Ha llegado el momento en el que las declaraciones dejan de ser suficientes, en los que los comunicados, las ruedas de prensa y las intervenciones parlamentarias se convierten en ruido de fondo mientras la batalla política se libra en la calle. Y es precisamente entonces cuando quienes dicen defender unos principios tienen que demostrar si están dispuestos a sostenerlos más allá de las palabras.

La derecha social española debería plantearse seriamente una acampada ciudadana en la Plaza de Oriente de Madrid, sostenida, pacífica, multitudinaria y con una reivindicación inequívoca: transparencia electoral, no a la utilización partidista de instituciones públicas, no al incremento del censo electoral con la ley de nietos, garantías democráticas y tolerancia cero ante cualquier irregularidad que pueda comprometer la limpieza de las elecciones.

Se trata de de exigir que los procedimientos electorales sean fiscalizables y de recordar que, en democracia, la confianza no se exige por decreto: se construye con garantías, controles y rendición de cuentas.

Y si una parte del espectro político considera legítimo ocupar el espacio público para defender sus reivindicaciones, tendrá que explicar por qué ese mismo principio habría de dejar de valer cuando quienes protestan sostienen ideas diferentes.

La Plaza de Oriente: una pregunta incómoda para el Gobierno

Imaginemos una movilización ciudadana en la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real, con tiendas de campaña, asambleas abiertas y una única bandera común: elecciones limpias. Sin violencia, sin intimidaciones y sin agresiones a quienes piensen de otra manera. Una protesta que no pretenda sustituir a los tribunales ni dictar sentencias desde una pancarta, sino exigir garantías, explicaciones y controles independientes.

La pregunta para el Gobierno sería inevitable: ¿aplicaría los mismos criterios que ante otras acampadas y ocupaciones del espacio público, o reaccionaría de manera distinta porque los manifestantes defienden una causa políticamente incómoda?

Si las autoridades permiten una protesta prolongada en un lugar emblemático, tendrían que justificar con criterios objetivos cualquier diferencia de trato respecto a otra movilización comparable. Si deciden desalojarla, deberían explicar qué norma se aplica, qué circunstancias lo justifican y por qué esa misma regla no se aplica en otros casos equivalentes.

No cabe anticipar cuál sería la respuesta del Ejecutivo, pero sí cabe plantear la cuestión política que una movilización de estas características pondría sobre la mesa: ¿existen unas reglas comunes para todos o el ejercicio de la protesta depende de quién protesta y de a quién incomoda?

Esa es la contradicción que habría que exigir que se aclarase.

Dos varas de medir destruyen la credibilidad democrática

La libertad de manifestación no puede ser patrimonio de una ideología. Tampoco puede depender de que una protesta resulte simpática o molesta al poder de turno. Los derechos fundamentales son precisamente más importantes cuando los ejercen quienes piensan de manera diferente a quienes gobiernan.

Si una acampada incumple la normativa aplicable, las autoridades deben actuar conforme a la ley, atendiendo a las circunstancias concretas y respetando las garantías correspondientes. Si otra movilización comparable recibe un trato distinto, los ciudadanos tienen derecho a pedir explicaciones.

Por eso, una movilización en la Plaza de Oriente podría convertirse en una prueba política para quienes presumen de pluralismo, tolerancia y respeto a la protesta. No bastaría con descalificar a los participantes, atribuirles intenciones ocultas o presentar cualquier discrepancia como una amenaza para la convivencia. La doble moral no se demuestra con una acusación lanzada al aire. Se demuestra cuando existen hechos comparables y las autoridades aplican criterios diferentes sin una justificación objetiva. Precisamente por eso, la protesta tendría que documentar sus reivindicaciones, formular preguntas concretas y exigir respuestas públicas.

Sánchez ante un dilema político, no ante una sentencia anticipada

Una movilización amplia, persistente y pacífica en la Plaza de Oriente podría situar al Gobierno en una posición políticamente incómoda. No porque una concentración demuestre por sí misma que existe fraude electoral, sino porque pondría el foco sobre una cuestión elemental: la coherencia con la que se gestionan las protestas y se defienden los derechos ciudadanos.

Si se permite la concentración, el Gobierno tendría que convivir con una protesta crítica y con sus exigencias de juego limpio. Si considera necesario limitarla o desalojarla, tendría que justificar la decisión conforme a la normativa y a las circunstancias concretas. Y si existen otras movilizaciones comparables, los ciudadanos podrían exigir que se expliquen las diferencias de trato.

En cualquiera de esos escenarios, la discusión pública tendría que centrarse en criterios verificables, no en etiquetas partidistas.

No se trata de fabricar una trampa institucional ni de provocar enfrentamientos con la Policía. Al igual que defiende la izquierda para los acampados de Sol, se trataría de utilizar un derecho democrático para reclamar garantías democráticas y exigir que las reglas sean iguales para todos.

La Plaza de Oriente podría ser el símbolo de una reivindicación cívica: que ningún Gobierno esté por encima de los controles democráticos y que ninguna fuerza política pueda arrogarse el monopolio de la protesta.

La derecha no puede reducirse a indignarse en las redes sociales, publicar comunicados o esperar a que otros hagan el trabajo. La participación ciudadana también consiste en manifestarse, organizarse, presentar reclamaciones y exigir responsabilidades por los cauces democráticos.

La Plaza de Oriente podría ser el escenario de esa exigencia democrática. No para declarar culpable a nadie antes de tiempo, sino para recordar al poder que la confianza ciudadana no se impone, que la transparencia no debería incomodar a quien actúa correctamente y que la democracia pierde credibilidad cuando los principios se aplican de manera selectiva.