Pedro Sánchez ha pulsado el botón. El presidente del Gobierno ha anunciado este lunes el adelanto de las elecciones generales y ha puesto fecha al final de una legislatura que se había quedado sin una mayoría parlamentaria capaz de acompañar al Ejecutivo. Los españoles tienen una cita con las urnas el próximo 29 de noviembre en plena sacudida de la crisis de la vivienda, la de Ceuta y los casos de corrupción que salpican al PSOE y al Gobierno.

Sánchez ha comunicado personalmente su decisión a las 9.00 horas desde el Palacio de la Moncloa, después de un fin de semana de consultas y apenas tres días después de que el Congreso tumbara los dos reales decretos de vivienda que el Gobierno había convertido en una de sus principales apuestas. El presidente disolverá las Cortes este lunes en un Consejo de Ministros extraordinario tras informar al Rey.

El presidente ha terminado asumiendo el diagnóstico que durante todo el fin de semana se ha extendido por el corazón del Gobierno: la mayoría parlamentaria con la que había pretendido llegar hasta el final de la legislatura ya no le permite desarrollar un proyecto político.

«Para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente», ha explicado antes de anunciar las elecciones. El presidente ha defendido la necesidad de que las urnas proporcionen al Gobierno «una mayoría mucho más amplia, progresista» con la que «doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España». Sánchez no ha presentado la convocatoria únicamente como consecuencia de la derrota de los decretos de vivienda: considera que necesita otra mayoría.

«Sé que en parte de la mayoría social de este país hay indignación. Sé que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer algunas de las cosas que nos habíamos propuesto. Quedan problemas que resolver. Por eso, para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Debemos movilizarnos y lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría socialista y progresista más amplia. Por eso, tras informar al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros extraordinario, y celebrar elecciones generales el próximo 29 de noviembre», ha afirmado el líder socialista.

«Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y las españolas decidáis qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país», ha afirmado. «Ahora depende de vosotros y vosotras». El presidente ha dedicado buena parte de su declaración a justificar la convocatoria con una dureza extraordinaria contra sus adversarios.

Sánchez ha descrito una legislatura en la que su Gobierno ha tenido que desenvolverse en un Congreso «muy bronco», donde, a su juicio, «muchos confunden “pactar” con “renunciar” y “bloquear” con “vencer”». También ha denunciado la existencia de «élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones pero que quieren seguir controlando nuestro país».

El jefe del Ejecutivo ha acusado a sus adversarios de ser «la peor oposición que ha conocido nuestra democracia» y les ha reprochado «cuestionar la legitimidad» del sistema electoral, bloquear medidas y utilizar su poder autonómico para «boicotear políticas buenas para la gente de a pie».

El presidente ha construido un relato en el que el adelanto electoral no responde a que considere agotado su proyecto, sino precisamente a lo contrario: sostiene que necesita una nueva mayoría para profundizar en él. También ha introducido una dosis de autocrítica. «Sé que en parte de esa mayoría social hoy hay insatisfacción», ha reconocido. Y ha admitido que el Ejecutivo ha cometido «errores» y no ha conseguido hacer «todo lo que nos habíamos propuesto».

Sánchez ha identificado tres grandes asuntos pendientes tras ocho años al frente del Ejecutivo: la desigualdad, los servicios públicos y, especialmente, el acceso a la vivienda.

El adelanto correspondía exclusivamente al presidente, pero no la ha decidido solo. Durante las últimas 72 horas, Sánchez ha escuchado a ministros, dirigentes socialistas y miembros de su círculo más próximo. Y la posición que ha terminado imponiéndose dentro del Ejecutivo es la misma que fuentes gubernamentales trasladaron inmediatamente después de la derrota parlamentaria: había llegado el momento de votar. «La suerte está echada», resumía entonces una fuente del núcleo duro presidencial.

La mayoría de los ministros había recomendado al jefe del Ejecutivo aprovechar la «ventana de oportunidad» abierta por la caída de los decretos y recuperar la iniciativa mediante una convocatoria electoral. Sánchez ha terminado haciendo suyo ese diagnóstico.

La derrota del viernes ha sido el detonante, pero no la única razón. El problema que Moncloa ha discutido durante todo el fin de semana ha sido mucho más profundo: si todavía existían condiciones políticas para continuar gobernando.

La legislatura había entrado en una fase de enorme dificultad. La mayoría de la investidura se había convertido en una suma cada vez más complicada de reconstruir y Junts había demostrado nuevamente su capacidad para decidir la suerte de las principales iniciativas del Gobierno.

La caída simultánea de los dos decretos de vivienda terminó de convencer a una parte importante del Ejecutivo de que prolongar la legislatura podía convertir cada votación en una nueva prueba de supervivencia. Sánchez ha decidido no esperar, además, al avance del resto de causas judiciales y políticas que afronta el PSOE.Y él mismo.