Estanislao de Kostka Fernández.- Estimado votante del PSOE:

La democracia no nos exige fidelidad a un gobernante. Nos exige fidelidad a unos principios y valores. No nos obliga a justificar a quienes votamos, sino a vigilar que quienes reciben nuestra confianza la ejerzan con honestidad, responsabilidad y respeto a las instituciones. Una papeleta no es un juramento de obediencia. Es una autorización limitada, sometida a examen y susceptible de ser retirada.

Esta carta no pretende señalar a nadie por sus ideas, ni repartir credenciales de demócrata según su voto. Tampoco pide que un votante del PSOE, vote ahora a la derecha, renuncie a sus convicciones o abrace un proyecto político que no comparte. Plantea algo más elemental y, a la vez, más exigente: que nadie coloque las siglas por encima de sus valores, ni a un dirigente por encima del interés general.

Los destinatarios de esta misiva son los votantes del PSOE, con el objeto de pedirles que valoren con honestidad y con principios la gestión de Pedro Sánchez, y la manera en que debemos juzgar a quien ocupa el poder. Porque una sociedad democrática tiene derecho a formular preguntas incómodas al presidente del Gobierno, a contrastar sus palabras con sus decisiones y a exigirle explicaciones, sin que esa exigencia sea confundida con una traición.

La palabra que debería presidir este debate es la responsabilidad, los valores y los principios socialistas. Hay una diferencia esencial entre apoyar un proyecto político y justificar cualquier decisión de quien lo dirige. Lo primero es una elección legítima. Lo segundo puede convertirse en una renuncia al juicio propio, a los valores y a los principios.

Ningún ciudadano tiene que pedir disculpas por haber votado a Pedro Sánchez. Pero tampoco tiene que sentirse obligado a defenderlo indefinidamente. El voto de ayer no impone el silencio hoy. Haber considerado que una candidatura era la mejor opción disponible, no impide reconocer después sus errores, censurar sus contradicciones o reclamar cambios.

Podemos valorar determinadas medidas de un Gobierno y reprobar otras. Podemos compartir sus objetivos sociales y cuestionar sus métodos. Podemos rechazar a la oposición y, al mismo tiempo, exigir más al Ejecutivo. La vida pública no debería reducirse a una alternativa entre la adhesión incondicional y la entrega al adversario.

El problema comienza cuando dejamos de preguntar si una decisión es correcta y nos limitamos a comprobar quién la ha tomado. Cuando aquello que nos indignaría en un rival pasa a parecernos aceptable en un aliado. Cuando la explicación de una conducta ya no depende de los hechos, sino de la necesidad de proteger al dirigente. En ese momento, la política deja de ser un instrumento al servicio de nuestras convicciones y nuestras convicciones se convierten en un instrumento al servicio del poder.

Los cambios de criterio requieren explicaciones, no obediencia. La amnistía ofrece un ejemplo relevante para este examen. Sánchez ha reconocido que no la defendió durante la campaña electoral de 2023 y que tenía dudas sobre ella. Después pasó a promoverla, vinculándola tanto a su planteamiento sobre el conflicto catalán como a la posibilidad de encauzar una legislatura de Gobierno de coalición progresista.

Cambiar de criterio no constituye, por sí mismo, una falta democrática. Un responsable político puede revisar sus posiciones. Las circunstancias cambian, la negociación parlamentaria existe y ningún programa contiene una respuesta anticipada para todas las situaciones. Pero precisamente por eso la explicación importa. Cuanto mayor es el cambio, mayor debe ser la claridad con la que se justifica. La ciudadanía tiene derecho a preguntar qué argumentos nuevos lo hicieron necesario, qué convicciones se revisaron y qué peso tuvo la necesidad de reunir los votos para continuar gobernando.

La crítica rigurosa debe reconocer también los límites de sus argumentos: el Tribunal Constitucional avaló la ley de amnistía en 2025. No corresponde presentar como una inconstitucionalidad acreditada lo que obtuvo ese respaldo. Ese aval, sin embargo, no cancela el debate sobre la coherencia política del presidente, sobre la explicación ofrecida al electorado o sobre la relación entre aquella decisión y los acuerdos que hicieron posible su investidura.

Legalidad, oportunidad y coherencia no son preguntas idénticas. Una decisión puede superar el examen jurídico y seguir mereciendo un examen político severo. Lo exigible no es que un presidente permanezca inmóvil. Lo exigible es que no trate a los ciudadanos como espectadores a quienes basta anunciar el resultado de una negociación. Gobernar también significa explicar, persuadir con argumentos y aceptar que una parte de la sociedad considere insuficientes esas razones.

