivado del total satisfecho ‘en concepto de nóminas’ pagado a los militantes de UDC.

Según diversas fuentes, sin embargo, el pago total de los 388.484 euros (en forma legal, un pago solidario) fue hecho efectivo por el partido, como consecuencia de un préstamo solicitado para tal ocasión. Para cerrar el acuerdo, 300.000 euros de la cantidad total había sido ingresada en una cuenta judicial a nombre del perjudicado, la Consejería de Trabajo de la Generalidad, para ‘reparar el perjuicio patrimonial causado’. El resto (88.484 euros) más los intereses legales es la parte que falta por pagar.

A estas cantidades hay que sumar la parte correspondiente a la responsabilidad penal, que no afecta directamente a Unió Democràtica de Catalunya. El cálculo que hacen fuentes de la fiscalía sumna un total de 260.000 euros. Las penas fueron para Lluís Gavaldà: un año y seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo e inahbilitación absoluta durante tres años; Fidel Pallerols: siete meses de prisión con inhabilitación especial para la actividad comercial y cargos de representación y administración de sociedades mercantiles, una multa de 97.121 euros (con dos meses de prisión si no paga) y la pérdida de beneficios a través de subvenciones o incentivos fiscales durante un año y seis meses, por el fraude de subvenciones; y cinco meses y quince días de prisión o una pena de once meses con una cuota de diez euros diarios y una multa de dos meses y diez días a diez euros diarios, por la falsedad documental; Vicenç Gavaldà: siete meses de prisión con inhabilitación especial para la actividad mercantil y para cargos en sociedades mercantiles, una multa de 97.121 euros (con dos meses de prisión si no paga) y la imposibilidad de recibir subvenciones o incentivos fiscales durante un año y seis meses, por el fraude de subvenciones; y cinco meses y quince días de prisión o once meses a diez euros diarios y multa de dos meses y diez días a diez euros diarios, por falsedad documental; y para Santiago Vallvé: tres meses de prisión o una multa de seis meses a diez euros diarios y una multa de 48.561 euros (con un mes de prisión si no paga), además de la imposibilidad de beneficiarse de subvenciones o incentivos fiscales durante siete meses; y cinco meses y quince días de prisión o once meses a diez euros diarios y multa de dos meses y diez días a diez euros diarios, por falsedad documental.

Todo esto no solo quedó demostrado sino que fue aceptado por Unió Democràtica de Catalunya. Aceptación imprescindible para poder llegar al acuerdo con el Ministerio Fiscal. Unió sí fue condenada y sí se benefició del dinero desviado (aunque no haya sido mediante el ingreso en cuentas del partido) que tenía como destino la formación de personas en paro y trabajadores en activo, a través de tres empresas de Fidel Pallerols. Así lo reconoció en la sentencia de conformidad -resolución que han aceptado todas las partes- y eso ha sido necesario –es imprescindible que los acusados se declaren culpables– para evitar el juicio que nadie en la dirección del partido (ni en el PP) quería.