La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que la presunta trama de cloacas que supuestamente estuvo liderada por Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, para desactivar causas judiciales se activó con la misión de “proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación” al partido “y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente”.

Así consta en el sumario del caso, y en uno de los informes de la unidad investigadora se explica que la trama se habría conformado en 2024 y que fue Cerdán quien encargó a la exmilitante socialista Leire Díez ponerse al frente de la misma. De lo indagado hasta ahora, los agentes han constatado “la existencia de un grupo de personas que, durante un periodo de tiempo determinado comprendido entre los años 2024 y 2025, habría llevado a cabo un conjunto de actividades indiciariamente delictivas cuyo fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales”.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz situó la primera reunión de la supuesta trama en los días posteriores a la carta a la ciudadanía publicada por el presidente Pedro Sánchez en abril de 2024 en la que anunciaba que se tomaba cinco días de reflexión para decidir si seguía al frente del Gobierno. Todo ello una vez conocido que el juez Juan Carlos Peinado estaba investigando a su mujer, Begoña Gómez. La UCO coloca dicho encuentro, que se habría celebrado en la sede socialista de Ferraz, “al día siguiente o posterior a este” tras la publicación de la carta de Sánchez. La trama habría operado hasta mayo de 2025, poco antes de la imputación de Santos Cerdán por el caso Koldo y su entrada en prisión provisional.

En sus informes, la UCO expresa de diferentes maneras el objetivo fundamental de la presunta organización criminal. Así, explica que su “misión principal se constituye en la defensa del Gobierno y su partido político, el PSOE, siendo instrumentalizado este último con la ejecución de todas sus acciones, que consistirían, principalmente, en intentar atacar la integridad de todos los procedimientos con afectación al entorno del Gobierno”. También lo expone como el intento de “llevar a cabo actuaciones que incidiesen en la estabilidad de los procesos judiciales que afectaban a los intereses del Gobierno y del PSOE”. En palabras de la propia Leire Díez, “destruir” el procedimiento.

“Santos Cerdán y Leire Díez se constituirían como los dirigentes de la trama, el primero en un nivel superior y la segunda en un nivel ejecutivo, habiéndose sumado otras personas en función de las necesidades del grupo”, explica la UCO, que incluye en el ese grupo al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, el abogado Jacobo Teijelo, que representa a Cerdán, el empresario Javier Pérez Solset o el letrado Ismael Oliver, quien durante un tiempo ejerció la defensa de Koldo García.

Y para llevar a cabo toda la operativa, explica el informe de la UCO, Cerdán “habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura” del PSOE, que “desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística”, como viajes o alquiler de vehículos, de algunos de sus miembros.

La investigación policial llevó al juez Pedraz a ordenar el registro de la sede del PSOE en la calle Ferraz, así como los domicilios de algunos de los investigados como Cerdán y empresas como la dirigida por Zarrías, a la que se habrían canalizado pagos procedentes del partido para abonar a su vez distintas cantidades a miembros de la trama. El magistrado investiga posibles delitos de organización criminal, cohecho, prevaricación, falsedad en documento mercantil, revelación de secretos, tráfico de influencias e inducción al falso testimonio.

Para los investigadores, del estudio de cómo operó la presunta trama que habría liderado Cerdán en el año que estuvo activa resulta “paradigmático” que las actuaciones desarrolladas se iban “adecuando a las necesidades del momento”. Así, ponen de ejemplo el momento en que los sospechosos pusieron el foco en la jueza de Badajoz que abrió la causa por el presunto enchufe del hermano de Pedro Sánchez. En ese contexto, Leire Díez llegó a manifestar: “Mi prioridad en todo esto: el presidente”.

Aunque la presunta trama de cloacas no logró hacer caer causas judiciales sobre las que habría puesto el foco —como el caso Koldo, en el que se acaba de juzgar al exministro José Luis Ábalos—, la UCO destaca “la capacidad de cohecho e influencia” que desarrolló la organización. Por un lado, ofrecía presuntamente a determinadas personas investigadas la posibilidad de obtener un trato procesal más favorable, beneficios económicos o puestos de trabajo en el seno de la Administración pública, todo ello a cambio de facilitar información de carácter comprometedor relativa a terceros, especialmente a miembros de la judicatura, Fiscalía y de la Guardia Civil encargados de la instrucción de dichas causas que afectaban al partido”.

Por otra parte, también se habrían realizado “ofrecimientos de naturaleza económica a determinadas personas con el propósito de que cambiasen sus declaraciones en sede judicial, de manera favorable a los intereses protegidos, y/o diesen igualmente información comprometedora con respecto a determinadas personas”.