La cuenta está hecha y va a salir muy cara si Iñaki Urdangarin no se aviene a colaborar con la Justicia. La Fiscalía ultima su escrito de acusación en el que –a falta de conocer los informes que el viernes el juez reclamó a Hacienda– pedirá una pena de cárcel de 17 años para el yerno del Rey como autor de tres delitos fiscales, amén de malversación, fraude a la Administración y prevaricación. A pesar de lo abultado de la petición de Anticorrupción, lo cierto es que el Ministerio Público solo considera algunas agravantes y descarta, por ahora, imputar al duque de Palma dos delitos más (blanqueo y evasión) que hubieran llevado la acusación por encima de las dos décadas de prisión.

El borrador del escrito de acusación está ya encima de la mesa del fiscal del caso, Pedro Horrach, a la espera de que se practiquen las últimas diligencias del ‘caso Nóos’ y se concluya el sumario, algo que, si se cumplen los siempre optimistas cálculos del juzgado, ocurriría este verano o a principios del próximo otoño. Las acusaciones de Horrach –explican fuentes judiciales– no serán definitivas hasta que se celebre el juicio. La Fiscalía sigue a la espera de que Iñaki Urdangarin se avenga a colaborar, a confesar los delitos que se le atribuyen y a devolver buena parte de los seis millones de las administraciones balear y valenciana que el duque y su socio, Diego Torres, presuntamente se embolsaron irregularmente.

Por ahora, Iñaki Urdangarin se ha negado en redondo a reconocer que ha cometido algún delito y todas las aproximaciones de su abogado, Mario Pascual Vives, a Anticorrupción para cerrar algún pacto se han visto frustradas. En cualquier caso, la Fiscalía, aun con un acuerdo de conformidad, seguiría pidiendo un mínimo de cuatro años de cárcel, lo que, antes o después, llevaría al yerno de de don Juan Carlos a pisar la cárcel durante un tiempo.

El Ministerio Público no rebajaría más porque los delitos son graves y las pruebas contundentes. La acusación más preocupante para el futuro del exdeportista es la de malversación, para la que el Código Penal establece penas de entre cuatro y ocho años. Anticorrupción, si no hay pacto, se va a ir a los ocho años, al considerar que la malversación de Urdangarin y Torres es un «subtipo agravado» porque el delito es de «especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público». La acusación pública recordará en su escrito que los dos dirigentes de Nóos ni han reparado ni han confesado haber destinado a sus bolsillos el dinero público de ocho convenios empresariales deportivos firmados con las administraciones valenciana y balear (Illes Balears Forums, Valencia Summits y los seguimientos al equipo ciclista de las islas).

En el escrito de acusación se contemplará, además, que esa malversación fue en «concurso medial» con la falsedad documental porque se valió de un constante flujo de facturas falsas cruzadas que Urdangarin y su socio usaban para facturar a Nóos con sus propias empresas por trabajos ficticios.

«Continuado»

El fraude a la administración (la concertación para defraudar a las arcas públicas) está penado con entre uno y tres años. Y, también en este delito, la Fiscalía se irá al máximo, tres años. Anticorrupción considera que fue un «delito continuado», puesto que el fraude se cometió en, al menos, tres años consecutivos (entre 2004 y 2006) cuando tuvieron lugar los convenios de las dos administraciones.

Más benevolente va a ser la Fiscalía con los tres delitos fiscales de los que va a acusar al marido de la infanta Cristina. Aunque estos ilícitos se penan con cárcel de entre uno y cinco años, Anticorrupción apunta a un grado medio (dos años por cada ilícito, seis en total), al entender que son tres delitos independientes, sin continuidad, y que, sobre todo, Urdangarin y su socio no usaron personas interpuestas (testaferros u hombres de paja) para defraudar, lo que hubiera obligado a usar la horquilla superior de pena. El primer delito contra la Hacienda Pública será el que supuestamente cometió como responsable del Instituto Nóos en 2007 con el Impuesto de Sociedades, girando facturas falsas. El segundo, también en ese año, por haber tributado a través de Aizoon, la empresa que comparte con la infanta, 645.453 euros de sus trabajos de asesoramiento a seis empresas, cuando debía haberlo hecho en su IRPF y no como impuesto de sociedades. El tercero es la misma práctica pero en el ejercicio fiscal de 2008, cuando facturó a través de Aizoon 494.156 euros por sus trabajos privados.

El cuarto ilícito del que Anticorrupción va a acusar a Urdangarin es el de prevaricación por haber aceptado la firma de los convenios a sabiendas de que era un acto ilícito al haberse saltado el concurso público. Este ilícito no agravaría la situación penal del duque, ya que no comporta cárcel, sino penas de entre siete y diez años de inhabilitación.

En un principio, el fiscal Pedro Horrach también barajó la posibilidad de sentar en el banquillo al duque por un delito de blanqueo y otro de evasión fiscal. Aunque esas acusaciones aún no están descartadas totalmente, es muy improbable que finalmente se formulen. En el tema del blanqueo (aflorar dinero ilegal) no hay pruebas de que el yerno del Rey se concertara para poner en marcha una maquinaria para el lavado de los beneficios ilícitos.

Y en el asunto de la evasión fiscal (que en realidad sería el cuarto delito contra Hacienda), la cantidad defraudada es el mínimo (120.000 euros) para la tipificación de ilícito. La investigación ha constatado que, efectivamente, Urdangarin cobró al menos 140.000 euros en una cuenta de Suiza de los 375.000 que le pagó por dudosos servicios de asesoramiento en 2008 y 2009 la empresa Aguas de Valencia (Agval). Y que para ello, se valió de testaferros. No obstante, esos 140.000 euros habría que dividirlos en dos ejercicios (70.000 euros), lejos de los 120.000 euros que implicarían delito.