Era previsible, desgraciadamente, que descartara suspender el derecho a voto a los hijos de nacionalizados por la llamada ley de nietos. Es una situación absurda, porque no tendría que poder votar nadie que hubiera accedido a la nacionalidad sin cumplir los requisitos previstos por esa norma. A estas alturas sabemos que tanto esa disposición adicional como la instrucción forman parte de uno de los mayores fraudes electorales de la Historia de la Democracia. El sanchismo no consiguió completar la operación debido al adelanto electoral. El auto del Supremo permitirá que, más de 189.000 hijos, puedan depositar un voto que en cualquier otro país sería imposible. No solo por las irregularidades que se han cometido y se están cometiendo, por no decir manifiestas, ilegalidades, sino porque se trata de personas que ya no tienen ningún arraigo con nuestro país. El derecho comparado muestra que en unos se pierde ese derecho de voto cuando se lleva unos años viviendo en el extranjero, y en otros, como Puerto Rico, sus ciudadanos no pueden votar en las elecciones presidenciales y elegir representantes para las dos cámaras del Congreso, entre otras razones por qué no pagan impuestos federales.

Las personas que adquieran la nacionalidad por medio de ese chanchullo, al menos tendrían que cumplir el requisito de ser descendientes de exiliados por motivos políticos. A esto habría que añadir que no pudieran votar salvo que pagaran impuestos y vivieran en España. Es un auténtico disparate, que solo se le podría ocurrir a Sánchez y sus sicarios que voten aquellos que no reúnen esas condiciones. Por supuesto, una de las medidas que deberá adoptar Feijóo es derogar las leyes ideológicas denominadas de la memoria. Sánchez y sus aliados radicales han hecho mucho daño a la democracia con sus medidas de ingeniería social, pero España es una gran democracia y se podrán revertir todas ellas. La regeneración que necesita nuestro país pasa por actuar con rapidez y contundencia para anular la agenda, inspirada en el Grupo de Puebla, el comunismo y el populismo, que ha aplicado parcialmente durante esos años. Los palmeros intentan minimizar esta realidad, pero no ha podido hacer más porque estamos en la Unión Europea y en el siglo XXI. Otra cosa es lo que le hubiera gustado.

Controvertida decisión del Supremo

El Tribunal Supremo ha rechazado suspender el derecho a voto para las próximas elecciones del 29-N a los hijos e hijas de quienes previamente obtuvieron la nacionalidad española mediante la conocida como ley de nietos, que son alrededor de 190.000 personas, ante la proximidad de los comicios.

A diferencia de sus padres, nacionalizados por una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y a quienes el Supremo suspendió cautelarmente el derecho a voto salvo que acreditasen ser descendientes de exiliados, sus hijos sí podrán votar.

La sección cuarta de lo Contencioso ha denegado las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox en varios autos, notificados este lunes -día festivo en Madrid-, que cuentan con el voto particular discrepante de uno de sus seis magistrados, y el concurrente de otra jueza, que apoya la decisión pero discrepa de alguna argumentación.

La ‘ley de nietos’ es una disposición legal que abrió la puerta de la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles exiliados por razones «políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual». Una instrucción posterior presumía dicha condición a quienes salieron del país entre 1936 y 1955, sin necesidad de documentar las razones del exilio. Son los nacionalizados a través de esta vía los que mantiene en cuestión el Supremo.