El Tribunal de Cuentas ha constatado que muchos de los contratos que el Gobierno adjudicó con motivo de la presidencia española de la UE en el primer semestre de 2010 se concedieron sin la publicidad con la que habrían de haberse tramitado.

Este órgano concluye que la utilización con “carácter general” del procedimiento negociado sin publicidad para resolver la adjudicación “podría haber limitado el cumplimiento efectivo de los principios de publicidad, concurrencia y transparencia que deben regir la contratación pública”. Así se afirma en el informe de fiscalización de los gastos derivados de la presidencia española de la UE.

De los 52 contratos que los ministerios de Presidencia y Asuntos Exteriores concedieron para la celebración del semestre europeo, 47 fueron adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad y los restantes, de forma abierta.

A 33,6 millones de euros ascendió el montante de todos ellos, de los que 32,2 correspondieron a los adjudicados sin publicidad, según el informe.

El Gobierno alegó motivos de “imperiosa urgencia” en la concesión de catorce contratos (todos del Ministerio de la Presidencia), de los que trece tenían como fin la adecuación de espacios para la celebración de eventos y reuniones.

Según el Tribunal, en esos casos “no ha quedado acreditado” que la urgencia invocada “fuera consecuencia de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación”. “Una adecuada programación habría permitido conocer la fecha y el lugar de celebración de las reuniones con la antelación suficiente para adjudicar los expedientes por el procedimiento abierto”, argumenta.

En quince contratos (la mayoría para la cesión de recintos donde celebrar reuniones), el Gobierno se acogió a la opción que ofrece la ley para adjudicarlos sin publicidad por razones técnicas cuando solo puede encomendarse a un empresario determinado.
Evaluados los lugares en los que se podían organizar, “solo uno satisfacía todas las necesidades planteadas”, señalaba el Ejecutivo en los expedientes de contratación. Para otros contratos adjudicados sin la oportuna publicidad, el Gobierno adujo motivos de seguridad.

Así, en el del suministro de corbatas y pañuelos con el logo de la presidencia española, se alegó que la ejecución del contrato requería la protección de la confidencialidad del emblema para que los medios de comunicación no lo conocieran de forma anticipada. Los demás contratos no publicitados se justificaron por su menor cuantía, como establece la ley.

Una planificación “deficiente”

El Tribunal de Cuentas cree que el Ministerio de la Presidencia planificó de forma “deficiente” las actividades del semestre, lo que provocó “el retraso con el que se inició la tramitación de la mayoría de los expedientes”.

Por ello, recomienda al Gobierno que ante eventos similares, adopte medidas para programar el calendario de actos con “la antelación suficiente” y la adjudicación se haga con publicidad, transparencia y concurrencia.

La presidencia española tuvo un coste de 57 millones de euros, que suman los gastos de los tres ministerios que tuvieron un papel más destacado: Presidencia (42,1), Exteriores (9,8) e Interior (5,1).

El Tribunal objeta que este importe no incluya los gastos de otros departamentos que organizaron eventos en ese semestre, ni los financiados por las comunidades autónomas, ayuntamientos, otras instituciones y patrocinadores.

El Gobierno previó un presupuesto de 94,3 millones, muy alejado de las necesidades reales, según el órgano fiscalizador, que, no obstante, valora que el gasto final fuera “muy inferior” al de las presidencias precedentes de Suecia (94 millones), República Checa (126) y Francia (151 millones).

Algunas de las cumbres programadas no llegaron a celebrarse, como la de la UE-Estados Unidos y la de la Unión por el Mediterráneo.

Entre las deficiencias que se destacan en el informe, está la contratación directa de un servicio de chárter privado, por importe de 130.000 euros, para el único desplazamiento del entonces ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, que no utilizó un avión del Ministerio de Defensa por no haber ninguno disponible.

Según el Tribunal de Cuentas, “se incumplió” la Ley de Contratación del Sector Público “en cuanto a la tramitación del expediente y a la adjudicación y se omitió la fiscalización previa del gasto”.