Santiago Abascal.- Al igual que en una familia, en la que los hijos sólo procuren financiación para sus proyectos y ambiciones personales al margen –y con desconocimiento y desaprensión– de los ingresos de los progenitores, el Estado autonómico ha hecho anidar en las élites dirigentes regionales y en una parte significativa de la población el espíritu del egoísmo localista y el desentendimiento suicida de los asuntos comunes. También el desconocimiento de la magnitud de los fondos de todos.

Universidades en el felpudo de casa, aeropuertos a tutiplén, Alta Velocidad por doquier y televisiones autonómicas como churros; era cuestión de tiempo que el maná se agotase. Lo hemos querido todo, multiplicado por autonomías e incluso por provincias, respondiendo a los urgentes intereses electorales de la política autonómica, mientras hemos visto el interés común como una peligrosa antigualla franquista en el mejor de los casos.

Hoy sabemos mayoritariamente que este Estado desarticulado merece el veredicto de culpable, entre otras cosas por los insostenibles y desmesurados 3.088.400 sueldos públicos en un país con casi 16 millones de cotizantes en el sector privado; el veredicto de culpable por los gastos duplicados y el veredicto de culpable por los odiosos gastos identitarios que han minado la conciencia nacional de nuestros gobernantes y de una parte de nuestros conciudadanos.

No es casualidad que los peores datos de déficit y deuda los acumulen las tres comunidades que han reformado sus Estatutos en esta Legislatura desde ópticas puramente localistas y espurias: Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. Y no es casualidad que el Estado autonómico represente hoy ante los ojos de muchos españoles el Estado de Bienestar de los partidos a los que brinda la posibilidad de nombrar a dedo a más de 200.000 personas.
Aconsejo ampliar los datos en el magnífico estudio «España en crisis», publicado por el Colegio Libre de Eméritos en 2010 (www.colegiodeemeritos.es).Hacer viable el Estado autonómico mediante la reforma de su configuración –tal es lema de nuestros días– está muy bien pero la clave es hacer viable el Estado nacional recuperando para éste sus funciones esenciales. Las autonomías son un medio para el bienestar general y no un fin en sí mismo.
La potencia de España está en su unidad, y su salvación en la reunificación competencial, en la clara limitación de las funciones de cada administración, y en la indiscutible prioridad de la decisión del Estado sobre las autonomías, de lo común sobre lo privado, de la democracia española sobre las mini-democracias localistas que transforman la democracia de todos en una suerte de anarquía de regiones, provincias y municipios, en las que el clientelismo electoral se hace tan odiosamente cercano al ciudadano como lejano al bien común.
Reforma o muerte por autonomismo. He ahí la cuestión del 21-N.

*Presidente de Denaes.