La corrupción no admite indulgencias partidistas. Las causas de corrupción que han afectado a personas con importantes responsabilidades en el PSOE y en el Gobierno obligan a un escrutinio especialmente exigente. Las informaciones sobre la legislatura sitúan entre sus protagonistas a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización socialista, y a Santos Cerdán, que también ocupó esa responsabilidad en el partido y está siendo investigado por presuntas, pero muy graves irregularidades y delitos.
Aquí es imprescindible mantener una distinción: una investigación no equivale a una condena; la responsabilidad penal es individual; y la conducta de un colaborador no demuestra automáticamente la participación del presidente en sus hechos. Pero tampoco puede utilizarse esa distinción para cerrar toda pregunta sobre la responsabilidad política. Y no se puede cerrar los ojos y tapar las narices, como si nada hubiera o estuviera pasando.

Elegir colaboradores, concederles poder, supervisar su actuación y reaccionar ante las señales de irregularidad son cuestiones que merecen explicación. Preguntar qué controles existían, cuándo se conocieron determinados hechos o por qué fallaron los mecanismos de prevención no equivale a dictar una sentencia. Equivale a exigir rendición de cuentas.

La ciudadanía no debería aceptar dos varas de medir: una implacable para los escándalos del adversario y otra comprensiva para los del propio entorno. Si la corrupción nos parece intolerable, debe parecérnoslo siempre. Si reclamamos explicaciones a un Gobierno de derechas, debemos reclamarlas también a uno de izquierdas. Si defendemos la presunción de inocencia de alguien próximo a nuestras ideas, debemos respetarla igualmente cuando protege a quien nos resulta antipático.

La honestidad no es patrimonio de ninguna sigla. Tampoco la deshonestidad. Por eso los criterios deben ser estables y los hechos, no las lealtades, deben determinar nuestro juicio. Gobernar no consiste solamente en permanecer.

La continuidad en el poder no puede confundirse con la capacidad de llevar adelante un proyecto. Un Ejecutivo debe ser evaluado por lo que consigue hacer, por cómo lo hace y por las explicaciones que ofrece cuando no logra hacerlo.

La prolongación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 durante esta legislatura constituye otro elemento relevante de ese balance. Las cuentas se prorrogaron en 2024, 2025 y 2026, sin que el Gobierno lograra aprobar unos nuevos presupuestos para esos ejercicios. La prórroga permite la continuidad del funcionamiento público, pero no elimina la pregunta política: ¿qué capacidad tiene un Gobierno para traducir sus acuerdos parlamentarios en un programa presupuestario actualizado? ¿Qué prioridades quedan aplazadas? ¿Qué compromisos pueden cumplirse y cuáles permanecen pendientes?

No basta con presentar cada dificultad como una maniobra del adversario. La oposición debe responder por sus decisiones, pero el Gobierno también debe responder por su capacidad para negociar y obtener apoyos. El deber de rendir cuentas no desaparece porque la aritmética parlamentaria resulte difícil.

Una legislatura no debería juzgarse únicamente por la habilidad para superar cada votación decisiva. También debe examinarse la distancia entre las expectativas creadas y los resultados alcanzados.

Quienes se reconocen en ideas de izquierda tienen motivos propios para exigir transparencia, igualdad ante la ley y límites al poder. Quienes se reconocen en ideas liberales, conservadoras o en otras tradiciones democráticas también los tienen. Ninguna de esas convicciones exige absolver por adelantado a sus representantes.

Defender una mayor justicia social no obliga a disculpar una irregularidad. Respaldar los servicios públicos no exige aceptar una explicación evasiva. Compartir un programa de derechos no convierte en irrelevantes la transparencia o la coherencia. Los fines políticos no deberían utilizarse como una dispensa moral para los medios empleados.

Por otra parte, tampoco sería razonable borrar cualquier resultado positivo de una gestión porque existan motivos fundados de crítica. La evaluación democrática exige un balance, no una caricatura. Reconocer un acierto no obliga a callar un error; denunciar un error no obliga a negar todos los aciertos. Esa es, precisamente, la tarea del ciudadano libre: resistirse tanto a la propaganda favorable como a la condena automática. No entregar su criterio a un partido, a un dirigente ni a quien escribe una columna.

La alternancia no debería provocar miedo. La democracia necesita que el poder pueda cambiar de manos. Eso no significa que cualquier alternativa sea mejor, ni que la sustitución de un Gobierno garantice por sí sola una gestión honrada. Significa que ningún dirigente puede reclamar una permanencia fundada en la idea de que su salida sería, inevitablemente, una catástrofe.

La ciudadanía debe poder comparar propuestas sin aceptar un chantaje emocional: O nosotros, o el desastre. Esa fórmula, venga de donde venga, empobrece la discusión pública. Hay alternativas dentro de una misma tradición política. Hay posibilidades de renovación de liderazgos, de rectificación de programas y de recomposición de mayorías. También existe la posibilidad legítima de optar por otra candidatura. Ninguna de esas decisiones convierte automáticamente a un ciudadano en traidor a sus valores.

