José María Manrique.- En España y en Europa el aborto ha pasado a ser la primera causa de defunción. Uno de cada diez abortos de Europa se practica en España, nación que lidera la lista de países europeos en los que más ha crecido el aborto, con un 126% (49.578 en 1997, 112.138 en 2007, 115.812 en 2008, 111.482 en 2009).

Al aborto hay que sumar, en la destrucción de la población española, entre otras cosas, “la plaga terrible del divorcio” (Cardenal Cañizares dixit), Express o no, y el fomento de la homosexualidad. Sobre estos temas solo quiero recordar que no han sido únicamente las políticas de izquierda las causantes, pues desde posiciones eclesiales (ver más adelante las de monseñor Amigo) o de partidos políticos de Centro-Derecha se han dado importantísimos pasos contra la familia. Veamos solo unos ejemplos.

La sanción real apareció ya la Ley 30/1.981 del divorcio (“Ley Fernández Ordóñez”, Ministro de Justicia del Gobierno de UCD, con Adolfo Suárez, procedente de Acción Católica, como Presidente del Gobierno). Ya fallecido el Cardenal Tarancón, el que fuera su secretario, el padre Martín Patino, S.J., presentó las “Memorias” del Cardenal, en las que se subrayaba con orgullo (sic) que la “ley del divorcio”, había sido obra suya… impulsando y abanderando la reforma desde su condición de Presidente de la Conferencia Episcopal Española (ver: http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1995/03/16/076.htm)… Con la UCD (germen del actual PP) y sus ministros social-cristianos, pues la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) se convirtió entonces en el verdadero baluarte de la Democracia Cristiana española y muchos de sus miembros fueron ministros en los gobiernos de Adolfo Suárez”, no sólo se dieron pasos contra las familias numerosas y el matrimonio, sino otros tales como la autorización del juego (casinos, bingos y tragaperras), liberalización de la prostitución, despenalización del adulterio, permisión de la pornografía, etc. A pesar de ello, y al menos en teoría, Suárez y Fernández Ordóñez (“católico-abortista” confeso y posterior tránsfuga al PSOE) engañaron a Tarancón y en muchos de los límites del divorcio pactados con él. Aunque de Tarancón se dice que anunció que “las anulaciones serán más rápidas que los divorcios”. El cambio legislativo fue ratificado luego en el Vaticano (trámite imprescindible, al ser materia incluida en el Concordato).

Vuelvo a recordar el silencioso y “eficacísimo” aborto químico (la píldora poscoital tiene un 30% de fallos); desde que en España se introdujo la “píldora del día después” el número de dosis distribuidas en hospitales y farmacias aumentó de 160.000 en 2001, a 506.000 en 2005. Apenas si hay más datos públicos, pero otros indicios son que en Zaragoza han repartido 3.000 píldoras del día después en nueve meses, a partir de 2006, y que Cataluña ha distribuido, gratuitamente y sin receta (cosa que se exige para el antibiótico más vulgar), más de medio millón de píldoras del día después en cuatro años. También los centros del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid regalan la PDD, e incluso el Alcalde Gallardón la ha distribuido a menores sin el consentimiento de sus padres. 2.000 píldoras postcoitales se estimaba que se suministraban al día en España a mediados de 2010 [6]. ¿Estamos hablando de otro millón de abortos?. Desde agosto de 2009 la(s) PDD(s) se suministra en las farmacias españolas sin receta médica [7], lo que elevará el aborto químico a cotas aun más dramáticas y suicidas.

El aborto multiplica por tres la incidencia del suicidio en las mujeres. La tasa de defunciones por suicidio se elevan, en el caso de las adolescentes que abortaron, a casi 35 por cada 100.000, proporción tres veces mayor a la de las mujeres fértiles que no abortaron, según una investigación divulgada en Finlandia. La institución abortista más importante del mundo, la Federación Internacional de Planificación Familiar de Estados Unidos, ha afirmado que “la incidencia del trauma post-aborto puede llegar a alcanzar hasta al 91% de los casos”. En nuestra Patria el suicidio es la primera causa de muerte en mujeres de 30 a 34 años; hay que tener en cuenta que en nuestra patria los suicidios causan ya más muertes que el tráfico; lógicamente, la oscuridad más absoluta rodea estos temas y es imposible precisar más. Por último, trataré de aproximarme a los asesinatos que conlleva la reproducción asistida y prácticas conexas.

En España se realizan 80.000 tratamientos de fertilidad al año y en cada uno de ellos el número de embriones que se producen, para tener seguridad en el proceso, varían pero pueden rondar entre un mínimo de los tres por ciclo legales y la media docena. Por todo ello, el número de embriones almacenados en las clínicas ha debido ser elevadísimo. Como ejemplo, Ana Pastor, la ministra del Partido Popular (PP) que legalizó en 2.001 la utilización de embriones, se ufanaba públicamente de haber “regalado” cientos de miles a la Junta de Andalucía: “dije a Bernat Soria toma, ahí tienes 300.000 embriones para investigar”.

Con relación a la investigación con embriones humanos, aprobada por el PP (Ley 45/2003), el Sr. Mingo Zapatero, ponente del PP, dijo (Diario del Congreso de los Diputados, 16/10/03, pág. 15111):“Con la reforma damos solución a un problema y de esta solución se deriva la apertura a la investigación” (con células embrionarias), y la Sra. Roldos Caballero, también ponente del PP, amplió:“Hemos sido nosotros, el Partido Popular, los que hemos abierto esta puerta a la investigación en nuestro país con células madre embrionarias” (Diario del Congreso, 6/02/06, pág. 7574).

