Estanislao de Kostka Fernández cursó las carreras de Derecho, Ciencias Políticas, Sociología. La Voz de GaliciaX

AR.- Abogado, politólogo y sociólogo, Estanislao de Kostka Fernández aborda la precampaña electoral española con una mirada marcada por su trayectoria en la política. Su pasado político como dirigente del PP en Galicia aporta una perspectiva particular a un análisis en el que examina la estrategia de los principales partidos, el desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez y los desafíos de Alberto Núñez Feijóo para consolidar una alternativa.

En su opinión, la campaña está demasiado centrada en la movilización emocional y la confrontación, y deja en un segundo plano la rendición de cuentas, la evaluación de la gestión y las propuestas concretas.

Responsable de la asesoría jurídica de Alerta Digital, De Kostka pone el acento en la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo, el coste político de sus alianzas y las consecuencias de los casos de corrupción, al tiempo que advierte al PP del riesgo de depender en exceso de Vox y de confundir el desgaste del adversario con la confianza de los electores. Una conversación sobre estrategias electorales, relatos políticos y calidad democrática en la que defiende una idea central: la alternancia no se construye únicamente con críticas al Gobierno, sino con un proyecto capaz de explicar cómo pretende gobernar.

¿Cómo está viendo la precampaña electoral en España? ¿Estamos ante una confrontación política más centrada en movilizar a los propios votantes que en convencer a los indecisos?

La estoy viendo demasiado orientada a la movilización emocional y no lo suficiente a la rendición de cuentas. Se habla mucho de lo que representa cada adversario y menos de qué ha funcionado, qué ha fracasado y cómo se van a resolver los problemas del país. El análisis de los primeros discursos de los tres principales candidatos, refleja esa distribución de papeles: Sánchez se apoya en la protección social y la vivienda; Abascal, en la identidad nacional, la inmigración y la corrupción; y Feijóo intenta presentar una oferta de orden, seguridad y prosperidad.

Mi impresión es que el Gobierno quiere convertir las elecciones en una disyuntiva moral: o sigue Sánchez o llegan los recortes. Esa formulación puede ser eficaz para movilizar a un votante progresista descontento, pero resulta insuficiente como explicación de una trayectoria de gobierno. Un presidente no puede pedir que se le juzgue exclusivamente por el temor que inspire su alternativa. Tiene que responder también por sus decisiones, sus compromisos incumplidos y la capacidad real de su mayoría para gobernar.

Se dice: “o derechos o recortes, o los ciudadanos o los intereses de los fondos buitre, etcétera”. Es una estrategia de campaña válida, pero también una simplificación, ya que convierte una discusión sobre medidas concretas en una clasificación de los ciudadanos, entre quienes supuestamente protegen a la gente y quienes estarían al servicio de intereses privados. Esa simplificación no llega para ganar unas elecciones, ni tampoco ya sirve: “que viene la fachaesfera”.

Ahora bien, sería un error que el PP respondiera únicamente con una movilización de signo contrario. El elector que decide una mayoría no siempre es el más enfadado; también puede ser quien está cansado del enfrentamiento, desea estabilidad y necesita confiar en que el cambio no será otro salto a la incertidumbre. Por eso creo que Feijóo tiene una oportunidad si convierte el cambio en una propuesta de normalidad: instituciones que funcionen, cuentas públicas explicables, seguridad jurídica, soluciones de vivienda y un Gobierno que no viva permanentemente en campaña y de la propaganda. El mensaje de “orden, seguridad y prosperidad” apunta en esa dirección, pero su eficacia dependerá de que vaya acompañado de compromisos comprensibles y verificables.

También conviene contener cualquier triunfalismo demoscópico. Los sondeos ofrecen un resultado previsible que parece claro, pero solo son sondeos y previsiones. Hay que estar preparado para todo y hacer una campaña, como si nada estuviese hecho. No se ha ganado nada todavía y las encuestas son una foto fija. Yo no me fiaría del contrincante.

¿Qué errores está cometiendo la izquierda en esta precampaña? ¿Está consiguiendo explicar su gestión y sus propuestas o se encuentra demasiado a la defensiva frente a los ataques de la oposición?

