Un coche de policía arde antes del ataque al ayuntamiento de Limoges, destruido después por el fuego.

Pedro González.- Parecen imágenes de otro tiempo, de cuando jóvenes revolucionarios exigían no un cambio de gobierno sino de régimen. Pero, estamos terminando 2026 y la historia parece repetirse, aunque contrariamente a lo que dictaminara Karl Marx, esta vez no tiene trazas de ser en forma de farsa, sino una vez más como preludio de una nueva tragedia.

Francia presenta todos los síntomas de estar atrapada en bucle en una espiral de violencia creciente. El tópico de la “malaise” (malestar) francés, esa sensación permanente de sus gentes de estar siempre descontentos, ha tenido en los últimos diez años sus altos y bajos, pero como tendencia crítica se disparó a partir de 2018, comienzo de la famosa revuelta de los chalecos amarillos, que tomaron como pretexto entonces el alza impositiva de los combustibles.

La persistencia de sus manifestaciones de protesta, cortes de carreteras, sabotajes y los consiguientes destrozos, conmocionaron a la opinión pública mientras que los políticos, lejos de buscar y hallar soluciones comunes de emergencia, acentuaron sus posiciones más extremistas.

El presidente Emmanuel Macron tiró de deuda externa para aplacar los ánimos, pero no osó tocar el nervio del problema, que en el fondo no es otro que la resistencia de la población a aceptar el esfuerzo que se requiere para pelear en un mundo al que se han incorporado muy potentes competidores internacionales.

En claro y por derecho, Francia está especialmente apegada a su Estado de Bienestar, tan sumamente generoso que ni siquiera ha aceptado que la edad de jubilación sea la misma que en sus países vecinos, como Alemania y España, por ejemplo. Y, obviamente, no acepta tampoco las reformas que se imponen en ese mundo en descarnada competencia para suprimir la catarata de subvenciones que lastran los presupuestos.

Ahora mismo, el primer ministro Sebastian Lecornu se las ve y se las desea para cuadrar unas cuentas cuya austeridad exigida no ya por Bruselas, sino por la lógica de una situación cercana a la bancarrota, exigen un recorte mínimo de 54.000 millones de euros.

Esos recortes que todos los economistas y analistas de prestigio recomiendan, con alguna excepción neocomunista, es la causa de que uno tras otro, se sucedan primeros ministros incapaces de convencer a la Asamblea Nacional de que el dinero no brota de los árboles y que ya no se lleva el recurso a forzar la máquina de fabricar billetes hasta que todo estalle.

Prácticamente no hay un solo sector social y económico en Francia que no tenga sus legítimas razones para protestar. También, y como siempre ha ocurrido, la magnitud de los incidentes violentos se dispara cuando irrumpen en el escenario jóvenes estudiantes, del liceo o de la universidad, que, partiendo de reclamaciones sectoriales más o menos lógicas, terminan reclamando la Luna.

Eso sí, sin llegar a alcanzarla, expresan su cólera rompiendo a mansalva las lunas de los comercios, incendiando sedes institucionales, algunas declaradas monumentos históricos, y enfrentándose a las fuerzas antidisturbios. Estas se hallan a su vez atrapadas entre la violencia desatada de los grupos más violentos que se infiltran entre los manifestantes más pacíficos, y los políticos que buscan la manera de arañar adhesiones y votos antes que concertar soluciones realistas con sus colegas de la bancada parlamentaria de enfrente.

Las escenas de Paris, Limoges, Marsella o Lyon, con ayuntamientos asaltados e incendiados, calles metódicamente devastadas y tiendas saqueadas ofrecen un panorama que ya está teniendo su réplica en Italia, Bélgica o Alemania.

El pretexto que se enarbola para justificar este auge de la violencia es el alza del coste de la vida, fenómeno ya común en todo el ámbito de la Unión Europea, pero también en Estados Unidos, América Latina, Asia e incluso África, continente este último en el que las mafias, y otros actores, siguen impulsando masivas emigraciones hacia una Europa que les dará asilo, techo, lecho, trabajo y sobre todo subvenciones que nunca hubieran soñado obtener en sus países de origen.

“No nos dejaremos intimidar”, asegura el primer ministro Lecornu, que acusa a la ultraizquierda radical de La Francia Insumisa (LFI), de Jean-Luc Mélenchon, de estar detrás de las protestas, el caos y los saqueos. El mismo presidente Macron ha prometido que “serán perseguidos y castigados” los que han atacado prefecturas y comercios y saqueado e incendiado ayuntamientos.

Y la favorita para las próximas elecciones presidenciales, Marine Le Pen, también resumió la situación en que “la extrema izquierda tomó de nuevo como rehén las reivindicaciones sociales legítimas para desatar esta oleada de caos y violencia”.

Esta situación será harto difícil revertirla sin un pacto de Estado. No pocas capas de la población tienen muy difícil, por no decir imposible, llegar a final de mes, y eso no se arregla con parches. Además, a la vista del contexto geopolítico, tampoco parece probable que la solución pueda venir de fuera sin aplicar una cirugía que será necesariamente dolorosa.

Se podrá enmascarar la situación como se quiera, pero la realidad emergerá de una u otra manera si no se acometen las reformas que se imponen, “heroicidad” que no hay político que afronte en tiempo de elecciones, aunque aún falten meses para su celebración efectiva. Y para el resto de Europa, salvo que los políticos sean igual o más irresponsables que los galos, convendría que tomaran nota.

El peligro de contagio y desbordamiento, e incluso de estallido igual o más violento incluso, es más que evidente.