Jorge Molina.- De pronto, Pepe Álvarez y Unai Sordo se han dado cuenta de que España tiene un problema de vivienda, después de 8 años de Gobierno de Sánchez y convocan una huelga general para el 11 de noviembre —a 18 días antes de las elecciones generales—. pretenden protestar por la vivienda y salarios, problemas reales, pero que no han aparecido de la noche a la mañana.

¿Por qué ahora?

Para analizar el problema de los sindicatos hay que retrotraerse a la Transición y se necesitaba normalizar las relaciones laborales y dotar de sindicatos en democracia, pero con poca «democracia» porque desde el poder se favoreció a UGT, vinculada al PSOE, y CC. OO. al PCE frente a las organizaciones independientes.

Puede que aquello fuera necesario para una democracia incipiente, pero se ha acabado con un sistema de representación sindical vinculada a los partidos y subvenciones. La Ley Orgánica 11/1985 —con Felipe González— consolidó esas prerrogativas sindicales, que les ha permitido vivir del dinero público, las subvenciones públicas y de espaldas al número de afiliados.

Los sindicatos tienen una función legítima, la defensa de los derechos de los trabajadores; por ello, es necesaria su independencia y la afiliación de los trabajadores. Muy lejos de lo que ocurre en España, como señala la OCDE con una afiliación del 18,9 % en 2010, se ha reducido al 12,5 % actual. Es decir, casi 9 de cada 10 trabajadores no pertenecen a ningún sindicato.

El ministerio de Yolanda Díaz, que reparte las subvenciones sindicales, ha pasado de 15,8 millones en 2010, a los 32 millones para el 2026, sin contar las ayudas que reciben de otras administraciones, programas de formación y cesiones de inmuebles públicos.

Los «sindicatos de clase» españoles viven del erario y son organismos semipúblicos, tutelados por la izquierda política, sostenidos por dinero público y los impuestos y no pueden ser independientes.

Como ocurre en la mayoría de países democráticos, como representan y defienden a los trabajadores, estos son los que financian los sindicatos; lo contrario es atracar al contribuyente.

Además de las subvenciones reciben otros beneficios, como la cesión de sedes pertenecientes al patrimonio público y subvenciones para una dudosa formación que, en la práctica, solo sirve para conseguir puntos en las «bolsas de empleo público», muy útil para el baremo que mejora la posición y la sumisión. Todo muy democrático y edificante.

El contraste lo tenemos en los países europeos. En Alemania, IG Metall —sindicato metalúrgico y eléctrico—, con más de 2,2 millones de afiliados, se financia exclusivamente de sus cuotas, como norma general, cada trabajador aporta el 1 % de su salario bruto. La propia DGB —Confederación Alemana de Sindicatos— defiende su independencia económica del Gobierno, de los partidos y los empresarios.

Según la OCDE la afiliación sindical en Dinamarca es del 60,4 % de los trabajadores, principal sindicato —3F— cuenta con unos 250.000 afiliados que abonan sus cuotas, en un país de unos 6 millones de habitantes.

En Suecia con una afiliación del 65,9 % de trabajadores y Unionen cuenta con más de 700.000 afiliados que pagan su cuota mensual, en un país de apenas 10,7 millones.

Contrasta con lo que ocurre en España con una afiliación del 12,5 %, lejos de esos sindicatos que ofrecen servicios, viven de sus cuotas y sostienen su estructura.

Tenemos un sistema de sumisión con el poder.

En este panorama los «come gambas», al toque de diana —después de 8 años sesteando— a pocos días de las elecciones generales convocan una huelga general por el problema de la vivienda que ha provocado y agravado el mismo gobierno que les ha regado de subvenciones —Un incremento del 260 % entre 2020-2025—, según el BOE, de 2024 a 2025, de 17 a 32 millones.

Estos sindicatos son los mismos que quebraron la PSV —cooperativa de viviendas de UGT—, que afectó a más de 19.000 cooperativistas por el hundimiento de un proyecto de unas 22.000 viviendas, con graves pérdidas para todos ellos.

Los mismos que la Audiencia de Sevilla condenó a antiguos dirigentes de UGT Andalucía, por desvío fraudulento de más de 40,6 millones de euros de subvenciones destinadas a formación hacia actividades del sindicato.

Los mismos que cuentan con liberados sindicales en organismos públicos —léase más impuestos y merma de la productividad— y empresas, además, proporcionalmente, hay 4,1 veces más liberados sindicales públicos que en las empresas privadas.

Esto no es sindicalismo y muy lejos del auténtico; porque estos funambulistas reman sumisamente a la orden de sus amos. Como dice el viejo refrán «quien paga, manda».