A mi juicio, el principal error es pretender que la crítica a la gestión pueda neutralizarse mediante una superioridad moral proclamada de antemano. Presentarse como el único defensor de los derechos sociales, no exime de explicar por qué determinados problemas siguen abiertos, ni por qué una mayoría parlamentaria que permitió formar Gobierno, no ha proporcionado después la estabilidad prometida y resultados.

Tampoco sería exacto decir que Sánchez no está defendiendo ningún balance. En sus intervenciones reivindica el crecimiento económico, el salario mínimo, la reforma laboral y la revalorización de las pensiones. El problema político no es la ausencia absoluta de un relato de gestión, sino la distancia entre ese relato y la experiencia de los ciudadanos, que no perciben una mejora suficiente en su vida cotidiana.

El segundo error es la tendencia a presentar las derrotas parlamentarias como un problema de legitimidad de quienes votan en contra. Mi valoración es que esa retórica resulta preocupante: la calle expresa demandas, pero el Parlamento representa institucionalmente a los ciudadanos, incluidos los que no comparten la posición del Gobierno.

El tercer error sería tratar todos los reveses judiciales como si fueran meras operaciones políticas. En el caso de Ábalos y Koldo ya existe una sentencia condenatoria comunicada oficialmente por el Tribunal Supremo. Ante un hecho de esa gravedad, la respuesta exigible no es solo una defensa comunicativa: es explicar los controles que fallaron y las responsabilidades políticas que se asumen.

En definitiva, la izquierda está a la defensiva cuando sustituye la explicación por la descalificación del crítico. Tendría una defensa más sólida si reconociera errores concretos, delimitara responsabilidades y explicara qué va a hacer de manera diferente.

¿Cuáles son los principales aciertos de la derecha? ¿Está logrando imponer sus temas en la agenda política o sigue dependiendo demasiado del desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez?

El principal acierto del PP es intentar que la discusión no quede reducida a una competición de promesas sociales, sino que incluya la calidad del Gobierno: su estabilidad, la limpieza de su actuación, el respeto institucional y la capacidad de ejecutar una política coherente.

La oferta de Feijóo, tal como aparece en la documentación del partido y en sus primeros actos de precampaña, busca combinar regeneración institucional, gestión económica, seguridad y vivienda. El PP ha anunciado, entre otros objetivos, impulsar la construcción de un millón de viviendas y reforzar la seguridad jurídica. Es importante precisar que estamos ante compromisos electorales del partido, no ante resultados acreditados, ni ante un programa cuya ejecución pueda darse por garantizada. Creo que ahí hay un acierto estratégico: no limitarse a decir “Sánchez debe irse”, sino empezar a explicar para qué debe llegar otro Gobierno.

El segundo acierto es señalar una diferencia entre mantenerse en el poder y disponer de una mayoría capaz de desarrollar una acción de gobierno estable. La promesa de Feijóo de evitar otra legislatura sin nuevos presupuestos y su propuesta de buscar una fórmula legal que conduzca a elecciones si, después de una primera prórroga, no se aprueban unas nuevas cuentas, parece acertada. La propuesta requeriría concretar cuidadosamente su encaje jurídico, pero expresa una crítica política inteligible: gobernar debe implicar capacidad de aprobar y ejecutar un proyecto, no solo de resistir.

Ahora bien, el PP todavía corre el riesgo de depender demasiado del desgaste del adversario. La corrupción puede erosionar al Gobierno, pero no explica por sí sola cómo se va a facilitar el acceso a la vivienda, mejorar los servicios públicos o financiar las medidas comprometidas.

También hay que distinguir entre PP y Vox. Comparten críticas al Ejecutivo, pero no presentan exactamente la misma oferta. El análisis de los primeros discursos sitúa a Feijóo en un registro de gestión y reconstrucción institucional, mientras Abascal utiliza un discurso de impugnación más amplio y un vocabulario especialmente centrado en inmigración e identidad nacional. Al menos el pacto de no agresión entre ellos está funcionando. Han aprendido de errores anteriores.

