Estanislao de Kostka (Foto: La Voz de Galicia)

AR.- En medio dee un intenso debate sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas, el abogado, sociólogo y politólogo Estanislao de Kostka, jefe también de la asesoría jurídica de este medio, analiza en esta entrevista los límites del poder, el papel de los contrapoderes y la importancia de la rendición de cuentas en una democracia.

De Kostka parte de una premisa: que un Gobierno gobierne no es, en sí mismo, motivo de preocupación, puesto que para ello ha recibido la legitimidad de una investidura. La cuestión, sostiene, aparece cuando el ejercicio del poder comienza a entrar en tensión con los mecanismos de control institucional, con los límites establecidos y con la obligación de explicar y justificar las decisiones adoptadas.

A su juicio, el debate va más allá del estilo de un determinado Gobierno. De Kostka advierte sobre una posible transformación de determinadas reglas no escritas de la democracia española: la identificación entre lo jurídicamente posible y lo políticamente legítimo, la consideración de la crítica como una mera maniobra partidista o la interpretación de las investigaciones incómodas como formas de persecución.

En esta conversación aborda también el papel de los acuerdos políticos, la relación entre legitimidad parlamentaria y límites institucionales y una cuestión de fondo: qué mecanismos deben garantizar que el poder siga estando sometido a controles también durante el periodo que transcurre entre unas elecciones y las siguientes.

¿El Gobierno está normalizando prácticas que hace unos años habrían provocado una crisis política inmediata?

Sí. Se ha normalizado una política de resistencia permanente: resistir ante el desgaste, ante la pérdida de apoyos, ante la crítica institucional, ante las investigaciones, ante la evidencia de contradicciones y ante el deterioro de la confianza pública. No sostengo que toda actuación discutida sea ilegal, ni que toda investigación determine culpabilidad. Sostengo que una democracia sana exige estándares políticos más altos que el mínimo penal.

Antes, determinadas contradicciones entre lo prometido y lo ejecutado habrían generado dimisiones, elecciones anticipadas, comparecencias exhaustivas o un deterioro político irreversible. Hoy se pretende resolver casi todo con una campaña de comunicación, una descalificación al adversario o un argumento de bloque: “si no gobiernan ellos, gobiernan los otros”. Ese es un umbral peligrosamente bajo para exigir responsabilidad.

¿Dónde situaría la frontera entre una legítima estrategia parlamentaria y el uso partidista de las instituciones?

La estrategia parlamentaria es legítima cuando negocia políticas dentro de los límites constitucionales y con vocación de interés general. Se convierte en uso partidista de las instituciones cuando el Estado deja de ser un marco común y pasa a funcionar como una pieza de supervivencia de un Gobierno.

La frontera se cruza cuando se modifican decisiones esenciales no porque el país lo necesite, sino porque una investidura lo exige; cuando se pretende desacreditar a un juez porque investiga; cuando se considera enemigo a un medio porque pregunta; cuando se convierte el aparato público en una maquinaria de relato; o cuando se confunde la defensa del Ejecutivo con la defensa de España.

Un Gobierno puede negociar. Lo que no debe hacer es negociar la igualdad ante la ley, la credibilidad de las instituciones o la independencia de los poderes del Estado.

¿Los pactos con el independentismo están integrando a Cataluña en España o están modificando las reglas del Estado para mantener una mayoría parlamentaria?

La integración de Cataluña requiere convivencia, respeto a la legalidad, igualdad de derechos y deberes, cooperación institucional y un proyecto nacional compartido. No se consigue mediante privilegios políticos negociados, bajo la presión de una aritmética parlamentaria.

El problema no es dialogar con partidos independentistas: en democracia se debe dialogar con todos los representantes elegidos. El problema aparece cuando el precio de ese diálogo consiste en adaptar las reglas comunes a las exigencias de quienes han convertido la ruptura con el Estado en su razón de ser política. Una cosa es buscar la convivencia; otra, trasladar la idea de que la ley se puede rediseñar para quien tenga suficiente capacidad de bloqueo.

¿Existe algún límite constitucional que el Gobierno no debería poder cruzar aunque tenga suficientes votos en el Congreso?

Por supuesto. La mayoría no puede convertir en legítimo cualquier objetivo. Hay límites materiales y democráticos: la separación de poderes, la igualdad ante la ley, la tutela judicial efectiva, la independencia de jueces y fiscales, la libertad de expresión, el pluralismo político, el respeto a las minorías y la prohibición de que el Estado se convierta en patrimonio de una facción.

