La jueza María Tardón ha admitido que el Estado sea acusación particular en la causa en la que investiga la entrada masiva irregular de personas migrantes a Ceuta de finales de julio, dada su condición de “perjudicado” ante unos hechos que pueden suponer un “ataque” a la soberanía nacional.

La magistrada de la Audiencia Nacional ha aceptado la solicitud de la Abogacía del Estado de personarse en esta investigación, según un auto dictado este jueves en el que admite que no solo la ciudad autónoma de Ceuta y sus habitantes pudieron ser “víctima directa e inmediata” de lo sucedido, sino también el “propio reino de España”.

Según la jueza, las “conductas delictivas derivadas de la entrada masiva irregular” pudieron “integrar un ataque (…) a la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad del Estado, su integridad territorial, la defensa nacional, la seguridad exterior y la estabilidad de nuestro Estado de Derecho”.

La magistrada acordó esta semana abrir una causa al considerar que hubo una “conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país”.