A mi juicio, el PP acierta cuando no permite que esa competición le obligue a adoptar el tono de Vox. Su espacio más amplio está en representar a quienes quieren una alternativa solvente, no necesariamente una confrontación más intensa. La derecha está consiguiendo introducir temas incómodos para el Gobierno. Lo que todavía debe demostrar es que puede transformar esa capacidad de denuncia en confianza para gobernar.

¿La izquierda está pagando un precio por sus alianzas parlamentarias? ¿Hasta qué punto los acuerdos con los nacionalistas e independentistas condicionan la acción del Gobierno y la imagen que proyecta ante el electorado?

Sí, creo que existe un coste político, aunque sería poco riguroso atribuirlo automáticamente a cualquier acuerdo con un partido nacionalista. El problema no es pactar: el problema es qué se pacta, cómo se explica y si los acuerdos producen estabilidad o una negociación permanente sin horizonte compartido.

La crítica más sólida que puede formular el PP no consiste en negar la legitimidad de los diputados que sostuvieron al Gobierno. Consiste en preguntar si la suma que permitió una investidura ha servido también para aprobar presupuestos, mantener una política coherente y garantizar una dirección reconocible.

Hay, además, una dimensión de imagen. El Gobierno debería poder explicar cada acuerdo no solo a su interlocutor parlamentario, sino al conjunto de los españoles: qué interés general satisface, qué compromisos contiene y por qué respeta criterios defendibles de igualdad. Si la explicación se limita a que esos votos eran necesarios, la sospecha de oportunismo es clara y eso lo castigan los electores. Desde una perspectiva favorable al PP, el argumento más convincente es este: España necesita acuerdos que permitan gobernar, no una sucesión de negociaciones cuya justificación principal sea prolongar la supervivencia del presidente. Pero esa exigencia debe ser universal. Si Feijóo necesita apoyos para llegar a la Moncloa, tendrá que someter sus pactos a la misma prueba de transparencia, coherencia y estabilidad.

PP y Vox sostienen que lo peor de Pedro Sánchez está por venir. ¿Comparte ese temor?

Comparto la preocupación por determinadas decisiones y por ciertas formas de ejercer el poder, pero no presentaría como una certeza una consigna sobre el futuro. “Lo peor está por venir” es una advertencia política, en la que creo profundamente. Va a seguir utilizando el altavoz del Gobierno y el Decreto Ley para hacer campaña: subida de pensiones, subida del salario mínimo interprofesional, ayudas a jóvenes, etc. Tiene el BOE y eso es muy muy importante. Tiene la lleve de la despensa y eso también en muy importante.

Yo distinguiría tres riesgos. El primero es la normalización de una idea según la cual el Gobierno encarna por sí solo a la ciudadanía y los límites parlamentarios son obstáculos a la voluntad popular. Las declaraciones de Sánchez contraponiendo las demandas de la calle a la “realidad del Parlamento”, justifican una crítica severa desde el punto de vista de la cultura institucional. No porque manifestarse o reclamar un adelanto electoral sea ilegítimo, sino porque ningún Ejecutivo posee el monopolio de la representación social.

El segundo es la tentación de responder a los reveses judiciales con decisiones que puedan percibirse como protección política, por ejemplo Sánchez no descarta indultar a Álvaro García Ortiz. Creo que una eventual medida de esa naturaleza exigiría una explicación extraordinariamente sólida para evitar la impresión de trato de favor.

El tercer riesgo es que la campaña se convierta en una sucesión de decisiones de alto impacto comunicativo, sin suficiente discusión sobre su consistencia, su financiación o su ejecución. Ese peligro no afecta exclusivamente al Gobierno, pero quien dispone del poder ejecutivo la responsabilidad es mayor.

Por tanto, sí veo motivos para la vigilancia y para una crítica exigente. Lo que evitaría es el catastrofismo indiscriminado. Una oposición que aspira a gobernar debe transmitir que conoce los riesgos y sabe corregirlos, no que todo está perdido. El mejor argumento de Feijóo no sería anunciar un desastre inevitable, sino ofrecer garantías concretas para impedir abusos, mejorar los controles y devolver previsibilidad a la acción pública.