El Congreso representa la soberanía popular, pero no está por encima de la Constitución. Precisamente porque las mayorías cambian, existen reglas que protegen a todos frente al poder del momento. Si una mayoría puede hacerlo todo, entonces ya no hay un Estado constitucional: hay una democracia reducida a fuerza numérica.

Cuando aparecen investigaciones que afectan al entorno de un presidente, ¿qué diferencia hay entre responsabilidad penal, responsabilidad política y responsabilidad moral?

La responsabilidad penal exige pruebas, garantías procesales, contradicción y una resolución judicial firme. Nadie debe ser condenado en el espacio público antes de serlo, si procede, en un tribunal. La presunción de inocencia es un principio irrenunciable.

Pero la responsabilidad política no espera necesariamente a una sentencia. Exige explicaciones claras, transparencia, separación de funciones cuando exista un conflicto de interés, comparecencias y, en determinados casos, dimisiones. La responsabilidad moral es aún más amplia: afecta a la credibilidad, a la coherencia y al deber de ejemplaridad de quienes ocupan las más altas responsabilidades del Estado.

Confundir estas tres categorías es una forma de eludir las dos últimas. No todo lo políticamente intolerable es un delito; y no todo lo penalmente no acreditado resulta políticamente aceptable.

¿La presunción de inocencia se está utilizando a veces como argumento para evitar cualquier responsabilidad política?

Con demasiada frecuencia. La presunción de inocencia protege frente a una condena penal anticipada; no es una licencia para negar explicaciones, no comparecer, bloquear controles o fingir que una investigación relevante no plantea ningún problema político.

Un responsable público puede afirmar correctamente que nadie es culpable sin sentencia y, al mismo tiempo, asumir que la ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió, qué decisiones se adoptaron, qué vínculos existían y qué controles fallaron. Quien invoca la presunción de inocencia para blindarse de toda responsabilidad política está degradando precisamente el principio que dice defender.

¿Qué tendría que ocurrir para que Sánchez asumiera personalmente una responsabilidad política por actuaciones de personas de su entorno?

Esa es una pregunta que debería responder el propio presidente con un estándar claro y público. Porque hasta ahora la sensación es que el umbral se desplaza continuamente: primero se pide esperar a la investigación, después a la instrucción, después al juicio y finalmente a una sentencia firme. Y mientras tanto, la responsabilidad política desaparece.

El presidente no responde penalmente por los actos de terceros salvo que se acrediten los presupuestos jurídicos exigibles. Pero sí responde políticamente por su criterio de selección, por la supervisión de su entorno, por los mecanismos de control de su Gobierno, por la transparencia de las relaciones institucionales y por la respuesta que ofrece cuando surgen hechos graves o indicios preocupantes.

¿Por qué en España parece haber una tolerancia tan diferente hacia los casos de corrupción dependiendo de quién gobierne?

Porque buena parte de la política ha sustituido la ética pública por la tribalización. Muchos ciudadanos y dirigentes ya no preguntan primero “¿qué ha ocurrido?”, sino “¿a quién beneficia que se conozca?”. Si afecta al adversario, exigen dimisiones inmediatas; si afecta a los propios, exigen prudencia infinita.

Ese doble rasero es devastador. La corrupción no cambia de naturaleza según el partido al que perjudique. La exigencia debe ser idéntica: investigación independiente, publicidad de los hechos acreditados, responsabilidades penales cuando proceda y responsabilidades políticas cuando el interés público lo requiera.

¿Estamos asistiendo a una competición partidista por minimizar los casos propios y maximizar los del adversario?

Sí, y es una de las patologías más graves de nuestra vida pública. Pero reconocerla no obliga a aceptar una falsa equivalencia permanente. Que todos los partidos puedan incurrir en tácticas de defensa corporativa no convierte todos los casos en iguales ni exonera al Gobierno de turno de su deber reforzado de transparencia.

La ciudadanía debe exigir a todos el mismo estándar: ni impunidad para los propios ni utilización partidista de la justicia contra los ajenos. La respuesta adecuada no es “y tú más”, sino “que se investigue todo y que responda quien tenga que responder”.

¿El sanchismo es realmente una ideología o es, sobre todo, una forma de ejercer el poder?

