Trayvon Martin

William Márquez.- La muerte a tiros del joven negro Trayvon Martin en Florida, Estados Unidos, a manos de George Zimmerman, un hombre blanco de origen latino que fungía como vigilante voluntario armado de su vecindario, ha puesto en relieve las leyes de ese y otros estados que permiten el uso de fuerza letal si creen que alguien los amenaza de muerte o grave daño corporal.

La ley (conocida en inglés como Stand your ground) se ha traducido en algunos artículos como “Quieto o disparo” pero es más que eso, pues no implica que la supuesta víctima debe emitir una advertencia antes de actuar sino que tiene el derecho a reaccionar agresivamente contra su adversario en respuesta a lo que percibe como una amenaza.

Según el columnista del diario The Washington Post, Eugene Robinson, estas leyes dan permiso a “disparar primero y hacer preguntas después” y animan a individuos impulsivos a entrar en enfrentamientos con armas de fuego cargadas.

“Esto puede ser muy bueno para los fabricantes de armas y la NRA (Asociación Nacional del Rifle)”, escribió en una reciente columna, “pero muy trágico para la justicia estadounidense”.

Muchos analistas, abogados y expertos coinciden en que la gran cantidad de armas de fuego en circulación en el país -y la facilidad para conseguirlas y portarlas- combinado con períodos en los que cunde un ambiente de inseguridad y temor arraigados en estereotipos raciales crean el contexto para la promulgación de este tipo de leyes.

Retirada o enfrentamiento

Muchos otros países tienen leyes que contemplan la defensa propia pero en 21 estados de EE.UU., particularmente en Florida, el ciudadano tiene gran amplitud para utilizar la fuerza letal sin primero iniciar una retirada.

La ley en Estados Unidos tiene su origen en la llamada doctrina del castillo, que fue heredada de Inglaterra y sigue vigente, y básicamente estipula que la casa u hogar de un individuo es su castillo y que él tiene derecho a defenderse y utilizar fuerza letal contra alguien que entre ilegalmente y mientras exista un temor razonable de muerte o grave daño corporal.

“Si uno tiene el derecho a estar allí, no debería sentirse obligado a retirarse antes de usar la fuerza letal”, dijo hace unos días a la BBC el profesor Janet Malcolm de la Universidad de Derecho George Mason, en Virginia. “La idea es que si alguien está a punto de atacarlo, no tiene que dar la vuelta y huir. Se puede responder con fuerza a la fuerza”.

Sus partidarios afirman que además de salvaguardar los derechos legales de las personas inocentes obligadas a defenderse en situaciones donde se pone en riesgo su vida, la ley también disuade a la delincuencia. Pero no todos los expertos legales comparten esa visión.

Aunque la defensa personal es un derecho aceptado, según Brenda Smith, experta en asuntos de justicia criminal de la Universidad Americana de Washington, el primer deber del individuo que se siente amenazado es iniciar la retirada si puede.

“No le añada un problema a otro problema. Si hay una amenaza retírese, llame a la policía y espere. No tome la ley en sus manos”, comentó a BBC Mundo. “Eso es lo que hace un ciudadano de bien; depende de las fuerzas del orden y sólo si razonablemente teme por su vida toma acción”.
Demasiadas armas

Definir qué es una amenaza razonable resulta algo muy ambiguo, considera Smith. Añade que el exceso de fuerza que se utiliza para enfrentar esa amenaza es algo que se ha incrementado con la proliferación de armas en manos ciudadanas, fomentada particularmente por los fabricantes y la Asociación Nacional del Rifle (NRA), acérrimos defensores de la Segunda Enmienda de la constitución estadounidense, que garantiza el libre porte de armas.

“Hay que entender que estos son algunos de los grupos de presión más fuertes del país y son los que ha hecho lobby para ampliar las leyes de defensa propia”, aseguró.

La NRA abiertamente ha apoyado las impugnaciones a las regulaciones sobre la tenencia de armas. En uno de los casos más sonados la Corte Suprema revocó la ley que limitaba la compra de armas de fuego, el porte de armas no registradas, el porte de armas escondidas, así como la orden que dichas armas tenían que estar descargadas y desarmadas.