¿Está el PP consiguiendo consolidarse como una alternativa de Gobierno o corre el riesgo de quedar condicionado por Vox? ¿Cómo puede influir esa relación en sus mensajes, sus propuestas y su estrategia electoral?

El PP está intentando consolidar una alternativa reconocible, pero no puede dar por resueltas, ni su mayoría electoral ni su relación con Vox. Hay dos planos diferentes. En el plano de la oferta, Feijóo trata de proyectar gestión, estabilidad institucional y reconstrucción. En el plano de los apoyos, los sondeos dibujan una posible dependencia de Vox para alcanzar la mayoría. Conviene no confundir una ventaja en determinadas encuestas, con una autonomía parlamentaria asegurada.

La relación con Vox puede condicionar al PP de dos maneras. Puede hacerlo después de las elecciones, en la negociación de apoyos. Pero también puede hacerlo antes, si el PP organiza cada mensaje pensando en no perder terreno frente a Abascal. Ese segundo condicionamiento me parece especialmente peligroso. Cuando un partido acepta que su competidor marque siempre el tono, deja de definir su propio proyecto. Feijóo no necesita demostrar que puede hablar como Vox; necesita demostrar que puede gobernar España mejor que Sánchez.

Por eso considero acertado que su propuesta se articule alrededor de la gestión y la recuperación institucional. El compromiso anunciado de impulsar vivienda y seguridad jurídica permite discutir soluciones, mientras que una competición permanente de descalificaciones estrecha el debate y facilita al PSOE presentar toda alternativa como una amenaza homogénea. Eso no exige renunciar a posiciones firmes en seguridad, inmigración o defensa del Estado. Exige explicarlas con instrumentos legales, objetivos concretos y capacidad de ejecución, sin recurrir a generalizaciones que dificulten la convivencia o sustituyan el diagnóstico.

También debe ser especialmente cuidadoso en asuntos sensibles. La polémica sobre las declaraciones acerca del sistema de pensiones, posteriormente matizadas por Feijóo, muestra cómo una formulación imprecisa puede desplazar el debate desde los problemas del Gobierno hacia las dudas sobre la alternativa.

Mi criterio sería este: autonomía programática antes de las elecciones y transparencia sobre los compromisos después. Ni negar una aritmética parlamentaria posible, ni anticipar una subordinación política. El PP se consolidará como alternativa cuando el ciudadano sepa no solo a quién quiere sustituir, sino qué prioridades mantendrá y qué límites no negociará.

¿Qué papel están desempeñando los medios de comunicación y las redes sociales en esta precampaña? ¿Estamos ante una campaña en la que pesa más la gestión política o la capacidad de imponer un relato y marcar la conversación pública?

La lucha por el relato está ocupando un espacio enorme. Basta observar cómo se organiza el lenguaje de los candidatos: protección y derechos en Sánchez; identidad, inmigración y corrupción en Abascal; orden, seguridad y prosperidad en Feijóo. El análisis de las intervenciones muestra una selección muy consciente de palabras, adversarios y emociones.

Eso no significa que la gestión haya desaparecido. Significa que se presenta mediante marcos destinados a orientar su interpretación. Una misma controversia puede contarse como un intento de protección social bloqueado por la oposición, o como una medida discutible utilizada por el Gobierno para provocar una confrontación electoral.

Creo que los medios hacen un servicio democrático cuando obligan al poder a responder preguntas incómodas. No lo hacen cuando sustituyen la comprobación por la afinidad con un bloque. En cuanto a las redes considero un riesgo que el debate se organice alrededor de fragmentos concebidos para provocar adhesión o indignación: una frase puede circular desligada del contexto que permite juzgarla. Por eso una campaña responsable debería facilitar el acceso a propuestas completas, documentos y explicaciones, no solo a vídeos de confrontación.

Para el PP, el reto es que la capacidad de marcar la conversación no sustituya la demostración de solvencia. Una buena denuncia abre una discusión; no la resuelve. Para el Gobierno, el problema es el contrario: ningún relato debería servir como salvoconducto frente al balance. La comunicación puede explicar una decisión, pero no convertir en éxito lo que no ha funcionado, ni borrar una condena judicial.

