La Universidad Complutense de Madrid (UCM) pide que, en el caso de que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y su asesora, Cristina Álvarez, sean condenadas por malversación, indemnicen a la institución académica con 113.509,32 euros de forma solidaria en concepto de responsabilidad civil.

La Complutense hace ese planteamiento en el escrito de conclusiones presentado ante el próximo juicio con jurado que se celebrará en la Audiencia de Madrid por tráfico de influencias y malversación y en el que cifra en esa cantidad el coste del desarrollo del ‘software’ en el seno de la Cátedra de Transformación Social y Competitiva que dirigía Gómez y que, según la instrucción judicial, habría sido destinado a fines privados.

La Universidad, que ejerce la acción civil como perjudicada, aspira además a que se le restituya la titularidad y control del ‘software’, “así como de cuantos elementos, soportes, dominios, accesos, credenciales, archivos, documentación técnica, códigos fuente, registros, marcas, derechos de explotación o cualesquiera otros activos materiales o inmateriales vinculados al mismo obren en poder de las personas que resulten condenadas”.

En su escrito, y a efectos civiles, el centro hace suyos los argumentos de la Audiencia Provincial de Madrid respecto a los indicios acerca de que Begoña Gómez, en su condición de codirectora de la cátedra y gestora de los recursos, habría “desviado el ‘software’ desarrollado con fondos y recursos públicos hacia su esfera de disposición exclusiva”, mientras que su asesora sería presuntamente colaboradora necesaria.