Participantes en una manifestación contra el aborto

La portavoz de la plataforma pro-vida Derecho a Vivir (DAV), Gádor Joya, señaló que eliminar la financiación pública del aborto ahorraría a España más de 57 millones de euros, es decir, más de 72 millones de dólares.

Joya explicó que el ahorro sería de “unos 57,5 millones de euros” y propuso al Gobierno utilizar ese dinero para un programa de ayuda integral a la maternidad, con especial atención a los casos de “embarazos inesperados”.

Además, indicó que el aborto “no debería dejar de financiarse sólo en el caso de los plazos, sino también en el caso de volver a un sistema de supuestos despenalizados” porque, a su juicio, si el Sistema Nacional de Salud no cubre totalmente una prótesis de cadera “mucho menos puede subvencionarse el aborto”.

“A veces tenemos la sensación de que el Gobierno no quiere enfrentarse a la dura realidad. El aborto supone la muerte cruel y violenta de un ser humano. Ni cura ni previene una enfermedad, y por ello no puede ser reconocido como una prestación sanitaria”, añadió.

La portavoz de DAV dijo que el Gobierno “tiene que mover ficha ya” porque cada día mueren 300 niños y desde la toma de posesión del nuevo Gobierno, se han perdido 40.500 vidas.

En esta misma línea, el Foro de la Familia y DAV han solicitado la modificación de la ley del aborto con carácter de “urgencia” para dejar de financiar con fondos públicos los abortos que se practican en España, ante el anuncio de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, de que el Sistema Nacional de Salud seguirá dando cobertura a esta práctica.

El Foro de la Familia ha solicitado al Gobierno que derogue “a la mayor brevedad posible” los artículos 18 y 19 de la ley que obligan a los servicios públicos de salud a garantizar el derecho a la prestación sanitaria del aborto.

El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, propone “incorporar esta previsión vía enmienda a la Ley de Presupuestos o incluirla en alguno de los decretos leyes que se están aprobando en materia de gasto público”.

“No hay que esperar a la tramitación de la nueva regulación en materia de derecho a la maternidad anunciada por el Ministro de Justicia, pues es una reforma puntual que afecta al gasto público y que encajaría perfectamente con el resto de medidas que se están adoptando por el Gobierno en materia presupuestaria respecto a la sanidad”, indicó.

Para Blanco, la previsión contenida en los mencionados artículos de la ley “repugna profundamente a la conciencia de muchos ciudadanos españoles que se ven obligados a financiar con sus impuestos una práctica totalmente inaceptable para ellos”.

Además, aseguró que “resulta especialmente incongruente que la misma ley haya desvinculado el aborto de toda situación de enfermedad o problema de salud convirtiéndolo en un derecho ejercitable a petición de la mujer sin causa médica alguna”.