Pedro Sánchez, durante su comparecencia de este martes en la Moncloa

Pedro Sánchez se enfrenta a una cuestión institucional de primer orden: qué ocurre cuando un Gobierno pretende volver a llevar adelante, por otra vía parlamentaria, unas medidas que el Pleno del Congreso ya ha rechazado. La controversia no es menor ni puede despacharse como una simple maniobra parlamentaria: afecta al respeto de la voluntad expresada por la Cámara que representa a los ciudadanos. Insistir en aprobar esos decretos mediante un procedimiento alternativo supone bordear el sentido político del rechazo parlamentario y convertir la aritmética institucional en un instrumento para esquivar un revés. En una democracia parlamentaria, la mayoría gubernamental no puede confundirse con una patente de corso: la diferencia entre una democracia y una autocracia es el respeto o no a los límites que marca el Parlamento.

Fondo de 10.000 millones

El presidente que ha disuelto las Cortes sin presentar -ya no aprobar- unos Presupuestos en toda la legislatura, ahora, con las elecciones convocadas, ha habilitado una línea de financiación dotada con 10.000 millones de euros. Una del Instituto de Crédito Oficial (el ICO) que servirá para conceder préstamos de hasta 50.000 euros a interés cero para la compra de la primera vivienda.

Los préstamos de hasta 50.000 euros ya figuraban en uno de los dos decretos leyes de vivienda que el Pleno del Congreso derogó el pasado viernes. El fondo de 10.000 millones, junto con otro de 400 millones para ayudar a los proveedores de vivienda social, son las dos novedades que ha introducido el Gobierno en el decreto ley nuevo, el aprobado este martes en el Consejo de Ministros, para que sea un texto distinto al derogado y así poderlo llevar a convalidar a la Diputación Permanente. Donde, salvo que el PNV cambie de voto por sorpresa, el renovado decreto Maricarmen saldrá adelante. Abracadabra.

La otra norma que cayó el viernes, la de los alquileres indefinidos que exigió Sumar para congraciarse con el Sindicato de Inquilinas, la semana pasada estuvo en vigor apenas día y medio. Esta vez, ni eso: a pesar de ser aprobada nuevamente por el Consejo de Ministros de este martes, esta vez no entrará en vigor si la Diputación Permanente no la convalida, que no lo hará: el PNV ya se opuso a este decreto ley la semana pasada.

Fue Pedro Sánchez, y no la portavoz del Ejecutivo, quien compareció hoy en la Moncloa. Hizo de presidente cuando anunció que el Gobierno va a «seguir gobernando» porque «ni tira la toalla ni dejamos tirada a la gente», aunque sin aclarar si tiene previsto aprobar más decretos leyes hasta el 29 de noviembre. E hizo de candidato el resto del tiempo.

Salió a la sala de prensa con teleprónter y leyó un discurso que fue una especie de segunda parte de la declaración institucional con la que, un día antes, convocó a los españoles a las urnas. «Tengo la convicción de que, si la mayoría del Parlamento da la espalda a la ciudadanía, entonces la ciudadanía debe elegir un nuevo Parlamento», señaló. «No vamos a permitir que haya un desahucio más, ni lo que resta de legislatura ni la siguiente si los ciudadanos nos dan una mayoría más rotunda», prometió. «Este es el Gobierno de la gente». «La disyuntiva es si defendemos el interés de la mayoría o cedemos a algunos pocos», añadió. «El 29 de noviembre decidirán sobre el rumbo que quieren darle a su país», cerró.

En la ronda de preguntas, el presidente se las ingenió para meter en sus respuestas el ático adquirido por la Comunidad de Madrid, las dudas en torno al voto por correo expresadas por Isabel Díaz Ayuso, la viabilidad del sistema de pensiones, cuestionada por Vox, y la «judicialización» de la política por parte del PP y de Vox, después de que el PP solicitase este martes a la Audiencia Nacional la imputación del PSOE en el caso Leire por cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal.

Cuando un periodista le preguntó si se sentía responsable del problema de la vivienda después de ocho gobernando, Sánchez echó las culpas al PP: «Este Gobierno ha hecho mucho durante los últimos ocho años por la vivienda. Hemos aprobado la primera ley estatal de vivienda. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que hay una amplísima mayoría de gobiernos autonómicos del PP con Vox que se niegan a aplicar esa ley en sus territorios. Y tampoco aquellos territorios que solicitan aplicar esa ley cuentan con el beneplácito del gobierno autonómico», afirmó. Y también aseguró que su Ejecutivo ha impulsado la construcción de «cientos de miles de viviendas de protección oficial».

El presidente defendió las bondades de la ley de amnistía el día en que el Tribunal Constitucional ha dado carta blanca a la vuelta de Carles Puigdemont, al considerar que los delitos de malversación cometidos por los cabecillas del procés también son amnistiables. No obstante, dejó claro que ya no está en su mente reunirse con el líder de Junts. «Estamos en tiempo electoral», argumentó. «No contemplo reunirme ni con un político ni con otro».

Sánchez no quiso opinar sobre la situación de la extrema izquierda, que aún no sabe en cuántas candidaturas concurrirá ni tiene candidato. «Soy dirigente de otra organización política, no puedo opinar». Tampoco aclaró si va a ir a Ceuta antes de las elecciones. «Lo hablaré con el comité de campaña y lo veremos», se limitó a responder. Y sobre la huelga general convocada por UGT y Comisiones Obreras para noviembre, antes del inicio oficial de la campaña, señaló: «Es un derecho constitucional, no podemos hacer otra cosa que respetarlo», se zafó.