Dar una oportunidad a otros no equivale a concederles impunidad. Quien llega al Gobierno debe quedar sometido al mismo escrutinio que quien lo abandona. La alternancia solo resulta valiosa si cambia a quienes ejercen el poder sin rebajar las exigencias con las que los juzgamos. No se trata de sustituir una lealtad ciega por otra. Se trata de que ningún poder sepa de antemano que conservará nuestro respaldo haga lo que haga.

El voto es un juicio, no una deuda. Cada ciudadano tiene derecho a mantener su apoyo a Pedro Sánchez, a retirarlo o a reconsiderarlo. Nadie puede arrogarse la facultad de decidir qué voto convierte a una persona en demócrata. La libertad política incluye elecciones que otros consideran equivocadas. Pero esa libertad merece ejercerse con información y con preguntas honestas.

¿Qué compromisos se han cumplido? ¿Cuáles se han abandonado? ¿Qué cambios se han explicado de manera convincente? ¿Qué responsabilidades se han asumido? ¿Cómo ha reaccionado el Gobierno ante los hechos que afectan a su entorno? ¿Qué alternativas presentan programas solventes y personas capaces de ejecutarlos? Estas preguntas no deben formularse solo cuando perjudican al contrario. Deben formularse, sobre todo, cuando incomodan a los nuestros.

El voto puede reconocer una buena gestión o expresar una pérdida de confianza. Puede respaldar una continuidad o abrir una etapa distinta. Lo que no debería ser es una obligación heredada, una costumbre inmune a los hechos o una respuesta automática al miedo. Nadie merece nuestro apoyo por ser quien es. Debe merecerlo por lo que hace, por cómo lo explica y por la responsabilidad que asume cuando se equivoca.

A Pedro Sánchez corresponde responder por su gestión. A la oposición, demostrar que sus críticas se acompañan de propuestas y que las reglas que exige a otros está dispuesta a aplicárselas a sí misma. A los partidos, ofrecer algo más que disciplina y consignas. Y a la ciudadanía, conservar la independencia necesaria para juzgarlos a todos. Y a usted, votante del PSOE, votar en conciencia y no en obediencia. O quizás, mostrar su enfado no acudiendo a votar, o votar en blanco, o meter una rodaja de chorizo en su sobre.

No necesitamos una sociedad que insulte más. Necesitamos una sociedad que pregunte mejor. No necesitamos convertir toda discrepancia en una sospecha de deslealtad. Necesitamos recuperar el derecho a decir: comparto parte de tu proyecto, pero no acepto esta conducta; apoyé tu candidatura, pero considero insuficiente esta explicación; defendí tus medidas, pero ahora te exijo responsabilidades. Esa exigencia no debilita la democracia. Expresa lo que esperamos de ella.

Por eso esta carta no pide un voto concreto. Pide que ninguna sigla sirva de refugio frente a los hechos. Que ningún dirigente reciba una absolución anticipada. Que ninguna alternativa sea descartada únicamente por el temor al cambio, ni aceptada únicamente por el deseo de castigar. Pide, en definitiva, que los principios con los que juzgamos al adversario sean también los principios con los que juzgamos a quienes hemos apoyado.

El poder debe saber que nuestra confianza tiene condiciones. Y nosotros debemos recordar que podemos exigirlas sin renunciar a nuestras ideas. Por todo ello, le pido que vote en conciencia, que vote con valores, que vote con los ojos abiertos y con la nariz sin tapar. Vote a quien quiera, pero no vote a quien ha traicionado todos y cada uno de los valores del partido centenario. Vote sin miedo, porque los que parece que van a gobernar, ni les gustan las guerras, ni quieren acabar con el medioambiente, ni menosprecian a las mujeres o las orientaciones sexuales, ni pisotean a los obreros, ni quieren dejarle sin sanidad o educación pública, bajar las pensiones o cancelar el estado de bienestar. Eso, y usted lo sabe, son tópicos y propaganda. Entre otras cosas porque nadie lo permitiría.

En definitiva, vote en libertad y a quien se lo merece.

*Estanislao de Kostka Fernández, abogado y jefe de la asesoría jurídica de Alerta Digital, fue profesor de la Universidad Complutense de Madrid, de la New York Law School y de la Universidad Europea de Madrid. Dirigente del Partido Popular de La Coruña desde su fundación, ocupó los cargos de presidente y secretario general en La Coruña. Asumió igualmente diversos cargos de designación política en los gobiernos de Fraga, entre otros, delegado de Presidencia y asesor de las consejerías de Industria, Justicia, Administración Local e Interior. Dirigió diversas campañas electorales en La Coruña y colaboró en la campaña de Bill Clinton en 1992 como adjunto a la dirección de campaña en el estado de Nueva York, donde residió tres años. En la actualidad es profesor de la Escuela de Negocios Caixanova, Presidente de KNM Management Systems y vicepresidente de la Fundación Instituto de Estudios Políticos y Sociales. Es también licenciado en Ciencias Políticas y Sociología.