En mi opinión, el periodismo debe impedir precisamente esa sustitución: que se hable de hechos cuando los partidos prefieren consignas y de responsabilidades cuando prefieren emociones.

Si tuviera que señalar el principal riesgo y la principal oportunidad para cada bloque político, ¿cuáles serían? ¿Qué debería corregir la izquierda y qué tendría que evitar la derecha para no cometer errores que puedan condicionar su estrategia?

Para la izquierda: recuperar credibilidad sin refugiarse en el miedo. El principal riesgo de la izquierda es que el elector concluya que la continuidad de Sánchez se ha convertido en un fin en sí mismo. Ese riesgo aumenta cuando el debate sobre los resultados se sustituye por advertencias constantes sobre el adversario y cuando las derrotas parlamentarias se explican como si quienes votan en contra carecieran de una representación igualmente legítima. La retórica de campaña ilustra esa tentación de enfrentar al Gobierno y la calle con una mayoría parlamentaria incómoda.

Su principal oportunidad consiste en que todavía puede movilizar preocupaciones sociales reales. La vivienda es la más evidente: ocupa el primer lugar entre los ciudadanos. Además, el Gobierno dispone de un balance que está tratando de defender en empleo, salarios y pensiones. Sería un error de la derecha suponer que esas apelaciones no tienen capacidad de movilización.

Reconocer que una preocupación compartida no convierte en incuestionable la solución gubernamental. Explicar las limitaciones y los resultados de sus políticas sin trasladar toda responsabilidad a otros. Separar la defensa política de las personas de la respuesta institucional ante hechos judiciales. Justificar los acuerdos parlamentarios por su contenido y utilidad, no solo por su necesidad aritmética. Dejar de tratar al votante que desea alternancia como si hubiera dejado de preocuparse por los derechos sociales. La izquierda sería más persuasiva si aceptara que se puede defender la protección social y, al mismo tiempo, considerar agotada la etapa de Sánchez.

Para el PP: convertir el desgaste del Gobierno en confianza propia. El principal riesgo del PP es confundir el deseo de cambio con un mandato ya concedido. Los sondeos favorables pueden alimentar complacencia. Su principal oportunidad es presentarse como una alternativa de gobierno reconocible para personas con motivaciones distintas: quienes reclaman limpieza institucional, quienes desean estabilidad, quienes están preocupados por la vivienda y quienes simplemente quieren una política menos absorbida por la supervivencia del presidente.

Para aprovecharla, debería evitar cinco errores: dar por ganadas las elecciones. Presentar el rechazo a Sánchez como sustituto de un programa. Permitir que Vox determine permanentemente su lenguaje. Formular compromisos sin explicar su ejecución. Y, en último lugar, introducir incertidumbre en materias especialmente sensibles, como las pensiones. Su propuesta de orden, seguridad y prosperidad ofrece un marco comprensible. Ahora tiene que demostrar que esas palabras corresponden a prioridades compatibles, medidas financiables y un equipo capaz de ejecutarlas.

Para Vox no confundir influencia con capacidad de condicionar indefinidamente. Vox tiene una oportunidad de crecer entre quienes consideran insuficiente la oposición del PP; los sondeos reflejan expectativas superiores a su resultado de 2023. Pero su riesgo es que una parte del electorado le atribuya capacidad de protesta y no capacidad de facilitar una alternativa estable. A mi juicio, también debe evitar que las afirmaciones extraordinarias sobre el funcionamiento electoral sustituyan a pruebas contrastables. En democracia, una acusación de esa gravedad exige pruebas, no únicamente intensidad retórica.

La conclusión política es que el PP no debería aspirar solo a encabezar el bloque contrario al Gobierno. Debería aspirar a construir una mayoría de confianza más amplia que el rechazo a Sánchez. La crítica al Ejecutivo tiene fundamentos serios: la fragilidad parlamentaria, la falta de nuevos presupuestos y, de manera especialmente grave, las condenas por corrupción de antiguos responsables, pero la alternancia se vuelve convincente cuando, además de explicar por qué debe terminar una etapa, explica con precisión cómo empezará la siguiente.