El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

«El Partido Popular no va a dejar que un Ejecutivo sin límites y decidido a quebrantar nuestro ordenamiento jurídico arrastre la democracia y la ley de nuestro país». Con estas palabras la vicesecretaria de Coordinación Sectorial y directora de programa electoral, Alma Ezcurra, ha anunciado tres acciones de su partido en relación a la denominada como ‘ley de nietos’. Con carácter inmediato, exigen al Ministerio de Asuntos Exteriores que acate la resolución del Tribunal Supremo. Es decir, que retire a los 163.020 nacionalizados inscritos en el censo mediante la norma. Además, pide al Tribunal Constitucional que le permita personarse «para defender un censo íntegro como garantía electoral» tras el recurso presentado por el Defensor del Pueblo y exige explicaciones por las informaciones que apuntan a la concesión de pasaportes en México a personas «sin padres ni abuelos españoles».

El PP ha enviado un burofax a la directora general de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, Carolina de Manueles, en el que le exigen que cumpla con las condiciones impuestas por el Supremo para la suspensión del voto de la ‘ley de nietos’. Apuntan a que es la cartera de José Manuel Albares la que dispone de todos los datos sobre «quienes no son descendientes de exiliados» pero, sin embargo, está «obstaculizando» la acción de la Justicia «para ganar tiempo», según consideran en Génova. Alma Ezcurra ha amenazado con que, en caso de incumplimiento, exigirán «todas las responsabilidades a quien corresponda», también las penales.

Precisamente, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, reconoció este lunes que será «muy difícil» que los consulados puedan comprobar a tiempo quiénes obtuvieron la nacionalidad en virtud de la llamada ‘ley de nietos’ y son descendientes de exiliados para que puedan votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre, tal y como ha solicitado el Tribunal Supremo. El Ministerio ha informado este martes a Europa Press de que un total de 48 oficinas consulares han completado ya «total o parcialmente» el proceso para verificar quiénes son descendientes de exiliados, pero desde el PP critican que más de un mes después de que el Alto Tribunal dictase la medida cautelar «la oficina del censo no ha recibido ni un solo dato».

Moncloa dice que cumplirá la resolución del Supremo sobre la ‘ley de nietos’ pero ve difícil sacar a todos del censo a mes y medio del 29N
«Es una actitud pasiva por no decir obstruccionista; no actuar es una acción deliberada de incumplir un mandato judicial y tiene que tener consecuencias», ha advertido Ezcurra. La vicesecretaria popular ha elevado la presión y ha dado de plazo al Ejecutivo hasta este jueves porque «el sábado 24 empieza el envío del voto del censo CERA». Y, según ha advertido, «si no hay datos, llegará también a los 163.020 electores cuya inscripción en el censo ha sido suspendida por el Tribunal Supremo».