Jóvenes marroquíes miran la frontera con Argelia, en Uxda.

Óscar Bermán Boldú.- Imaginemos por un momento un escenario similar al de Ceuta pero con distintos protagonistas. Imaginemos que aquellas 80.000 personas procedentes de Marruecos que entraron ilegalmente en Ceuta hubieran decidido no dirigirse hacia territorio español, sino intentar cruzar la frontera de Argelia.

No hace falta demasiado esfuerzo para imaginar que la respuesta habría sido radicalmente distinta.

Ochenta mil personas avanzando hacia una frontera soberana no serían contempladas en Argelia como una simple cuestión humanitaria. Serían percibidas como una crisis de seguridad nacional en toda regla, un desafío a la integridad territorial y una situación susceptible de desbordar cualquier dispositivo fronterizo.

La frontera se habría convertido en un escenario de máxima tensión. Carreteras bloqueadas, unidades de seguridad desplegadas, pasos fronterizos clausurados y una movilización extraordinaria de las autoridades. Miles de personas violando una frontera internacional habrían generado una situación potencialmente caótica: enfrentamientos, estampidas, muertos, heridos y una presión creciente de la opinión pública argelina sobre sus fuerzas de seguridad eexigiéndoles el empleo de la fuerza para impedir una entrada masiva e irregular.

¿Qué habría ocurrido entonces cuando las autoridades argelinas hubieran impedido el paso?

Probablemente, Argelia habría invocado algo tan elemental como el derecho de cualquier Estado a controlar sus fronteras y decidir quién entra en su territorio.

Habría dicho que una frontera no deja de ser frontera porque quienes intentan atravesarla tengan necesidades económicas, familiares o humanitarias. Habría defendido que la inmigración irregular masiva no puede convertirse en un mecanismo para imponer de facto quién entra en un país.

Traslademos ahora la escena a España.

¿Qué habrían dicho determinados sectores de la izquierda española si Argelia hubiera actuado con contundencia extrema para impedir el asalto masivo a la frontera de aquel país? ¿Habrían denunciado una política migratoria inhumana? ¿Habrían acusado a las autoridades argelinas de racismo? ¿Habrían utilizado la palabra islamofobia para describir la defensa de la frontera de un país de mayoría musulmana? ¿Habrían exigido que Argelia abriera sus fronteras sin condiciones? ¿O habrían entendido, de repente, que un Estado tiene derecho a controlar sus fronteras y que impedir una entrada ilegal masiva no convierte automáticamente a sus agentes en racistas?

La paradoja sería difícil de ignorar porque cuando España intenta controlar sus fronteras, determinados discursos presentan la cuestión exclusivamente como un problema de derechos humanos. Pero cuando imaginamos exactamente la misma situación ante una frontera argelina, china, india o dominicana, resulta mucho más fácil reconocer la dimensión territorial, política y de seguridad que también existe.

¿Por qué lo que se considera legítima defensa de la soberanía si lo hiciera Argelia o cualquier otro país celoso de su seguridad tendría que convertirse automáticamente en racismo cuando lo hace España?

Y la solidaridad, si quiere ser algo más que una palabra utilizada selectivamente, debería poder defenderse sin exigir que un solo país renuncie a ejercer el control sobre su propio territorio.

Quizá ese escenario imaginario sirva precisamente para desnudar una grave contradicción. Así, la pregunta definitiva no es qué habría hecho Argelia sino qué habría dicho la izquierda española si Argelia hubiese hecho exactamente lo que algunos pretenden que España no haga. O lo quee es lo mismo: ¿por qué lo que se considera legítima defensa de la soberanía cuando lo hace Argelia tendría que convertirse automáticamente en racismo cuando lo hace España?

¿Significa entonces para la mafia progresista que las fronteras españolas son menos legítimas que las argelinas o las de Corea del Norte?.

Tampoco los derechos humanos tienen una nacionalidad concreta. De hecho, la solidaridad, si quiere ser algo más que una palabra utilizada selectivamente, debería poder defenderse sin exigir que un solo país renuncie a ejercer el control sobre su propio territorio.

Quizá ese escenario imaginario sirva precisamente para desnudar las contradicciones morales de la izquierda.

En definitiva, la pregunta definitiva no es qué habría hecho Argelia sino lo que habría dicho la izquierda española si Argelia hubiese hecho exactamente lo que algunos pretenden que España no haga.

*Ex concejal en Palafolls (Barcelona) y ex dirigente del PP catalán