El sanchismo parece, sobre todo, una forma de ejercer el poder: concentración del relato, personalización extrema de la política, adaptación constante de posiciones a la necesidad de conservar la mayoría, utilización de la polarización como mecanismo de cohesión interna y presentación de cualquier crítica como una amenaza existencial.

No es una ideología coherente en el sentido clásico. Es una lógica de poder: primero permanecer; después justificar. Por eso puede defender hoy lo contrario de lo sostenido ayer si el nuevo posicionamiento permite conservar la investidura, aislar al adversario o mantener la centralidad mediática.

¿Existe un “sanchismo” sin Sánchez o desaparecería con él?

Hay elementos que podrían sobrevivir: la política de bloques, la degradación de los consensos, la tentación de gobernar por relato y la subordinación de la organización partidaria a una dirección presidencialista. Pero el sanchismo, como fenómeno político, está construido alrededor de Pedro Sánchez: de su capacidad de resistencia, de su control del partido y de su identificación personal con el proyecto.

Sin Sánchez, probablemente quedaría un PSOE profundamente transformado, pero difícilmente un sanchismo idéntico. Porque no se trata solo de una orientación política; se trata de una estructura de poder muy personalizada.

¿Ha cambiado Sánchez al PSOE o ha cambiado el PSOE a Sánchez?

Han ocurrido ambas cosas, pero la dirección principal ha sido de Sánchez hacia el PSOE. El partido ha pasado de ser una organización con corrientes, contrapesos internos, referentes territoriales y una cultura institucional reconocible a estar mucho más centralizado alrededor de la autoridad del secretario general.

El PSOE no ha dejado de tener historia, cuadros y sensibilidad socialdemócrata. Pero su autonomía interna parece hoy notablemente menor. Y cuando un partido de gobierno pierde capacidad de deliberación real, también pierde capacidad de corregir los errores de quien lo dirige.

¿La polarización actual beneficia deliberadamente a los dos grandes bloques políticos?

La polarización beneficia a quienes desean que el ciudadano vote por miedo y no por evaluación. Si el debate se convierte en “ellos o nosotros”, desaparecen las preguntas incómodas sobre gestión, corrupción, eficacia, coherencia, vivienda, servicios públicos, productividad, justicia o calidad institucional.

El Gobierno ha explotado de manera especialmente intensa esa lógica al presentar una parte muy amplia de la crítica como un frente reaccionario, antidemocrático o desestabilizador. Pero la oposición también debe evitar caer en el error simétrico de convertir toda medida del Ejecutivo en una amenaza terminal. Una democracia necesita oposición firme, no una política instalada en la alarma permanente.

¿Hasta qué punto la estrategia de confrontación con la derecha ha terminado condicionando la política del Gobierno?

La ha condicionado profundamente. En demasiadas ocasiones, el objetivo no parece ser convencer a una mayoría social amplia, sino mantener cohesionada una mayoría parlamentaria y electoral mediante el rechazo al adversario. Cuando el antagonismo se convierte en la principal fuente de legitimación, la gestión pasa a segundo plano.

La derecha no debe quedar exenta de escrutinio, pero el Gobierno no puede construir toda su justificación en que la alternativa es peor. Gobernar exige responder por lo que uno hace, no solo por lo que denuncia que harían los demás.

¿Hasta qué punto el Gobierno ha conseguido imponer su relato político frente a los hechos?

Ha conseguido condicionar el marco del debate en numerosas ocasiones: transformar una crítica institucional en “lawfare”, una discrepancia política en “ultraderecha”, una pregunta incómoda en una campaña de acoso y un problema de gestión en una batalla moral contra el adversario.

Sin embargo, el relato no puede sustituir indefinidamente a los hechos. La economía cotidiana, la calidad de los servicios, la confianza en la justicia, la transparencia institucional y la percepción de igualdad ante la ley terminan imponiéndose. La propaganda puede retrasar el coste político, pero no elimina la realidad.

¿Existe una presión política sobre los medios de comunicación españoles que pueda calificarse de estructural?

Debe hablarse con precisión. España cuenta con pluralidad de medios, profesionales independientes y garantías constitucionales de libertad de expresión. No sería riguroso afirmar que toda la prensa está sometida al Gobierno.

