Miriam González y su vínculo profesional con la empresa marroquí que explota los fosfatos del Sáhara Occidental
Miriam González y Mohamed VI
La fundadora de Democracia21 asesoró jurídicamente a la compañía estatal OCP, según informaciones publicadas en 2012. En 2016, una petición de acceso a un dictamen relacionado con esta actividad recibió una respuesta basada en la confidencialidad profesional.
La entrada de Miriam González Durántez en la política española al frente de Democracia21 ha vuelto a poner el foco en una etapa de su trayectoria profesional: su relación con la empresa estatal marroquí Office Chérifien des Phosphates (OCP), vinculada a la extracción y comercialización de fosfatos en el Sáhara Occidental.
El asunto cobra relevancia por la controversia internacional sobre la explotación de los recursos naturales de este territorio, cuyo estatus continúa siendo objeto de disputa, y por las reclamaciones de las organizaciones saharauis que cuestionan la legitimidad de estas actividades sin el consentimiento de su población.
Una relación profesional que se remonta a 2012
En abril de 2012, el diario británico The Mail on Sunday publicó una información sobre la relación profesional de González, entonces conocida también por su matrimonio con el político británico Nick Clegg, con OCP. Según aquel reportaje, la abogada representaba los intereses de la compañía marroquí durante su etapa en el despacho internacional DLA Piper.
La información situaba a OCP en el centro de la controversia por la explotación de los yacimientos de fosfato de Bou Craa, en el Sáhara Occidental. Estos recursos tienen importancia económica internacional por su utilización en la fabricación de fertilizantes.
La organización Western Sahara Resource Watch (WSRW), que documenta el comercio de recursos naturales procedentes del territorio, también ha recogido información sobre los vínculos entre OCP y los despachos jurídicos que elaboraron informes relacionados con la explotación y comercialización de esos fosfatos.
La petición de información de 2016
La controversia volvió a cobrar protagonismo en 2016, cuando WSRW solicitó acceso a un dictamen jurídico relacionado con esta actividad. La organización buscaba conocer los argumentos empleados para justificar la comercialización de los recursos extraídos del Sáhara Occidental.
Según la documentación publicada por la propia organización, Miriam González respondió en nombre del despacho Dechert invocando la confidencialidad profesional debida al cliente. La documentación también recoge que los despachos implicados no podían divulgar el asesoramiento sin autorización.
La negativa a facilitar el informe no demuestra por sí sola que el contenido del dictamen fuera ilegal ni permite atribuir a González toda la responsabilidad sobre su elaboración. Sí deja planteada una cuestión sobre la transparencia de los argumentos jurídicos utilizados para respaldar una actividad económica controvertida.
El debate sobre los recursos saharauis
La explotación de los fosfatos del Sáhara Occidental forma parte de una disputa más amplia sobre el control de los recursos naturales de un territorio pendiente de descolonización.
Marruecos administra gran parte del territorio y mantiene actividades económicas relacionadas con sus recursos minerales. Organizaciones defensoras de los derechos del pueblo saharaui denuncian que estas operaciones se desarrollan sin el consentimiento de su población y cuestionan el destino de los beneficios obtenidos.
Western Sahara Resource Watch ha documentado durante años las exportaciones de roca fosfórica desde la zona ocupada y ha reclamado mayor transparencia sobre las empresas y los intermediarios que participan en el negocio.
Democracia21, ante las preguntas sobre el Sáhara
La trayectoria profesional de González adquiere una nueva dimensión con su incorporación a la política española. Democracia21 se presenta como una formación orientada a la regeneración democrática y la modernización institucional, según la información publicada por el propio partido.
Sin embargo, el antecedente profesional relacionado con OCP no permite concluir automáticamente cuál será la posición actual de la formación sobre Marruecos, el Sáhara Occidental o el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
La cuestión que queda abierta es si González y su partido explicarán públicamente cómo valoran hoy aquella etapa profesional y qué posición defenderán ante la explotación de los recursos naturales del territorio.
Ahora que las relaciones entre España y Marruecos siguen siendo objeto de debate político, conocer los antecedentes profesionales de quienes aspiran a ocupar responsabilidades públicas puede contribuir a que los electores evalúen sus trayectorias y propuestas.
La información documentada permite acreditar una relación profesional con la compañía marroquí y una respuesta basada en la confidencialidad ante una petición de información. Determinar el alcance de aquella colaboración, el contenido concreto de los informes y su eventual repercusión en las posiciones políticas actuales requiere documentación adicional y, en su caso, una explicación de la propia interesada.
