El auto del magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro es claro y contundente. Este juez considera que existen indicios de delito en las decisiones relativas a los ERE de los expresidentes de Andalucía Chaves y Griñán.  Y esto sucedió a lo largo de una década, sin que saltasen las instancias o sistemas que controlan, supuestamente, la legalidad de las decisiones tomadas por el gobierno andaluz, o por la dirección política de las comunidades autónomas.

La prevaricación supone tomar decisiones sabiendo que son injustas, y esto es algo de lo que el magistrado no duda en afirmar que, tanto Chaves como Griñán, lo han hecho en el ejercicio de sus cargos como presidentes de Andalucía. Y si bien, esta conducta activa patente o clara, conlleva hasta 15 años de inhabilitación, es algo muy grave, aunque no suponga pena de cárcel.

Parece que con los 140.000 folios del sumario del caso de los ERE  existe una información detalladísima, amplísima y muy profunda sobre todos los entresijos de esta trama de corrupción gigantesca en Andalucía.

Puede ser que Chaves y Griñán no supieran que se destinara dinero para enriquecer a terceras personas.  Pero aunque, quizás, no puedan ser culpados por malversación de fondos, el delito de prevaricación sigue existiendo.

Y otra cuestión decisiva es que se utilizó, por parte del gobierno andaluz, el sistema de transferencia de financiación para evitar los controles administrativos de las subvenciones a las empresas.

Estos son los datos básicos, pero lo que suscita numerosas reflexiones es que estas ilegalidades se hayan producido durante diez años, sin que nadie denunciara la situación.  Es como si el poder político, en ciertos casos, no estuviera sometido al imperio de la ley, y a una adecuada fiscalización y control.  Y esto me parece lamentable.

Un sistema de ayudas a empresas, claramente ilegal, como dice el juez campó a sus anchas en Andalucía durante el gobierno de Chaves y Griñán. Ahora, ya están imputados, de modo pleno, y no sirven las operaciones de disimulo y tergiversación de la realidad. Y esto, ya está produciendo consecuencias políticas para estas dos personas.

Este caso de los ERE o del fondo de reptiles asciende a una cifra astronómica de 855 millones de euros. Con prejubilaciones fraudulentas, ayudas ilegales a empresas, comisiones ilegales, etc.

El desprecio a la ética más elemental, y a las leyes ha sido tremendo, y merece que se aplique, todo el peso de la justicia, tanto a los altos cargos políticos, como a los demás que han cometido delito.

Este caso y el de los Pujol revelan la amplitud del enriquecimiento ilícito. O se ponen en práctica, lo más rápidamente posible, medidas de control efectivas, o seguiremos  viendo más casos, con frecuencia. Y la ciudadanía, ya está harta de que los corruptos malversen el dinero  que todos aportamos al estado. O eso parecen  decir las encuestas. y los sondeos más fiables y rigurosos que se realizan, y no me extraña.

La labor de gobierno de las 17 comunidades autónomas de nuestro país debe estar más vigilada, para que no sea posible saltar, alegremente, sobre  lo dispuesto por el ordenamiento legal vigente.