Sánchez ya solo se aferra al pucherazo para remontar: ordena instalar en los consulados una segunda urna para los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ de cara al 29-N
El Consulado General de España en Buenos Aires ha ordenado a sus trabajadores que habiliten una segunda urna para recoger las papeletas de los ciudadanos nacionalizados mediante la Ley de Memoria Democrática, conocida como ‘ley de nietos‘, a los que el Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el derecho al voto para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La medida figura en un documento interno titulado «Voto en urna», que publica este sábado The Objective, que detalla el procedimiento que deberán seguir los funcionarios consulares cuando estos ciudadanos acudan a votar. Según las instrucciones, los trabajadores tendrán que habilitar un recipiente separado para los sobres electorales de quienes obtuvieron la nacionalidad a través del Anexo I de la instrucción firmada por Sofía Puente en octubre de 2022.
El procedimiento establece dos circuitos diferenciados. En una urna se depositarán las papeletas de los ciudadanos que figuran en el censo y tienen reconocido el derecho al voto. En la segunda, identificada como «caja LMD», se introducirán los sobres de los nacionalizados afectados por la resolución judicial.
Cuando uno de estos ciudadanos acuda al consulado, el sistema informático no reconocerá su voto porque no figura en el censo electoral. Los funcionarios deberán dirigirlo entonces a una mesa específica denominada «Mesa LMD Autos TS», donde se le indicará que introduzca el sobre de votación en la caja habilitada para este colectivo.
La decisión ha generado malestar entre los trabajadores del Consulado, que cuestionan la instalación de una segunda urna y las garantías previstas para impedir que los sobres puedan mezclarse con los votos válidos. Los funcionarios recuerdan que el Tribunal Supremo permitió recoger por separado la documentación electoral de los afectados, pero prohibió expresamente que se introdujera en una urna.
La preocupación reside en que no se produzca un intercambio de recipientes o que las papeletas de los ciudadanos excluidos del censo terminen incorporándose al recuento electoral.
El Tribunal Supremo rechazó el recurso de la Abogacía del Estado, que pretendía permitir votar el 29-N a los afectados por la suspensión cautelar. La Sala de lo Contencioso-Administrativo consideró que «el interés general prevalece sobre el derecho individual de voto» y mantuvo su decisión.
Según los datos facilitados por el Gobierno al Alto Tribunal, el listado inicial incluía a 163.355 nacionalizados, de los que únicamente 901 disponían de una certificación que acreditaba la condición de exiliado de su ascendiente español.
El origen del conflicto está en la instrucción de Sofía Puente, que amplió los supuestos de acceso a la nacionalidad española para hijos y nietos de españoles sin exigir necesariamente que acreditasen que sus antepasados habían abandonado España por la Guerra Civil o la dictadura franquista.
La suspensión afecta a los nacionalizados mediante el Anexo I, pero no a los hijos mayores de edad que consiguieron la nacionalidad a través del Anexo III. Por el momento, el Supremo no ha retirado la nacionalidad española a los afectados, sino que ha suspendido cautelarmente su derecho a participar en estos comicios.