Ahora bien, sí existen motivos de preocupación cuando se normaliza la descalificación sistemática de medios críticos, cuando se utilizan etiquetas para desacreditar a periodistas sin responder al fondo de sus informaciones, cuando la publicidad institucional carece de suficiente transparencia o cuando se cuestiona la independencia editorial de los medios públicos. La Comisión Europea ha destacado la importancia de reforzar la independencia y la financiación de los medios públicos, así como la equidad y transparencia en la publicidad estatal; además, se han recogido preocupaciones sobre interferencia política y riesgos para la independencia editorial de RTVE.

¿La batalla por el relato se ha convertido en una parte más importante de la política que la propia gestión?

En demasiados momentos, sí. El Gobierno parece haber entendido que, en la era digital, controlar la interpretación de los hechos puede resultar más rentable que corregirlos. Pero una democracia no puede reducirse a una sucesión de mensajes, vídeos, campañas y marcos narrativos.

Gestionar consiste en resolver problemas y aceptar evaluación. Comunicar es explicar las decisiones. Propaganda es utilizar los recursos, el lenguaje y la posición de poder para impedir que el ciudadano vea con claridad los costes, contradicciones o alternativas de esas decisiones.

¿Dónde termina la comunicación política y comienza la propaganda?

La comunicación política explica medidas verificables, reconoce límites, ofrece datos contrastables y admite preguntas. La propaganda selecciona solo los datos favorables, oculta el contexto, deshumaniza al adversario, utiliza el miedo como herramienta y convierte la crítica en una amenaza.

La diferencia esencial es sencilla: la comunicación pretende informar para que el ciudadano decida; la propaganda pretende condicionar para que el ciudadano no cuestione.

¿Los ciudadanos reciben hoy información suficiente para distinguir entre hechos, opinión y propaganda partidista?

Tienen más información que nunca, pero no necesariamente mejor información. El problema ya no es únicamente el acceso: es la saturación, la aceleración, la fragmentación y la confusión entre información, opinión, activismo, propaganda y desinformación.

Por eso la responsabilidad de los periodistas, de las instituciones y de los ciudadanos es enorme. Hay que exigir fuentes, distinguir entre una investigación y una consigna, leer más allá del titular, no compartir afirmaciones sin verificar y no convertir la afinidad ideológica en un sustituto de la verdad.

Si Sánchez abandonara mañana la política, ¿qué parte de su legado cree que permanecería y qué parte desaparecería con él?

Permanecerían una política más polarizada, un PSOE más presidencializado, una mayor normalización de los pactos de investidura con fuerzas que cuestionan el marco constitucional y un precedente inquietante: que determinadas decisiones estructurales pueden adoptarse al calor de una necesidad parlamentaria inmediata.

Desaparecería, o al menos se debilitaría, la parte más personalista: la capacidad de convertir cada crisis en una cuestión de supervivencia individual, de ocupar el centro de la escena y de hacer de la propia continuidad el eje del debate político.

¿Qué argumento del sanchismo considera más difícil de desmontar y cuál considera más fácil de desmontar?

El más difícil de desmontar es que España necesita diálogo y que una democracia no puede resolver conflictos territoriales, sociales o parlamentarios mediante el bloqueo permanente. Eso es cierto: la convivencia exige hablar y negociar.

El más fácil de desmontar es la idea de que toda decisión adoptada en nombre del diálogo es automáticamente progresista, democrática o beneficiosa para España. El diálogo no legitima cualquier concesión. Negociar no es abdicar de los principios constitucionales ni convertir la igualdad entre españoles en un elemento disponible de una transacción política.

¿Qué tendría que suceder para que usted dijera: “esto ya no es una discrepancia política, sino un problema institucional”?

Lo diría cuando se acreditase un intento de impedir o condicionar de forma efectiva la actuación independiente de jueces, fiscales, medios, organismos de control o Administración electoral; cuando se utilizasen las instituciones del Estado para proteger intereses particulares; cuando se modificasen las reglas electorales o los derechos fundamentales para blindar a quienes gobiernan; o cuando la discrepancia política se castigase mediante mecanismos de poder público.

Mi tesis es que España no está condenada a ese escenario y que conserva instituciones, profesionales y una sociedad civil capaces de resistir cualquier deriva. Pero precisamente por eso no debemos esperar a que sea demasiado tarde para exigir controles, transparencia y respeto por los límites.

¿Hay alguna decisión de Sánchez que usted considere jurídicamente defendible pero políticamente muy difícil de justificar? ¿Y al revés?

