Un diputado del PSOE, bajo la lupa por su bufete especializado en desahucios y una inmobiliaria de un millón de euros
La política de vivienda del PSOE vuelve a situarse en el centro de la polémica por las actividades profesionales y patrimoniales de algunos de sus representantes. El diputado socialista murciano Joaquín Martínez Salmerón, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, está vinculado a un bufete especializado en ejecuciones hipotecarias y desahucios para fondos de inversión, según una información publicada por el diario ‘La Verdad de Murcia’.
De acuerdo con esta información, el despacho fue fundado por el propio parlamentario y presta servicios relacionados con la reclamación de impagos y la ejecución de hipotecas, procedimientos que pueden desembocar en desahucios. Esta actividad contrasta con la posición política del PSOE en materia de vivienda y con sus críticas a los grandes propietarios y a los denominados fondos buitre.
Además, Martínez Salmerón habría constituido en 2023 una sociedad inmobiliaria dedicada a la compra y el alquiler de viviendas, con un capital de un millón de euros. Según recoge el periódico murciano, el diputado reconoció que olvidó incluir esta sociedad en su declaración de bienes del Congreso.
El parlamentario preside la Comisión de Justicia y forma parte de la Diputación Permanente de la Cámara Baja, órganos relevantes en la actividad parlamentaria.
Otros casos relacionados con la política de vivienda
La polémica se suma a otros asuntos que han suscitado críticas políticas por las actividades inmobiliarias de personas vinculadas a representantes socialistas.
Entre ellos figura el caso de la pareja de la portavoz socialista en el Congreso, Montse Mínguez, al que se refiere el texto original, con propiedades destinadas al alquiler y procedimientos de desahucio, así como otras cuestiones relacionadas con sociedades y una promoción inmobiliaria. Estas informaciones deben contrastarse con la documentación disponible y las versiones de los implicados.
También se encuentra el caso relacionado con Óscar López y su firma en un procedimiento vinculado a viviendas de MUFACE en la calle de Sainz de Baranda, en Madrid. El plan contemplaba la liquidación de 204 pisos, pero, según el texto facilitado, se ha decidido paralizar la operación y las viviendas ya no saldrán a la venta.
Créditos públicos para promover vivienda social
En paralelo, el Gobierno ha anunciado iniciativas de financiación para impulsar la construcción de vivienda, entre ellas instrumentos de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dirigidos a proyectos de vivienda asequible. Estas medidas se enmarcan en el fondo España Crece, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El debate político gira así en torno a la relación entre la actividad inmobiliaria privada, la protección de los inquilinos y las medidas públicas destinadas a ampliar la oferta de vivienda.