La actual Ley 14/2006 de Reproducción Humana Asistida (poco combatida por el PP, el cual previamente permitió, mientras estuvo en el poder, la “utilización para investigación” de embriones congelados) abre las puertas a la utilización de embriones con fines industriales y cosméticos, permite el “bioadulterio” y el incesto genético, y autoriza la producción de “cruces” entre animales y humanos. En España había a comienzos de 2006 unos 200.000 embriones congelados..El Parlamento Andaluz (de mayoría socialista) aprobó, a finales de marzo de 2007, la primera “Ley de Clonación Terapéutica” española, una norma que permite lo que prohíbe el Código Penal, asimismo elaborado por el socialita Juan Alberto Belloch: crear embriones humanos -por transferencia de núcleo, no como resultado del fecundación “in vitro”- para reproducir tejidos que puedan ser utilizados en terapia.

La asociación Mujeres Damnificadas por la Fecundación In Vitro, para quienes esta técnica “les ha amargado la vida”, pues tienen hijos congelados que nunca llegarán a nacer, se niega a que se investigue con ellos hasta que finalmente sean destruidos; la portavoz Rosa García declaró que a ella le quedan cuatro hijos congelados y que “no puede superar la angustia de pensar que van a morir”. En este sentido, tras el anuncio del nacimiento en Sevilla, el pasado día 23 de julio de 2006 y costeado por la Sanidad Pública en Andalucía, de una niña sin la enfermedad hereditaria “de Duchenne” (gracias a las técnicas de Diagnóstico Genético Preimplantatorio, DGP), se supo que su vida supuso la muerte de 684 embriones hermanos suyos, según algunas fuentes, mientras que otras (semanario ALBA nº 95) dicen que para cada dos casos favorables ha habido que sacrificar cerca de 46 embriones. Asusta pensar en el número total de vidas humanas asesinadas por estos mecanismos.

Conviene recordar que el ideológico y manipulado lenguaje impuesto por el “Nuevo Orden Mundial” sólo acepta como aborto aquel que se comete por medios quirúrgicos. Por eso, Melinda Gates asegura que su fundación no promueve el aborto ni desea entrar en la discusión política sobre su legalización, considerando que el ideal es que las mujeres pobres, especialmente las africanas, dispongan de “anticonceptivos” en forma de implantes, inyecciones y parches “que aseguran la planificación familiar durante largo tiempo”, productos que, en realidad, son todos abortivos químicos total o parcialmente. La “Fundación Bill y Melinda Gates” fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en mayo de 2006.

Por todo ello, ¿de qué enorme genocidio estamos hablando?, ¿cuatro millones de abortos?España se ha convertido en un inmenso matadero, auténtico “holocausto” de inocentes, donde la ONU, la UNESCO, los EE. UU y gobiernos de izquierda, derecha y centro han diseñado una propaganda demagógica interesada que ha convencido a nuestra sociedad de la bondad del aborto [12], tanto que una parte muy importante de los españoles está de acuerdo la ampliación de la ley del aborto (el tendencioso “Publiscopio” indicó que un 59,2% de población apoya reformar la normativa sobre interrupción voluntaria del embarazo).

En marzo de 2010 la Sociedad Española de Contracepción dijo que la mitad de las adolescentes españolas embarazadas normalmente decide abortar, y eso sin tener en cuenta los abortos químicos por PDD y similares.

Pero, además, y aunque ello sea lo menos importante en esta tragedia pavorosa y suicida, el costo económico para la empobrecida España es elevadísimo. Por hablar solo del dinero invertido a financiar los abortos por cualquier procedimiento, y como indicio de los costes totales, la Junta de Andalucía invertirá 7.000.000 € en financiar los quirúrgicos.El aborto, la moral sexual hedonista y pervertida, y las suicidas políticas sociales, han convertido a la mayoría de los países del “Occidente Antes Cristiano”, en países “viejos” y sin viabilidad como tales, no siendo asumible como solución la inmigración, pues sobre no resolver el problema acarrea otros, entre los cuales no es el más pequeño el de la pérdida de identidad nacional.

Despenalización del Aborto en España: Incongruencia y paradoja criminal

El aborto forzado sigue siendo delito en España, lo cual prueba que incluso jurídicamente el feto es un ser distinto a la madre y tiene derechos, porque no existen por ejemplo leyes que castiguen curar, por ejemplo, una apendicitis a la fuerza:

CODIGO PENAL. TÍTULO ii, DEL ABORTO

Artículo 144. El que produzca el aborto de una mujer, sin su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de tres a diez años.

Las mismas penas se impondrán al que practique el aborto habiendo obtenido la anuencia de la mujer mediante violencia, amenaza o engaño.

Artículo 145.1. El que produzca el aborto de una mujer, con su consentimiento, fuera de los casos permitidos por la Ley, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de uno a seis años.

2. La mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, fuera de los casos permitidos por la Ley, será castigada con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses.

Artículo 146. El que por imprudencia grave ocasionare un aborto será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses. Cuando el aborto fuere cometido por imprudencia profesional se impondrá asimismo la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de uno a tres años.La embarazada no será penada a tenor de este precepto.

EL AUTOR

*José María Manrique es coronel de Artillería y colaborador de AD, diplomado de Estado Mayor, autor de varios libros sobre temas de historia militar española moderna: ‘Las armas de la guerra civil’, ‘La guerra 1936-39 en Sigüenza’, ‘Sáhara Español, una historia de traiciones’, ‘Sangriento combate en Edchera’, ‘CETME’, ‘Las Armas de Destrucción Masiva y la Protección Civil en España’, entre otros muchos.