En España hay miles de niñas que corren el peligro de ser víctimas de la mutilación genital femenina, una práctica ancestral que los inmigrantes subsaharianos han importado y que varias ONG y organismos públicos luchan por erradicar.

Se trata de hijas de inmigrantes senegaleses, malienses o nigerianos, entre otros, a quienes la tradición manda extirpar el clítoris y los labios vaginales como parte de su transición a la edad adulta, para mantenerse limpias, castas y apetecibles para los varones.

Este lunes, 6 de febrero, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Tolerancia Cero a la Ablación, una práctica reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos por la que, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año 5 millones de niñas sufre la extirpación parcial de sus genitales externos.

En España no existen datos oficiales, pero expertos de la Universidad Autónoma de Barcelona calculan que hay entorno a 10.000 niñas en riesgo de sufrir una ablación, todas ellas procedentes de alguno de los 27 países del mundo (la mayoría de la franja subsahariana) en los que esta práctica está muy extendida.

Proteger a las víctimas potenciales de ablación

“Cuando ves una mutilación genital por primera vez te quedas en estado de shock; cuando ves que sucede en España comprendes que tienes que luchar contra ello como sea”, asegura la subinspectora de los Mossos d’Escuadra, Rosa Negre, que encabeza la operación para erradicar esta práctica en Cataluña.

Responsable de la Unidad de Proximidad y Atención al Ciudadano de los Mossos d’Escuadra en Gerona, Negre participó en la redacción de un protocolo de actuación que coordina la labor de educadores, personal sanitario, policial y judicial para proteger a las niñas pionero en España.

“Todos estamos pendientes de las niñas y atentos a su evolución: médicos, enfermeras, maestros; en cuanto sospechamos un cambio actuamos”, explica del funcionamiento de este programa por el que, el año pasado, se abrieron diligencias a 25 familias en Gerona impidiendo así la posibilidad de ablación de 36 niñas.

Se trata de un programa de “absoluta proximidad” que se basa en el poder disuasorio de la ley y en una intensa labor pedagógica con las familias.

“No vale con amenazar con la ley y la cárcel, hay que convencer a madres y padres de que la ablación es mala para la salud de sus hijas, que es un atentado contra su integridad y que tiene profundas secuelas físicas y psicológicas”, explica.

Así, Negre no sólo ha impartido seminarios, conferencias y charlas, sino que ha llegado a visitar personalmente las casas de emigrantes a punto de irse de vacaciones a sus países de origen con sus hijas.

La subinspectora les insta a firmar un documento por el que se comprometen a que su hija volverá intacta y les advierte de que el Código Penal establece penas de entre seis y doce años para quien realice, consienta o facilite la ablación, incluso si ésta se realiza fuera de España.

Prueba de ello es la condena a seis años de prisión que la Audiencia de Teruel impuso el pasado mes de noviembre al padre de una niña nacida en Alcañiz (Teruel) que fue sometida a la ablación a la edad de ocho meses en Gambia, un país en el que ocho de cada diez niñas sufre mutilación genital femenina.

“La ley es muy buena, porque no sólo es disuasoria, les sirve a ellos de justificación ante sus familiares y vecinos de por qué no someten a sus hijas a un procedimiento que es supuestamente normal y beneficioso para las niñas”, apunta Negre.

Cataluña, el ejemplo

El programa catalán es la envidia de otras comunidades autónomas como Andalucía, Valencia, Madrid o País Vasco en las que residen inmigrantes de países de riesgo pero “muchos menos y más dispersos, lo que hace más difícil su seguimiento”, reconoce Casilda Velasco, experta matrona, profesora de Enfermería en la Universidad de Jaén y voluntaria de Medicus Mundi Andalucía.

Esta ONG imparte cursos de formación y sensibilización para personal sanitario y ha editado unas guías sobre la mutilación genital femenina y cómo prevenirla para “concienciar a la sociedad de que el horror de la ablación también se produce en España”.
Velasco subraya que en España no solo hay que luchar contra las creencias de los inmigrantes, también contra quienes piensan que se trata de un tema tradicional propio de otras culturas que hay que respetar, aunque ésta es una actitud cada vez más minoritaria.

Pero en Andalucía “falta dar el siguiente paso: llegar a la comunidad y trabajar con las asociaciones de mujeres inmigrantes, sólo ellas pueden acabar con esta horrible tradición”, explica Velasco, quien ha trabajado 30 años en África y sabe bien de la influencia de los mayores.

Así, recuerda el caso de una familia de Burkina Faso en que los padres habían impedido la ablación de su hija de 18 años, pero un fin de semana que regresó a su pueblo “las viejas del poblado la cogieron y se lo hicieron a la fuerza”.

“Las abuelas africanas tienen muchísima importancia y la presión social para mutilar a las niñas aunque vivan en España es muy grande”, advierte Bombo N’dir, una activista senegalesa que lleva 13 años viviendo en España y es vicepresidenta del Equipo de Sensibilización contra las Mutilaciones Genitales Femeninas (EQUIS).

N’dir explica que las mujeres más jóvenes están más abiertas a comprender que esta tradición tan valorada es en realidad fuente de tremendos dolores, infecciones y problemas sexuales y de salud.

“Cuesta más convencer a la mujer recién llegada y mucho más difícil trabajar con los hombres porque tienen un desconocimiento total de la mujer y estás hablando de cosas de las que no se habla jamás”, subraya esta activista convencida de que con mucha pedagogía y trabajando también en los países de origen es posible erradicar esta práctica ancestral sin fundamento médico ni religioso.