La profesora Brenda Smith asocia el relajamiento de las leyes con el lejano oeste y la figura del personaje tosco que hace alarde de sus pistolas y actúa sin importarle qué consecuencias puede haber para la comunidad. “Si uno tiene un martillo, todo lo ve como una puntilla. Si uno tiene un arma todo lo ve como un objetivo”, declaró.

La cantidad de armas en manos ciudadanas también influye en que algunos estados consideren que sea mejor enfrentar con fuerza letal la amenaza percibida que emprender la retirada, dice el abogado Stephen Saltzburg, profesor de derecho de la Universidad George Washington en la capital estadounidense.

“Como ellos lo ven, no se le puede pedir a un individuo que de paso atrás cuando no puede estar seguro de que la otra persona no esté armada y no le pegue un tiro cuando esté escapando”, señaló a la BBC.

Teniendo eso en cuenta, varios estados han ampliado la doctrina del castillo para incluir cualquier espacio que un individuo esté ocupando. “Puede ser la oficina, el automóvil o la calzada, no tiene que ser su casa”, declaró Saltzburg.

Contexto histórico

El abogado menciona que durante décadas los diferentes estados consideraron revisar y ampliar la latitud de la ley de “enfrentar la amenaza” y que hay casos en diferentes períodos que se vuelven emblemáticos e infunden un pánico generalizado que acelera y facilita la aplicación de estas leyes.

Brenda Smith de la Universidad Americana sugiere que se le puede dar un contexto histórico a estos períodos que coinciden con incertidumbre, vulnerabilidad, inclusive en momentos en que la población se siente más osada.

“Durante el período de la reconstrucción del sur (a finales del siglo XIX), cuando los esclavos fueron liberados, había todo tipo de milicias y la gente se estaba armando por temor de lo que podría suceder”, manifestó.

En los años 80 del siglo pasado, un neoyorquino blanco, Bernard Goetz, fue acusado de hacer justicia por su cuenta en los metros de la ciudad cuando hirió a tiros a cuatro jóvenes negros que lo intentaban robar.

Fue procesado pero al final solo pagó una dos tereceras partes de una condena de un año por no tener licencia para el arma. El caso es considerado como el inicio de un movimiento cívico en contra de la violencia urbana y de las campañas exitosas de la NRA en favor del porte de armas escondidas.

Smith recuerda que en 2005, el presidente George W. Bush entraba en su segundo mandato. “Un republicano con tendencia a apoyar el lobby de armas”.
Estadísticas raciales

Ese mismo año Florida ratificó la ley que permite al individuo enfrentar la amenaza percibida con fuerza letal. Le siguieron veinte estados más, todos dejándose llevar por un “ambiente de temor que se alimenta de las peores tendencias racistas en nuestro país”, según la experta en justicia criminal.

“Entre cada cinco a diez años se generan estas tormentas perfectas, con una economía débil, una sensación de vulnerabilidad, un sentido de ‘ellos contra nosotros’, de una ciudadanía temerosa que proyecta sus angustias hacia el hombre negro”.

Aunque hay muchas interrogantes con respecto a qué fue lo que sucedió en el incidente entre Trayvon Martin y George Zimmerman, no se puede ignorar el factor racial. “Es enorme”, afirmó el abogado Stephen Saltzburg.

Y en eso también participan las fuerzas del orden, asegura el profesor de leyes. “Que jóvenes negros son seleccionados para ser detenidos y cateados por policías u otros vinculados a la fuerza es algo real”, indicó.

Aclara, no obstante, que no lo hacen porque sean conscientemente racistas, lo hacen justificándose en las estadísticas que indican que la juventud negra tiene una tasa más alta que la blanca en la comisión de ciertos delitos. “Eso es moralmente ofensivo”, añadió, “nadie quiere ser tratado como una estadística que puede fomentar decisiones equivocadas”.