La Constitución Española no sirve para impedir que un sinvergüenza asuma el poder y se mantenga.

La Transición española, ese pacto fundacional que tantos celebraron como un triunfo de la sensatez y la moderación, ocultaba una fisura mortal: sus constituyentes, cegados por el miedo a un nuevo conflicto y por la urgencia de enterrar el pasado, diseñaron un sistema confiado en la decencia intrínseca de los gobernantes.

Nunca imaginaron que un corrupto sinvergüenza, ambicioso sin límites y carente de toda medida ética pudiera llegar a presidir el Gobierno.

Crearon instituciones frágiles, pensadas para tiempos de hombres de Estado, no para la degradación moral absoluta.

Hoy esa ingenuidad se paga cara: España contempla impotente cómo un gobernante sin escrúpulos erosiona día a día las bases mismas de la convivencia.

No existen en España mecanismos suficientes para desalojar a un corrupto sinvergüenza del poder.

La Constitución, con sus blindajes y sus equilibrios calculados, se revela inerme ante quien ha convertido el poder en un feudo personal.

Las mayorías parlamentarias precarias, las instituciones capturadas, los jueces acosados y una oposición fragmentada dibujan un callejón sin salida.

El gobernante degradado actúa como enemigo declarado de la democracia que dice defender, de la libertad que manipula y de la patria que fragmenta con saña.

Cada decisión, cada pacto indigno, cada mentira institucionalizada profundiza la herida.

Y los ciudadanos, atónitos, asisten a la lenta degradación de un país que creían consolidado.

Es un espectáculo triste y demoledor. La España que salió del franquismo con esperanza ve ahora cómo sus instituciones se pudren desde dentro, no por una fuerza externa, sino por la ambición ilimitada de quien debería servirla.

La desconfianza es generalizada, la división social se ha vuelto abismo y el respeto a la ley se ha convertido en un lujo para ingenuos.

Hemos llegado al punto donde la normalidad democrática parece un recuerdo lejano, sustituida por la impunidad calculada y el cinismo como método de gobierno.

Urge reformar la Constitución, y hacerlo con rapidez y profundidad. No para venganzas ni revanchismos, sino para blindar las instituciones contra los miserables que inevitablemente intentarán ocuparlas.

Se necesitan contrapesos reales, límites temporales efectivos, mecanismos de destitución por corrupción probada y una arquitectura que priorice la decencia y la rendición de cuentas sobre la perpetuación en el poder.

Porque si algo ha demostrado esta crisis es que una democracia sin defensas frente a sus peores depredadores está condenada a sucumbir.

España no puede permitirse seguir inerme frente a la posible llegada al poder de “otros Sanches” en el futuro.