El casamiento de Jony (sic) y Javier, una pareja homosexual que reside en Badajoz , está en estos momentos en el aire. Las bodegas Viña Santa Marina, ubicada a unos 8 kilómetros de Mérida, ha anulado la celebración del enlace y el respectivo banquete en sus instalaciones después de que el socio mayoritario de esta institución, Álvaro de Alvear, un hombre de sólidas convicciones morales, se enterase de que los contrayentes son dos hombres.

A partir de aquí, el linchamiento a un hombre coherente con sus principios; los mismos principios que mantenía la mayoría de los españoles hasta hace poco. Los hechos fueron denunciados públicamente ante los medios de comunicación por la Fundación Triángulo, que representa al colectivo gay y lésbico de Extremadura. El presidente de dicha organización, José María Núñez, explicó que se trata de un «claro caso de discriminación homófoba por parte del responsable de esta bodega, que ha manifestado con claridad que la decisión la ha tomado alegando reservas de tipo moral, ya que son homosexuales», señaló Núñez.

Los jóvenes, que según Núñez tienen entre 25 y 30 años, cerraron el acuerdo con dicha bodega a mediados del mes de octubre. La ceremonia civil y el convite tendrían lugar el próximo 11 de noviembre en este espacio. Entonces, incluso, determinaron el pago que iban a realizar por el uso de las instalaciones. Pero apenas 15 días después, la enóloga de las bodegas, Yolanda Piñero, que ha sido la encargada de estar en contacto con los protagonistas del evento, les comunicó que el responsable y principal socio de la bodega había rechazado que tuviese lugar la boda en este espacio.

Según destacó Núñez, que ayer habló con la enóloga, «ella es una mera intermediaria que ha acatado las órdenes que proceden de su superior. La pareja ha asegurado que en todo momento ha sido atendida con el máximo respeto», dijo. Núñez dio a conocer la situación de los novios, que no quisieron estar presentes en la rueda de prensa por cuestiones familiares y laborales. «Para ellos está siendo muy difícil y duro. Están destrozados», añadió la empleada.

De momento, la idea de Jony y Javier es, además de realizar la denuncia social por mostrar una actitud homófoba, interponer una demanda al responsable de las bodegas mediante las dos vías posibles que hay en estas circunstancias: la jurídica y ante consumo. En su mano tiene el PP acabar de una vez con esta aberración legal que criminaliza los principios en vez de protegerlos.

«Los novios lo tenían todo organizado, el catering contratado y las invitaciones enviadas. Cuentan con más de 200 asistentes y muchos ya tienen reservado el alojamiento en Mérida», apunta Núñez. Por este motivo, los afectados pretenden seguir adelante con sus planes de boda y festejar el enlace pese a los contratiempos.

Incluso, algunos locales de Mérida se han ofrecido a organizar la cita. «Quieren casarse, sea como sea. Por ello, están barajando en estos instantes las posibilidades y las soluciones que tienen a su alcance, teniendo en cuenta que faltan menos de 10 días para la celebración y la premura con la que tienen que hacer todo», comentó el presidente de la Fundación Triángulo.

La intención de Jony y Javier es formalizar las denuncias después del 11 de noviembre, una vez que se hayan casado. «Hasta entonces, estudiaremos cómo se debe proceder», agregó Núñez.

No es el primer caso

La Fundación Triángulo, en representación del colectivo gay, lamentó que tengan lugar este tipo de hechos en el siglo XXI. Como si el paso del tiempo tuviera que ser sinónimo siempre de mejoramiento. «Estamos a su disposición y le brindamos todo nuestro apoyo. Estimamos oportuno que denuncien. Estas cosas no sólo suceden en Extremadura, ya que hay precedentes en otras ciudades. Otro restaurante de Madrid prohibió hace algún tiempo la celebración de una boda entre homosexuales. La pareja denunció y el Ayuntamiento de Madrid multó al establecimiento», aseguró Núñez.

El portavoz de esta fundación ha recordado que, aunque este tipo de espacios se pueden reservar el derecho de admisión, «en este caso sería anticonstitucional. Por un lado, porque tienen la obligación de indicarlo en algún cartel a la entrada del negocio;y por otro, porque han reconocido que el inconveniente que encuentran es la condición sexual de los contrayentes», aseveró Núñez. Este periódico se ha puesto en contacto con las citadas bodegas y la enóloga, Yolanda Piñero, ha indicado que no quieren realizar ninguna declaración sobre el asunto. «Ya hemos hablado con la pareja y con el presidente de la Fundación Triángulo. A partir de ahí, no tenemos nada más que decir», sentenció.