La Fiscalía Superior de Andalucía, con sede en Granada, se ha mostrado disconforme con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha condenado al juez de Familia de Sevilla Francisco Serrano a dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación culposa y estudia actualmente si anunciar o no recurso al fallo.

Según ha informado el fiscal Arturo Gómez Pardo, que defendió la posición del Ministerio Público en el juicio que se celebró en el Alto Tribunal Andaluz la pasada semana, la Fiscalía Superior dispone de cinco días hábiles, a contar desde este 14 de octubre, para anunciar la interposición de recurso, si bien será la Fiscalía del Tribunal Supremo quien tiene la última palabra al respecto.

Así, independientemente de lo que decida la Superior, la del Supremo es la que tiene que elaborar, en su caso, el recurso contra el fallo del TSJA, que se notificó este jueves a las partes. “No sería la primera vez que nosotros anunciamos un recurso que después la Fiscalía del Supremo no presenta al entender que no tiene suficientes elementos para interponerlo”, ha señalado Gómez Pardo.

Sobre el contenido de la sentencia, el fiscal ha afirmado que el Ministerio Público “no puede estar conforme” con los argumentos que en ella se exponen puesto que, pese a que en un principio solicitaba 10 años de inhabilitación para el juez, el transcurso del juicio le llevó a modificar sus conclusiones hasta pedir la libre absolución. No obstante, Gómez Pardo ha precisado que, de las tres posibilidades que se ofrecían al tribunal, la sentencia se decanta más con lo expuesto por la Fiscalía.

“Es la posibilidad que más se acerca a nuestro criterio, puesto que se ha considerado que los hechos se enmarcan en una prevaricación culposa, aunque nosotros entendíamos que la resolución dictada –por la que el juez Serrano modificó el turno de custodia a un menor para garantizar su salida en una procesión de la ‘Madrugá’ sevillana– podría ser alegal pero no manifiestamente injusta, como finalmente sí ha estimado el tribunal”, sostiene Gómez Pardo.

En lo que se refiere al indulto parcial que el TSJA acuerda solicitar al Gobierno para rebajar la pena impuesta al procesado a seis meses de inhabilitación, el fiscal considera este extremo “cuando menos chocante”.