Puede haber decisiones jurídicamente defendibles que sean políticamente muy difíciles de justificar si se adoptan sin consenso suficiente, sin explicación convincente o con la apariencia de responder prioritariamente a una necesidad de supervivencia parlamentaria. La amnistía y determinadas cesiones en la negociación territorial han planteado, precisamente, ese debate político e institucional.

A la inversa, puede haber decisiones políticamente populares o comprensibles que no sean jurídicamente admisibles. Ese es el sentido del Estado de derecho: impedir que la popularidad, la urgencia o la conveniencia permitan saltarse garantías constitucionales. La política democrática debe aceptar que no todo lo deseable para una parte es legalmente posible para el Estado.

¿Estamos ante una crisis de la democracia española o ante una crisis de confianza en sus instituciones?

Estamos, ante todo, ante una crisis grave de confianza institucional, que puede convertirse en una crisis de calidad democrática si no se corrige. España sigue contando con Constitución, elecciones competitivas, jueces independientes, medios plurales, sociedad civil y mecanismos de control. Sería irresponsable afirmar que todo está destruido.

Pero sería igual de irresponsable negar las señales de alarma: la polarización, el deterioro del debate público, la desconfianza en la política, las dudas sobre la independencia de órganos esenciales, la insuficiencia de algunas reformas anticorrupción y los riesgos vinculados al pluralismo de los medios. La propia evaluación europea ha señalado que España debe avanzar en independencia judicial, lucha contra la corrupción, transparencia y salvaguardas para los medios públicos.

¿Qué parte de las críticas contra Sánchez están sustentadas en hechos y qué parte responde simplemente a una estrategia de oposición?

Hay críticas sólidamente sustentadas: las contradicciones entre posiciones previas y decisiones posteriores; el debate sobre la amnistía y los pactos de investidura; las advertencias sobre reformas pendientes en justicia, anticorrupción y medios; la utilización política del relato; y la necesidad de transparencia reforzada ante cualquier asunto que afecte al entorno del poder.

También existe oposición interesada, exageración, ruido y, en ocasiones, una voluntad de convertir cualquier actuación del Ejecutivo en una prueba definitiva de deslegitimación. Eso debe rechazarse. La crítica democrática pierde fuerza cuando abandona los hechos, cuando anticipa culpabilidades o cuando utiliza el mismo desprecio institucional que reprocha al Gobierno.

La oposición más eficaz no es la que grita más: es la que documenta, propone, fiscaliza y sostiene un estándar más alto que el que denuncia.

¿Qué crítica contra el Gobierno considera legítima pero insuficientemente fundamentada?

Es legítimo preocuparse por la concentración de poder, la politización del debate público y la relación entre supervivencia parlamentaria y decisiones institucionales. Pero no basta con repetir que existe una “dictadura” o que España ha dejado de ser una democracia. Esas afirmaciones no se corresponden con la realidad constitucional y, además, trivializan las dictaduras reales.

La crítica debe ser más precisa: no se trata de negar que existan elecciones o libertades; se trata de denunciar que se están debilitando estándares de responsabilidad, de respeto a los contrapesos, de transparencia y de lealtad institucional. Esa formulación es más exacta y, por tanto, más difícil de refutar.

Si tuviera que señalar una sola cuestión que determinará el futuro político de España en los próximos años, ¿cuál sería?

La cuestión decisiva será si España recupera la idea de que las instituciones pertenecen a todos y no al Gobierno de turno. Si recuperamos el respeto por la separación de poderes, la exigencia de responsabilidad política, la igualdad ante la ley y la cultura del acuerdo constitucional, el país saldrá fortalecido.

Si, en cambio, se consolida la idea de que todo vale para conservar el poder, que las reglas se adaptan al socio imprescindible y que cualquier crítica debe ser desacreditada, España entrará en una etapa de deterioro institucional difícil de reparar.

Y una última idea: los españoles no pueden limitarse a lamentarse. La democracia exige ciudadanos activos, informados y exigentes. Si se restringiera ilegítimamente el derecho a votar, la respuesta cívica debe ser la defensa constitucional de los derechos, la organización social, la denuncia ante los tribunales y la movilización pública pacífica. El artículo 21 de la Constitución reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas; las manifestaciones en la vía pública no requieren autorización previa, aunque sí comunicación a la autoridad, que solo puede prohibirlas por razones fundadas de orden público con peligro para personas o bienes. Manifestarse pacíficamente, incluso de manera continuada, es un derecho democrático; la violencia, la coacción y el ataque a las instituciones nunca lo son.