El cerco judicial de la legislatura: de Begoña Gómez a Zapatero pasando por Ábalos, el fiscal general y su hermano, David Sánchez
El fracaso en el Congreso al no conseguir convalidar los decretos de vivienda ha sido el detonante para esta convocatoria electoral; importante decisión que antes no consiguieron otras circunstancias, como todos los casos judiciales, ya sea sobre miembros de su familia o del PSOE, que le llevan cercando desde hace años.
El caso de su mujer, Begoña Gómez, que se tendrá que sentar ante un jurado popular aún sin fecha decidida; los procesos abiertos en la Audiencia Nacional sobre la corrupción del Partido Socialista, ya sea el que afecta al expresidente Rodríguez Zapatero, como el de la fontanera Leire Díez o los del Supremo en torno a sus exsecretarios de organización: José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
Y David Sánchez. El primer disgusto judicial que recibía el presidente al conocer que su hermano, el músico, era condenado a nueve años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por un delito de prevaricación.
SU MUJER, ANTE UN JURADO POPULAR
Sin duda, el caso que más le afecta es el de su esposa Begoña Gómez, investigada en los últimos años por el juez Juan Carlos Peinado que tras la instrucción la acusa de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Ahora será un jurado popular el que decida si es culpable o inocente. Aún no ha fecha para el juicio.
La imputación de su mujer le ha desestabilizado desde el primer momento. De tal manera que le llevó a tomarse cinco días de reflexión para decidir si seguía adelante o si lo dejaba todo atrás.
Posibilidad que sacó a la calle a cientos de afiliados y simpatizantes socialistas movilizados desde la sede de Ferraz, pidiendo a Sánchez que no se fuera.
Cinco días después, decidía que le merecía la pena seguir habitando en el Palacio de la Moncloa.
La condena a nueve años de su hermano
El pasado 14 de julio conocíamos la condena de 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación al hermano (el hermanísimo, le conocían en Extremadura) del presidente, David Sánchez. La Audiencia de Badajoz condenaba también a 18 años de inhabilitación al exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo. Una sentencia que demostraba que nadie, absolutamente nadie, puede sustraerse al imperio de la ley.
Condena que llevó al presidente del Ejecutivo a repetir en más de alguna ocasión que «mi hermano y mi mujer son inocentes». Defensa que llevó a hacer hasta en la sede de la Representación Permanente de España en ONU.
Las cloacas del PSOE
Ambos casos, el de su mujer y su hermano, están ligados con el de la fontanera Leire Díez. Lo último de esta trama nos lleva a la juez Beatriz Biedma, instructora del caso de David Sánchez. La magistrada sufrió «injerencias externas» y «posibles presiones» para que dejara la instrucción.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido que la también magistrada, pueda estar en el caso como acusación particular. Beatriz Biedma ha aportado ya 90 vídeos.
Pero en su instrucción, el juez Pedraz investiga a la exmilitante socialista Leire Díez y al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por intentar desestabilizar todas las causas judiciales que salpicaban y salpican al partido y al Gobierno de Pedro Sánchez.
o un doble plan urdido para boicotear esas investigaciones: por un lado, contactando con personas que pudieran facilitar información comprometedora sobre agentes, jueces y fiscales que participaban en las pesquisas, para “erosionar su “credibilidad”; y, por otro, investigaciones dentro de la Guardia Civil para dañar la imagen de la Unidad Central Operativa (UCO) y, en especial, del teniente coronel Balas.
Caso mascarillas: ábalos y koldo en soto del real
Primer gran escándalo judicial de la etapa Sánchez que ha llevado a la cárcel al otrora su gran amigo José Luis Ábalos, el ministro con más poder de la primera etapa de los gobiernos de Pedro Sánchez, que también controlaba los entresijos del Partido Socialista desde su secretaria de organización.
El Tribunal Supremo condenó al exministro de Transportes a 24 años de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 y al empresario Víctor de Aldama a cuatro y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.
Durante el juicio, tanto Ábalos como su exasesor se declararon inocentes de los hechos de los que se les acusaba y pidieron su absolución, mientras que Aldama reconoció haber participado en los delitos de cohecho pasivo, organización criminal y aprovechamiento de información privilegiada.
Plus Ultra, joyas y un expresidente sin problemas
Del Supremo de nuevo a la Audiencia Nacional, al juzgado del juez José Luis Calama que instruye el caso Plus Ultra. Investigación que le ha llevado a imputar en el caso al expresidente Rodríguez Zapatero, a sus hijas, a su secretaria Gertru y a su amigo y socio Julio Martínez.
El magistrado intenta aclarar qué ocurrió en el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia: qué presuntas irregularidades se cometieron, el tráfico de influencias y el blanqueo de capitales. Rescate aprobado en 2021 por el Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con cargo al fondo de apoyo a empresas estratégicas afectadas por la pandemia.
El juez Calama sitúa al expresidente Zapatero como presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» con un fin claro, «obtener beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra».
Y si estaban poco claras las cosas, aparecen objetos, joyas de alto valor económico, que hasta el momento tienen un origen confuso porque Rodríguez Zapatero no está dispuesto a aclarar por qué estas alhajas estaban en la caja fuerte de su despacho en la calle Ferraz.
EL FISCAL GENERAL, INHABILITADO
Pedro Sánchez se jacta de ser el presidente de las primeras veces. Y dentro de esa categoría se puede encuadrar la condena al que fuera su fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. (¿De quién depende la Fiscalía?).
Álvaro García Ortiz, pese a la defensa de Sánchez, fue condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos tras difundir información confidencial sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
García Ortiz fue el primer fiscal general que se sentaba en un banquillo de los acusados, convirtiendo su juicio en un juicio histórico.
