Larry Fink con Pedro Sánchez en Davos.

Unos papeles revelados en el programa ‘Código 10’ han sacado a la luz dos adjudicaciones por un total de 115 millones de euros a empresas vinculadas a fondos de inversión para gestionar parte de las viviendas de la Sareb. La documentación apunta a una contradicción entre las críticas del Gobierno a los denominados fondos buitre y la contratación de compañías pertenecientes a estos grupos para administrar ese patrimonio inmobiliario.

Las adjudicatarias son Servihabitat y Aliseda, relacionadas, respectivamente, con Pollen Street Capital y Blackstone. Los encargos afectan a una parte de los inmuebles de la Sareb, la entidad bajo control público cuyo parque residencial el Ejecutivo ha situado entre los recursos para ampliar la oferta de alquiler asequible.

La adjudicación de mayor cuantía corresponde a Servihabitat, con 63 millones de euros. Según la información difundida, el encargo ya ha sido asignado, aunque el contrato todavía no se ha firmado. La compañía pertenece al fondo internacional Pollen Street Capital.

Por su parte, Aliseda, propiedad de Blackstone, ha obtenido un contrato de 52 millones de euros que entró en vigor el pasado 1 de septiembre de 2026. Su duración se extiende hasta 2028, con la posibilidad de prolongarlo otros dos años. Blackstone figura entre los grupos a los que el Gobierno ha dirigido sus reproches por su actividad en el mercado de la vivienda.

La información ha sorprendido a Susana Díaz, que ha planteado que el Ejecutivo reconsidere estas decisiones. La ex presidenta andaluza ha señalado que los encargos afectan a viviendas de la Sareb con mayores dificultades para reunir las condiciones necesarias para salir al mercado, aunque esa explicación no le ha impedido defender una rectificación: «Es algo que tiene que reflexionar el Gobierno y que yo no vería mal que dieran marcha atrás, al revés, lo vería bien».